En plena playa, a los pies del castillo de Sohail de Fuengirola (Málaga, 85.598 habitantes), una empresa constructora ha cavado un foso que, a ojo, tendrá al menos tres metros de profundidad. Ha cimentado el fondo y luego ha colocado las primeras rejas del forjado. En el paseo marítimo, un cartel informa: “Construcción de Restaurante de Playa Bikini Beach Club”.
Cuando se termine, el próximo junio, será un edificio con una planta de 440 metros cuadrados sobre rasante y otra bajo suelo, enterrada en la arena, en pleno dominio público marítimo-terrestre. Algo denunciado históricamente por los ecologistas por su efecto erosivo sobre las playas, mal visto por Demarcación de Costas (Ministerio de Transición Ecológica), tolerado por la Junta de Andalucía y, desde el 1 de agosto de 2022, expresamente prohibido por el Reglamento de Costas.
La construcción del Bikini Beach Club ha provocado la protesta de Ecologistas en Acción y la enésima discrepancia entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía, que desde hace años mantienen un enfrentamiento más o menos soterrado a cuenta de lo que puede o no hacerse en las playas andaluzas.
Para Costas, el chiringuito Bikini Beach no puede tener sótano, pues se le aplica la prohibición taxativa del Reglamento. La administración andaluza, a través de su Delegación Territorial en Málaga, confirma que ha autorizado la obra y defiende que el sótano “es legal”, aunque admite que también ha reclamado a los promotores que reduzcan algo su extensión.
Este medio no ha podido contactar con el promotor del nuevo chiringuito y los arquitectos responsables del proyecto han declinado valorarlo. Por su parte, el Ayuntamiento de Fuengirola, gobernado por el PP, resalta que concedió la licencia de obras porque es “un acto debido”. Es decir, si hay autorización de la Junta de Andalucía (como es el caso) no puede hacer nada más que conceder la licencia.
Los hosteleros tienen en los sótanos un espacio accesorio que sirve como almacén, oficina o vestuario. También hay quien apunta a su utilidad como defensa frente a los temporales, que vacían la playa de arena y arrasan con frecuencia estructuras y mobiliario.
“Bajo la arena hay auténticos búnkeres”, subrayan fuentes de Ecologistas en Acción, que alertan de que, en realidad, la estructura de hormigón acentúa el efecto erosivo de las olas. Así lo señala también el propio texto de la modificación del Reglamento de Costas, aprobada “para minimizar el impacto sobre un sistema dinámico y frágil, así como para no comprometer la resiliencia de los bienes de dominio público frente al cambio climático y la erosión”.
“La única solución que se plantea la Junta es proteger con medidas artificiales: espigones, diques y llevar más arena con camiones, pero nadie se plantea que lo normal es renaturalizar”, dicen fuentes ecologistas.
Los ecologistas están tan convencidos de la ilegalidad que han presentado una denuncia ante la Fiscalía, apuntando a los responsables de la Junta de Andalucía, a los que achacan reiteración en decisiones que sortean las objeciones de Demarcación de Costas.
Para Ecologistas en Acción, este es el ejemplo de una política laxa con la ocupación de las playas, que se manifiesta en la autorización de obra concedida por la administración autonómica y en la incapacidad de Demarcación de Costas para imponer su criterio. La construcción de chiringuitos cada vez más extensos, con estructuras permanentes y semihundidos en la playa es uno de sus tradicionales caballos de batalla en la Costa del Sol, donde han presentado múltiples denuncias sin ningún efecto práctico. Creen que existe una tolerancia, cuando no connivencia, de la administración autonómica con las prácticas de los empresarios de la hostelería, de quienes los políticos andaluces suelen resaltar que son esenciales para la economía del litoral.
Los ecologistas cuentan en teoría con el apoyo del ministerio en muchas de sus denuncias. En los últimos años, Costas ha planteado reparos en informes desfavorables sobre al menos a una decena de chiringuitos en la Costa del Sol, según ha podido constatar elDiario.es Andalucía. En estos casos, que afectan a establecimientos de Marbella y Estepona, los técnicos han constatado incumplimientos que incluyen emplazamientos en reservas dunares protegidas, excesos de superficie, saneamiento insuficiente, falta de necesidad, peligro de inundación, riesgo ante la dinámica litoral (en caso de temporal), excesivo impacto visual o, incluso, la instalación de un chiringuito sobre un depósito de gas licuado con signos de corrosión.
Sin embargo, estos reparos apenas han alterado las obras o autorizaciones porque la Junta de Andalucía, a quien corresponde la competencia de “policía administrativa” en el litoral, ha ignorado frecuentemente los informes desfavorables. Ecologistas en Acción cree que la Directora General de Costas mira sistemáticamente hacia otro lado y ve indicios de prevaricación, abuso de autoridad y delito contra la ordenación del territorio.
La confusión en torno a la distribución de competencias es un factor que estaría favoreciendo la laxitud en el control de lo que se hace en las playas. En 2011, el Gobierno central transfirió la ordenación y gestión del dominio público litoral a Andalucía. Se suponía que esto iba a procurar una gestión más cercana y a acabar con la inseguridad jurídica de la que suelen quejarse los dueños de los chiringuitos, que ocupan dominio público a cambio de un canon concesional.
La administración del Estado se reservó, eso sí, la facultad de emitir informes sobre este tipo de concesiones, y es habitual que Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, emita informes en contra de concesiones u obras. Pero también es común que la administración autonómica, que tiene la última palabra, desoiga sus dictámenes. La norma dispone que si hay discrepancias respecto a la concesión de una autorización se abre un “periodo de consultas a fin de llegar a un acuerdo entre administraciones” durante un periodo máximo de dos meses. “Dicho acuerdo será condición inexcusable” para otorgar la concesión.
Hasta agosto de 2022, las denuncias por la construcción de sótanos se fundamentaban en el espíritu de la Ley de Costas. “No estaban expresamente prohibidos, pero considerábamos que la interpretación de la ley los impedía, porque preveía el uso mínimo necesario”, explica Salvador Campos, el letrado que asesoró en muchas de aquellas denuncias. El razonamiento era que, dado que la norma fijaba una superficie máxima, no era razonable pensar que el promotor la pudiese multiplicar a voluntad por el método de excavar una o varias plantas hacia abajo.
La Junta de Andalucía ignoraba estas alegaciones y autorizaba los sótanos, pero la modificación del artículo 69 del Reglamento de Costas, que entró en vigor en agosto de 2022, añadió claridad al asunto confirmando la interpretación de los ecologistas. El artículo 69 recoge que la ocupación máxima, salvo casos excepcionales justificados, es de “200 metros cuadrados en una sola planta y sin sótano”, de los cuales 150 metros cuadrados podrán ser de edificación cerrada y el resto terraza cerrada mediante elementos desmontables. A esta superficie se podrán añadir 70 metros cuadrados abiertos y desmontables más aseo de uso público y gratuito.
A todo esto, los efectos del cambio climático en el litoral andaluz, con temporales cada vez más virulentos, arenales cada vez más escasos y la línea de pleamar cada vez más cercana a los paseos, han puesto las cosas más difíciles.
El Chiringuito Bikini Beach obtuvo su concesión en un lote con el que la Junta de Andalucía regularizó la situación de más de un centenar de este tipo de establecimientos en las costas andaluzas. De ellos, 22 están en Fuengirola. La administración andaluza autorizó el proyecto el 27 de noviembre de 2020, pero el promotor no comenzó la obra hasta más de tres años después.
Costas cree que la autorización está caducada (hay un año para empezar las obras y otros seis meses para terminarlas), y que la Junta debería paralizar la obra y, en su caso, emitir nueva autorización con arreglo al nuevo Reglamento de Costas, que ahora prohíbe taxativamente los sótanos. Para los ecologistas, también está claro. La Junta defiende la legalidad del sótano basándose en la fecha de la autorización de la obra.
No obstante, este periódico ha constatado que lo que se está haciendo no es una simple reforma del antiguo chiringuito de madera. Unas tumbonas apiladas son el único vestigio de lo que antes había. Apenas a una decena de metros de las vallas metálicas que cubren los trabajos, unas excavaciones arqueológicas que están sacando a la luz restos de la antigua ciudad romana de Suel, en el entorno del Castillo de Sohail, antigua fortaleza defensiva desde el que se divisa la playa hoy plagada de chiringuitos y tumbonas que resisten, cada vez con más dificultad, los embates del mar cuando hay temporal.
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