INVESTIGACIÓN
La venta reciente de más de 2.000 metros cuadrados de patrimonio municipal en una zona privilegiada de Estepona a un precio muy inferior al valor catastral y de mercado se consumó tras la presentación, sobre la bocina, de una única oferta. La hizo Omega 93, Gestión y Servicios, S.L., una sociedad matriz que integra el grupo empresarial de Bonifacio Solís, un conocido constructor local. Omega 93 y José María García Urbano han sido socios en la propiedad de un edificio que se alquila al Ayuntamiento de Marbella al menos hasta 2018, según admitió entonces Solís a Marbella Confidencial. La propia declaración del alcalde al Congreso de los Diputados en 2016 recoge esta relación societaria.
Un recorrido cronológico a través de los documentos públicos que el Ayuntamiento de Estepona tiene colgados en la web municipal muestra un procedimiento de desafectación de bienes públicos y subasta tramitado con celeridad y culminado en pleno agosto. Hay en él omisiones, errores, firmas en fechas extrañas y decisiones discrecionales del Ayuntamiento que desembocan en una venta provechosa para el comprador y desfavorable a los intereses públicos representados por el Consistorio.
El Ayuntamiento esgrime que se trata de un procedimiento realizado con “objetividad, transparencia y conforme a ley”, que lo ha hecho con el respaldo de los informes correspondientes (que no ha aportado a este medio) y que su interés es obtener liquidez para afrontar el pago de la “deuda heredada”. “El Ayuntamiento reitera que todo el expediente se ha realizado conforme a ley”.
Sobre el papel, la historia de esta enajenación arranca el 2 de diciembre de 2021, fecha en la que el alcalde José María Urbano acordó por decreto iniciar el procedimiento para desafectar las dependencias municipales en Puertosol y así poder venderlas. Se trataba de que dejasen de ser de dominio público y, por tanto, no enajenables.
Para ello, era necesario publicar el expediente en la web municipal, en el tablón de anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPMA), tal y como marca la norma. Sin embargo, esta última publicación se pasó por alto, al menos inicialmente. Para subsanar el defecto, el 24 de enero se publicó en el BOPMA el edicto que somete a información pública el expediente durante un mes. Está firmado el 3 de diciembre, pero se publica el 24 de enero. Para entonces, ya tenía el visto bueno de la comisión informativa, cuyo dictamen se firmó el 17 de enero (este medio ha pedido el dictamen, pero no lo ha obtenido).
El 25 de febrero, exactamente un mes después de la publicación en el BOPMA, el regidor incluyó como asunto urgente en el pleno la “alteración de la calificación jurídica de bienes de dominio público donde se ubican las actuales dependencias del Ayuntamiento en el edificio Puertosol”. Según Emma Molina, portavoz del PSOE, ella le pidió que no los enajenara y los alquilara para obtener un mejor rendimiento para las arcas municipales.
Durante el pleno, García Urbano explicó que el Ayuntamiento seguiría siendo el dueño. “Manifiesta que la alteración es para que deje de ser de dominio público y pase a bien patrimonial manteniendo la titularidad el Ayuntamiento de Estepona”, según certificación emitida por el secretario municipal. Su propuesta se aprobó con 19 votos a favor (PP), tres abstenciones (PSOE) y ninguno en contra.
¿Por qué urgente? Para “evitar esperas entre que se produce el cambio de personal e instalaciones al edificio del nuevo ayuntamiento que se ha construido y la enajenación del bien”, según el consistorio, que cuatro meses después sigue ocupando las dependencias que vendió de urgencia.
El 28 de marzo, apenas un mes después de “desproteger” los inmuebles, García Urbano dio el siguiente paso para vender la actual sede consistorial. Dado que el Ayuntamiento había encargado la construcción de una nueva sede, las oficinas municipales en Puertosol iban a quedarse vacías, y nada mejor que venderlas para obtener un dinero para pagar la abultada deuda municipal. “Parece razonable seguir disminuyendo la carga que para el Ayuntamiento supone el mantenimiento de un elevado número de bienes de naturaleza patrimonial, así como obtener recursos para el cumplimiento del plan de ajuste aprobado”, dice la memoria firmada por el alcalde.
El interés de García Urbano por vender patrimonio público no es nuevo. Desde que llegó al cargo ha hecho de la reducción de la deuda una de sus grandes banderas, sin escatimar promoción. Lo recuerda en cada entrevista y en 2019 instaló un gran panel luminoso en el paseo marítimo, donde se informa del minuto y resultado del espectacular proceso de cancelación de deuda: de deber 304 millones en 2011 a 50 millones en la actualidad, según el munícipe. En 2023 el Ayuntamiento (con un presupuesto de 109 millones) prevé rebajar otros 15,4.
José María García Urbano (PP) llegó a la alcaldía en 2011 tras ejercer como registrador de la propiedad en Fuengirola y Benalmádena y como notario en Estepona durante 13 años. Desde entonces, ha ido revalidando sus mandatos con mayorías absolutas cada vez más aplastantes.
Para reducir la deuda, el consistorio plantea quitas a los acreedores, empezó despidiendo trabajadores municipales y está externalizando servicios o vendiendo patrimonio público. En este caso, el precio de salida mínimo de los locales y aparcamientos de Puertosol, donde el alcalde ha tenido en los últimos años su despacho, era de 1.648.890,53 euros, obtenido a partir de un informe de la arquitecta municipal. Sin embargo, el valor catastral de los locales es de 2.335.928 euros, el 41,6% más, y basta visitar cualquier web inmobiliaria para comprobar que los precios habituales están actualmente alejados del precio de venta.
El procedimiento elegido fue el de sacarlo a subasta. Un procedimiento cuya finalidad prevista en la ley es obtener el precio más alto posible en favor del patrimonio público. Del 10 al 26 de mayo se abrió la primera licitación. Por decisión municipal, sin publicidad en medios de comunicación representativos de la provincia. ¿Por qué? “La ley no obliga a publicitar las licitaciones en medios de comunicación”, responde el consistorio.
La licitación sí apareció en la Plataforma de Contratación del Estado, pero bajo una rúbrica incorrecta: “Enajenación de bienes muebles”. Es evidente que los locales, oficinas y aparcamientos son bienes inmuebles. ¿Por qué se clasificó erróneamente en la plataforma estatal? A esto, el Ayuntamiento no responde. Por lo que sea, a la subasta no concurrió nadie.
Cuando la primera subasta de ese expediente queda desierta, el Ayuntamiento puede activar una segunda subasta. Y para hacer la venta más atractiva a los potenciales compradores, puede acudir a “sucesivas licitaciones” rebajando el precio, con un límite: no puede rebajarlo más del 25% de la valoración inicial. En este caso, el Ayuntamiento lo puso lo más barato posible a la primera ocasión que tuvo.
El expediente de la segunda subasta se inició por decreto del alcalde el 18 de junio de 2022, a propuesta de Ana María Velasco, concejala de Fomento, Infraestructuras, Turismo y Seguridad Ciudadana. En ese decreto se dice que existen informe jurídico (de 13 de junio) y del interventor (de 17 de junio), pero García Urbano ya había firmado electrónicamente el pliego. Lo hizo el 9 de junio. Este medio ha requerido ambos informes, sin éxito.
Nuevamente, se tramitó el expediente sin publicidad y bajo la rúbrica “enajenación de bienes muebles” en la plataforma estatal. En la sede electrónica municipal, este expediente se publica el 29 de julio, no el 20 de junio. ¿Por qué? ¿Se anunció la segunda licitación en la sede electrónica del Ayuntamiento? El consistorio no ha dado respuesta a estas dos cuestiones. Tampoco a esta licitación se presenta nadie.
La tercera y definitiva subasta se abre a presentación de ofertas el 29 de julio de 2022, el viernes en que dan comienzo las vacaciones de agosto. La referencia de este expediente repite la numeración de la segunda licitación y le añade un “bis”, sin que el consistorio explique los motivos de esta inusual denominación ni sus implicaciones. No se hace más rebaja porque ya se había rebajado al máximo, ni se requiere fianza provisional, a pesar de que el artículo 137 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas exige una fianza mínima del 5% para participar en subastas de inmuebles públicos. Se fijó un plazo de 15 días, que el Ayuntamiento contó nuevamente como días naturales, algo excepcional en procedimientos administrativos.
De modo que el 16 de agosto (inmediatamente posterior al festivo), Omega 93 presentó una oferta 9.000 euros superior al precio mínimo. Según el acta de la mesa de contratación, lo hizo a las 12.29, hora y media antes de que expirara el plazo. Según una portavoz de la sociedad: “De la primera nos enteramos tarde. Vimos que la habíamos perdido porque no nos habíamos enterado cuando salió y pensamos que probablemente la sacarían otra vez. Estuvimos más pendientes”.
Y aquí los tiempos vuelven a acelerarse. El 18 de agosto el alcalde firma un decreto nombrando la mesa de contratación, a cuyo frente sitúa a Ana María Velasco, concejala en el Ayuntamiento. Y ese mismo 18 de agosto, a las 11.30, tiene lugar la reunión de la mesa para abrir la única oferta, la de Omega 93, según firman todos los vocales de la mesa el día después, 19 de agosto. Emma Molina, portavoz del PSOE (primer partido de la oposición con cuatro de 25 concejales), explica que conocieron la adjudicación a posteriori. Y aunque consideraron la venta “escandalosa” por su bajo precio, sus servicios jurídicos estimaron que era imposible recurrir una vez culminado el proceso.
Terminó así la venta de más de 2.000 metros cuadrados de suelo público en un lugar privilegiado de Estepona a muy buen precio para el comprador, Omega 93, una sociedad que ha compartido intereses inmobiliarios en Marbella con el regidor de la localidad. Previsiblemente, la zona aumentará próximamente su valor gracias a una ambiciosa obra municipal que está acometiendo, precisamente, una sociedad del mismo grupo empresarial de Omega 93.
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