Uno de los hijos de José María García Urbano, alcalde de Estepona (PP), acaba de fichar como directivo de la principal contratista de obra pública del municipio. Pablo García Romero, que hasta ahora era concejal, dio a conocer la semana pasada su renuncia al acta, y simultáneamente anunció su fichaje por la constructora B. Solís. Es la adjudicataria de las principales obras públicas de los últimos años, como el Mirador del Carmen, la más cara nunca acometida por Estepona (16,3 millones de euros). Bonifacio Solís es socio del alcalde (según el Registro Mercantil), y el año pasado compró locales municipales por menos de una cuarta parte de su valor real, en una operación desvelada por elDiario.es que investiga la Fiscalía.
Hasta ahora, García Romero era concejal en el Ayuntamiento de Estepona, cargo por el que no recibía remuneración económica. Tras quedarse fuera de la corporación inicialmente, se convirtió en concejal porque dos compañeros electos que le precedían en la lista del PP (que encabezó su padre) entregaron el acta sorpresivamente quince días después de las elecciones. Apenas ha completado dos meses como edil. El 4 de septiembre renunció, aduciendo también “razones personales”. La renuncia se hizo efectiva en el Pleno de la semana pasada.
A la vez, García Romero, de 27 años, hizo un anuncio público de su destino. Es el nuevo “director de operaciones” de B. Solís, una constructora de la Costa del Sol que cerró 2021 con una cifra de negocio de más de 125 millones de euros. Accede a este cargo directivo con escasa experiencia. Según él mismo consigna en su perfil de LinkedIn, de enero de 2020 a junio de 2023 se desempeñó como “International Business Developer” de Orthoapnea, una empresa dedicada a la importación y exportación de productos para el tratamiento de la apnea del sueño. Es propiedad de su tío, Jesús García Urbano.
Antes realizó prácticas en despachos de abogados y en una notaría de Estepona, un sector que su padre conoce bien, pues ejerció en ese municipio hasta que fue elegido alcalde en 2011 y tuvo que ceder la notaría.
En declaraciones a Marbella Confidencial, el constructor no ha aclarado cuando contrató al hijo del alcalde, si antes o después de que dejara el acta del concejal y niega que exista un posible conflicto de intereses: “¿Qué pasa, que no se puede trabajar en Estepona?”, se pregunta. Solís no ha querido atender a elDiario.es bajo el argumento de que ya respondió a Marbella Confidencial.
El fichaje del hijo del regidor llama la atención por la estrecha relación comercial que hasta ahora mantienen el Ayuntamiento de Estepona y la constructora, así como la relación personal y de negocios que une, o ha unido hasta hace poco, al empresario y el alcalde. La ley no prohíbe que se adjudiquen obras a la empresa de la que es directivo el hijo del alcalde, pero el dato hará que se miren con lupa, si es que ocurren.
Bonifacio Solís es una de las grandes constructoras de la Costa del Sol, con viviendas de lujo en La Zagaleta, La Quinta o Sierra Blanca, urbanizaciones en Marbella, hoteles... Y en los últimos años, ha sido adjudicataria de los grandes proyectos de Estepona. Es el caso del fastuoso Mirador del Carmen. Esta obra pública (cuya adjudicación impugnó el Colegio de Arquitectos) acabó costando 16,3 millones de euros, después de que se encareciera en 1,8 millones de euros, supuestamente para adecuar sus salas a exposiciones de gran formato, casi cuando estaba terminada. Curiosamente, las tres últimas plantas han sido adjudicadas por el Ayuntamiento a la empresa recién creada por la pareja de otro de los hijos del regidor para que explote un restaurante.
La UTE Bonifacio Solís, SL- Alvac, SA también realizó la obra del estadio de Atletismo, con un presupuesto inicial de 6,1 millones de euros más IVA. El coste final se elevó a 9,5 millones de euros. Además, Bonifacio Solís es responsable del Orquidiario de Estepona, promocionado como “el más grande de Europa”, por 2,3 millones de euros. Sus actuaciones en el municipio incluyen además la Senda Litoral, un proyecto de la Diputación Provincial, y relevantes encargos de promotores privados para obras en concesiones de suelo público, como la restauración del complejo Laguna Village, el colegio internacional o la parroquia de San José.
Estas adjudicaciones son vox populi en el pueblo, donde han llegado a circular memes que hacen chanza de ello. En 2018, el PSOE cuestionó al alcalde por sus relaciones con el constructor y García Urbano anunció que iniciaría “acciones legales” contra la portavoz socialista, pero nunca lo hizo.
“Es una empresa que ha tenido y tiene una vinculación con el alcalde, cuyo dueño es amigo y exsocio. Y durante estos 12 años ha hecho las obras públicas más importantes de la ciudad”, observa Emma Molina, portavoz del PSOE, quien cree que el regidor ahora “se ha quitado la careta” y advierte de que informará a la Fiscalía “por si hubiera tráfico de influencias o prevaricación”. “Aunque sea legal, hay una falta de decencia evidente”.
El alcalde conoce bien a Bonifacio Solís desde hace muchos años. En 2001, ellos dos y el prófugo Juan Hoffman constituyeron Nuevos Aires 2002, S.L. García Urbano lo hizo a través de su sociedad Nogales de María, S.L., y Solís con Omega 93, S.L. “Si los papeles dicen que sí, sigo siendo socio. Nada ha cambiado”, dijo en su día el constructor a este medio, dando a entender que siguen siendo socios en Nuevos Aires 2002.
En declaraciones recogidas este jueves por Marbella Confidencial, el constructor dice ahora que compró las participaciones de García Urbano “hace dos o tres años”. Eso es lo que aseguró en su día el alcalde, pero no el constructor inicialmente. Si se esa compraventa se produjo, no se ha inscrito en el Registro Mercantil, según la información pública registral. La compraventa de participaciones sociales no tiene por qué inscribirse, de modo que es un dato casi imposible de comprobar.
elDiario.es desveló que precisamente Omega 93, la sociedad patrimonial de Solís, se adjudicó varios locales y plazas de aparcamiento municipales en pleno verano de 2022, tras un proceso de subasta plagado de omisiones e irregularidades. Se trata de inmuebles situados en Puertosol, al lado de la zona recién regenerada (y revalorizada) con el Mirador del Carmen.
La subasta solo se anunció en el portal de contratación y bajo rúbrica incorrecta (“bienes muebles”, de modo que no podía localizarse). Su precio de salida fue muy inferior al valor catastral (que es aproximadamente el doble), al de mercado (vale el triple, según webs inmobiliarias); y al precio al que el propio consistorio vendió locales contiguos hace nueve años (al cuádruple). Además, sobre este valor de salida el ayuntamiento aplicó luego el máximo descuento previsto por la ley, del 25%. La subasta culminó un 16 de agosto con una oferta de Omega 93 presentada minutos antes de que venciera el plazo.
La presidenta de la Mesa de Contratación que validó la adjudicación a Omega 93, la concejala Ana Velasco, administró en su día Nuevos Aires 2002, la sociedad en la que constituyeron Omega 93 y una sociedad patrimonial del alcalde. Este asunto está siendo investigado por la Fiscalía, tal y confirmó airadamente el propio alcalde en un Pleno municipal.
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