Las cuatro plantas del Hotel Guadalpín Banús, una especie de resort de apartamentos de lujo en Marbella, condensan las últimas dos décadas de ladrillazo, burbuja y resaca inmobiliaria en la Costa del Sol. Entre 2002 y 2005, las grúas levantaron este establecimiento a un paso de Puerto Banús ignorando toda norma urbanística. La promotora era Aifos, por aquel entonces abanderada del boom inmobiliario en la costa malagueña bajo el liderazgo de Jesús Ruiz Casado.
Aifos, que también erigió Guadalpín Marbella, quebró en 2014 dejando tras de sí un reguero inagotable de deudas. Para entonces, ya había vendido en torno al 40% de los apartamentos del exclusivo hotel junto a Puerto Banús (uno de ellos, a Isabel Pantoja), y lo gestionaba por medio de PSH Guadalpín, una sociedad satélite.
Tras otra década de incertidumbre, en la que se ha troceado el edificio para que la propiedad pase de manos, mientras en la práctica seguía en las mismas que al principio (o parecidas), el jueves muchos de sus trabajadores se quedaron en la calle y sin poder acceder a sus puestos: el hotel había sido acordonado desde las 5 de la madrugada por decenas de policías, que debían cumplir la orden judicial de desalojar las zonas comunes: se precintó la cocina, los baños, parte del parking, terrazas…
A las puertas se concentraron muchos de los 180 empleados que actualmente tiene el Guadalpín Banús, que podría verse abocado al cierre. El día anterior ya habían acudido a la sede de PriceWaterHouse Coopers, administradora concursal desde que Aifos, la antigua propietaria del hotel, se desmoronó allá por 2009.
“Es una situación muy crítica”, resume Jacqueline Largacha, sindicalista de CGT y presidenta del Comité de Empresa. Miguel Montenegro, secretario general de CGT Andalucía describe una situación caótica minutos antes de participar en una asamblea en la que los trabajadores decidirán qué hacen a partir de ahora. “Nadie sabe quién tiene que trabajar y quién no y todo el mundo está nervioso”.
En la tarde del jueves acordaron poner en marcha un calendario de acciones de protesta que sea compatible con la “actividad laboral mermada” a la que dicen verse abocados. El lunes se concentrarán ante la Delegación Provincial de Turismo de la Junta de Andalucía, a la que CGT considera “responsable directa” al permitir, según el sindicato, que se vulnere la Ley de Turismo. La Consejería de Turismo replica que está obligada a respetar las decisiones judiciales y a asegurar su cumplimiento, y no aclara si va a intervenir con medidas, mediando o proponiendo soluciones. La representación de los trabajadores también señala la “pasividad” del ayuntamiento de Marbella, que no ha respondido a las preguntas de este medio.
Sobre la mesa está el posible cese de actividad, pero por ahora, el hotel, aun amputado de zonas comunes, sigue abierto con cerca de doscientos clientes hospedados en las habitaciones individuales y la previsión de varias bodas en las próximas semanas.
El desalojo de los espacios comunes fue acordado por el juzgado mercantil 1 de Málaga el pasado 31 de mayo, a instancias de dos de los múltiples propietarios del hotel, SPV Spain Project 17 SLU y Caja Rural de Granada, que se hicieron con la propiedad de esas zonas y de decenas de apartamentos para cobrar deudas de Aifos o previa subasta pública. Esos dueños no tienen nada que ver con la empresa que explota el hotel, Grisoma Hotelera, S.L., con la que mantienen un enconado enfrentamiento, y a la que el hilo del Registro Mercantil permite vincular precisamente con Aifos.
Francisco Reina, abogado de los trabajadores, advierte de que la decisión judicial tiene aristas. La primera, a su juicio, es que la Ley del Turismo y los propios estatutos de la comunidad de propietarios del inmueble obligarían a mantener el uso hotelero y unitario. Al principio de unidad de explotación se agarra también la empresa explotadora.
Según defiende Reina, Grisoma debería poder seguir con la explotación del inmueble, en tanto que unidad productiva. “Cuestión distinta es que los propietarios puedan interponer una demanda civil para determinar la renta, que es objetivo de controversia, pero eso no justifica desposeer a la explotadora”, resume.
Otras fuentes jurídicas conocedoras de la situación subrayan que Grisoma no ha pagado un euro en concepto de renta desde que explota el hotel, hace ocho años, y que tampoco ha accedido a adquirir la propiedad, a pesar de que cada una de las 180 habitaciones ronda los 500 euros por noche, lo que supone una facturación millonaria. Y niegan que el principio de unidad de explotación pueda oponerse al derecho de propiedad, más aún cuando una parte sustancial de los apartamentos ni siquiera está bajo control de Grisoma.
La otra arista es procesal. En julio del año pasado, la jueza ya dictó un auto ordenando el desalojo, pero acabó dando marcha atrás en octubre porque la administración concursal (que sigue controlando parte de los apartamentos), los trabajadores y Grisoma llegaron a un acuerdo para seguir haciendo funcionar el hotel. Ahora, las dos propietarias que instan al desalojo piden nuevamente que se les entregue la propiedad porque no fueron parte de aquel acuerdo, y la jueza les ha dado la razón.
Entre tanto, Grisoma también ha presentado una querella contra algunos propietarios por la presunta alteración de los planos del edificio. “Aquello es un puzle, y no se sabe dónde empieza una propiedad y empieza la otra. Entre la cocina y la de al lado no hay separación”, admite una fuente. Tras practicar algunas diligencias, el juzgado de instrucción 11 de Málaga cerró la investigación penal por entender que no había indicios de delito, pero deberá reabrirla por orden de la Audiencia Provincial.
Los trabajadores y sus representantes insisten en que son las víctimas de un proceloso juego jurídico del que apenas son parte. Pero quizá todo se entienda un poco mejor si se tiene en cuenta que el hotel, despiezado y traspasado por zonas para reducir la descomunal deuda de Aifos y sus entidades satélite, sigue siendo explotado de forma sui generis por una entidad cuyo administrador único es, precisamente, el histórico abogado de Ruiz Casado.
Desde septiembre de 2021, Grisoma Hotelera, S.L. está dirigida por Manuel Torres Ojeda, abogado omnipresente de Aifos, además de apoderado de esta empresa, de Promociones y Servicios Hoteleros Guadalpín o de Promotores y Consultores Ziur hasta que se desmoronó el imperio que levantó Jesús Ruiz Casado a base de labia, marketing y promesas.
Cuando Aifos terminó de caer, gran parte de sus supuestos fondos de cobertura habían desaparecido. Según publicó en su día El Mundo, destinó en 2010 medio millón de euros a un fondo en Luxemburgo a través de cuatro sociedades, una de ellas Asesoría Legal Torres S.L.P., dirigida por Torres Ojeda. Hay quien asegura que la relación entre Torres y Ruiz ya no es buena, pero en todo caso, Grisoma y Torres no constituyen una empresa hotelera cualquiera, sino que tienen relación directa con el pasado de Guadalpín y Aifos.
El desmoronamiento de Aifos y sus entidades satélite, en 2009, y su liquidación a partir de 2014, provocó un terremoto cuyas réplicas aún se sienten en los tribunales. Para empezar, dejó una ristra de más de 5.000 acreedores a los que el entramado debía 890 millones de euros en total. La mayoría, pequeños compradores que se quedaron en la estacada y que aún pleitean para recuperar algo en alguno de los 800 procesos accesorios al concurso; también, entidades bancarias que habían financiado su delirante voracidad inversora, con créditos promotores a proyectos descabellados (campos de golf sobre el acuífero de Coín o en Villanueva del Rosario, por ejemplo).
Con todo, el principal acreedor es la Agencia Tributaria, con una deuda cuantificada en 96,2 millones en 2015. Según la última lista publicada por Hacienda, Aifos sigue debiendo 90,1 millones a Hacienda. Promotores y Consultores Ziur [Ruiz, al revés], 37,7 millones, y Sun Farm, también de Ruiz Casado, 32 millones. Él y su mujer, Teresa Maldonado, deben 15 millones cada uno a la Hacienda Pública. Durante años ocuparon los primeros lugares de la lista de morosos.
Un juzgado debe aún determinar si el concurso de acreedores de Aifos fue culpable. La Fiscalía cree que sí, y pidió en enero de 2023 que Ruiz Casado sea inhabilitado para gestionar empresas durante doce años y que se le imponga una multa de 120 millones de euros. Esta pieza aún no se ha resuelto.
Guadalpín Banús es también conocido haber dado alojamiento a Isabel Pantoja, que compró uno de sus lujosos apartamentos. Un día después de la compra, Julián Muñoz (que fue su pareja) le concedió licencia de primera ocupación. Ocurrió después de una tramitación urbanística plagada de irregularidades que se llevó adelante en contra del criterio de seis informes de técnicos municipales que advertían que no se ajustaba al planeamiento. Guadalpín se construyó sobre unas casas bajas, con una licencia de reforma menor.
Una década después, en 2014, 14 concejales de aquel consistorio (incluyendo los exalcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe y la primera teniente de alcalde con Jesús Gil, Isabel García Marcos) fueron condenados a 15 meses de prisión y los 3.000 euros de multa por aquello, tras llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.
Y otra década más tarde, en 2024, se vuelven a sentir las réplicas del terremoto que supuso la caída de Amigos, el gigante del ladrillo y los pies de barro de la Costa del Sol.
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