La primera vez que se puso la toga de abogado, Wenceslao Alonso le dijo al juez una frase redonda y con sustancia: “Señoría, la derrota se admite pero la injusticia hay que combatirla”. Alonso, funcionario del Ayuntamiento de Málaga, se representaba a sí mismo contra el Consistorio en un juicio en el que ponía en cuestión la forma en que éste cubre las jefaturas. “El sistema es: ”Me voy a granjear a la concejala de turno a ver si consigo que me dé una jefaturita“, explica Alonso: ”Es un sistema generalizado. Es enchufismo, trato de favor, desviación de poder, fraude“.
Los tribunales le han dado la razón en diez ocasiones, la última vez mediante sentencia de 2 noviembre de 2017: el Tribunal Superior de Justicia anula tres nombramientos y afea al Ayuntamiento que cubra determinadas plazas utilizando “mecanismos de designación aleatorios” y “al margen” de los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Esa resolución es la última de una larga serie de sentencias que, desde septiembre de 2015 y promovidas por Alonso, vienen dictando los tribunales: hay ocho sentencias de primera instancia ya firmes y dos del TSJA que dan la razón al funcionario frente al Ayuntamiento. El 18 de septiembre de 2015, los magistrados del TSJA concluyeron que el nombramiento de una jefa de negociado había vulnerado el principio constitucional de igualdad en el acceso a la función pública. El puesto había estado vacante durante dos años y cinco meses, hasta que el Ayuntamiento de Málaga decidió que había llegado el momento de cubrirlo por la vía de urgencia y en comisión de servicios, sin acudir a concurso de méritos. Nombró a una persona de confianza sin publicitar la vacante. Alonso aspiraba al puesto y decidió recurrir.
Funcionario desde hace 19 años, Alonso comenzó a estudiar Derecho por la UNED en 2006, levantándose a las 6 de la mañana, para ascender de categoría profesional. Terminó en 2011, y a partir de entonces empezó a enviar su currículum a la jefatura de personal cuando se enteraba de jubilaciones o vacantes próximas. La licenciatura no le ha servido, de momento, para ascender de categoría en el Ayuntamiento, pero sí para bregarse como abogado. Frustrado porque ni siquiera se convocasen las vacantes, se colegió, pidió la compatibilidad con su puesto y empezó a defenderse a sí mismo en los procedimientos judiciales, que inicia después de que su candidatura sea rechazada sin motivos.
Las resoluciones de los tribunales concluyen que el Ayuntamiento de Málaga usa la figura de la comisión de servicios (excepcional, temporal y para casos de urgencia) para cubrir jefaturas, esquivando así los principios constitucionales que previenen el enchufismo en la administración pública. La sentencia del 2 de noviembre, última de esta serie, advierte de “serias irregularidades” en el nombramiento de tres jefes de negociado y censura la falta de convocatoria pública y la deficiente motivación de los nombramientos. Confirma así lo que ya había concluido el juzgado de instancia: que el Ayuntamiento vulneró los principios e igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
El sistema del Ayuntamiento se sostiene sobre la ausencia de la relación de puestos de trabajo (RPT) de la que deben disponer todos los Consistorios. Como no hay RPT, el Ayuntamiento alega que no puede convocar concurso de méritos y que tiene que utilizar la comisión de servicios. “Es la utilización perversa, abusiva y generalizada de la comisión de servicios”, opina el funcionario. Hay personas que llevan 16 años provisionalmente en una jefatura del ayuntamiento de Málaga, que no ha contestado a las preguntas sobre la inexistencia de RPT, el cumplimiento de las sentencias y los motivos de sus recursos.
Expediente archivado, convocatorias “fantasma” y posible prevaricación
“Es lamentable que a la sexta ciudad de España haya que llevarla a los tribunales para que respete el derecho fundamental de acceder a los puestos de trabajo en función de los principios de igualdad, mérito y capacidad”, protesta Wenceslao Alonso.
El suyo es ya un asunto casi personal. En 2013 escribió una carta al director en La Opinión de Málaga, que decía así: “Siempre me ha gustado ser servidor público (…) Pero poco a poco te das cuenta de que todo eso no sirve para nada. Absolutamente. Ni formarse, ni la experiencia, nada. Que los méritos son otros. Hay otros criterios. Y eso te desmoraliza, te ”quema“ y acaba afectando a tu día a día en el trabajo. La desmotivación es absoluta. ¿De qué sirve esforzarse? Te sientes marginado, ninguneado, maltratado”.
En una petición en Change.org denunció que los nombramientos se basan en “consideraciones subjetivas y relaciones personales”. Wenceslao Alonso fue expedientado por el Ayuntamiento por un presunto “comportamiento inadecuado”. El expediente disciplinario, que podía desembocar en hasta tres años de suspensión de empleo y sueldo, se abrió después de que él iniciara su batalla legal. Se archivó y ha presentado una demanda por vulneración de su derecho al honor. Cree que fue una represalia.
A raíz de las sentencias, el Ayuntamiento ha empezado a publicitar las convocatorias, pero para Alonso se trata de “convocatorias fantasma”, donde “siguen nombrando a quien les parece”. En la reciente convocatoria de la jefatura de negociado de atención a personas sin hogar, el candidato se selecciona previa propuesta “motivada” en función de “la experiencia, conocimiento de funciones a desarrollar, titulación académica, formación, la obtención de premios a la calidad, etc” (sic). No hay un baremo para valorar cada uno de los méritos. Como suele tener información de quién va a ser el designado, Wenceslao Alonso está documentando ante notario los futuros nombramientos. “Cesan a la persona, convocan el puesto, nos presentamos diez o doce y vuelven a nombrar al mismo, incurriendo en prevaricación”, explica.
La mala praxis del Ayuntamiento de Málaga en la selección de jefaturas se añade a los casos de contratación de falsos autónomos, algunos ya sentenciados. Alonso está elaborando ahora una lista de relaciones familiares en el Ayuntamiento. “Aquí lo que hay que hacer es tener padrino. El día que metan mano, nada más que en materia de personal…”, asegura. “Tienen la idea de que esto funciona como una empresa privada pero en la administración, con dinero público, no se puede hacer eso”, concluye el funcionario.