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Un decreto de gestión de estiércoles pone fin a la moratoria para macrogranjas porcinas en Castilla-La Mancha

Una macrogranja

Carmen Bachiller

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A cinco días de que termine el año 2024, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha publicado un decreto por el que se regula la gestión de estiércoles de explotaciones porcinas en Castilla-La Mancha. Entrará en vigor mañana, día 28 de diciembre.

La norma viene a poner fin a la moratoria para la instalación de nuevas macrogranjas de cerdos o ampliar las existentes que el Ejecutivo de Emiliano García-Page habilitó en el año 2022 y que concluirá el próximo 31 de diciembre. Ecologistas y plataformas ciudadanas de los pueblos afectados por este tipo de instalaciones agropecuarias siempre han mantenido que esta norma con rango de ley sirvió para poco y que fue un “coladero”.

La consejera de Desarrollo Sostenible Mercedes Gómez adelantó el pasado mes de marzo en una entrevista con elDiarioclm.es que se trabajaba en esta norma y que, una vez que se pusiera fin al frenazo a las explotaciones ganaderas intensivas, las condiciones para abrirlas serían más “restrictivas”.

El decreto publicado hoy reconoce que “la generación y aplicación de los purines de las explotaciones porcinas en Castilla-La Mancha, puede ocasionar problemas de olores y rechazo social”, de hecho lo ha ocasionado y por eso la Junta castellanomanchega considera “imprescindible” adoptar las “medidas necesarias” para que este tipo de explotaciones ganaderas desarrollen su actividad “de un modo sostenible” para evitar además la “inadecuada utilización de estos subproductos como fertilizantes agrarios”.

Lo ha explicado hoy Mercedes Gomez en una rueda de prensa. De entrada el texto normativo va a permitir una nueva 'moratoria' de diez años para que las instalaciones porcinas existentes se adapten a él. También hay excepciones tanto para las explotaciones en extensivo como para las explotaciones familiares que tendrán cinco años para adaptarse al decreto. La Consejería de Agricultura les va a dar ayudas para lograrlo. 

También se otorga un plazo de diez años para adaptar las balsas de excrementos a la normativa. Sobre estas balsas de purines, el decreto dice que no podrán estar a menos de dos kilómetros de suelo urbano o urbanizable residencial.

ASAJA Cuenca se congratulaba hoy de esta medida, asegurando que esa moratoria permitirá tanto a las macrogranjas hasta 2.000 cerdos, como a aquellas que quieran ampliar hasta los 4.000 “no necesitarán ningún sistema adiciional de gestión de purines”.

Por otro lado, se prohíbe en todo el territorio la aplicación directa de purín para valorización agronómica si los excrementos no se han sometido a un tratamiento previo con las técnicas que describe el decreto. En julio y agosto no podrán aplicarse purines a los suelos agrarios. 

Y hay otra prohibición más: no podrán entrar purines para su valorización procedentes de otras comunidades autónomas. “Exigimos al sector industrial ganadero que sean los valedores de sus ganaderos para que cumplan los requisitos de esta norma”, decía la consejera. 

Para ayudar a ese fin también se crea la figura de la “entidad colaboradora de la administración” que será la encargada de “acreditar” que se cumplen las medidas que recoge el decreto. También habrá un “grupo de expertos” que asesoren al Gobierno regional con miembros de la Universidad de Castilla-La Mancha, de las consejerías de Agricultura y Desarrollo Sostenible, de “grupos conservacionistas” y, añadía, “los mejores técnicos en tratamiento de purines de España para mejorar día a día y autorizar las últimas tecnologías disponibles”.

Para evitar riesgos de contaminación de los purines, tenemos un proyecto de control y analítica para valorizar el nitrógeno existente

Otro de los objetivos del decreto según la consejera es “evitar” el uso de los fertilizantes mineralizados que, sostiene, “son los que contribuyen a la contaminación en el suelo”. Y lo cierto es que los purines se van a seguir dedicando a abonar los suelos. Hay más de seis millones de hectáreas agrarias útiles donde se puede echar el purín, aunque Mercedes Gómez asegura que solo se usará en 250.000 hectáreas, un 3,5% del total.

“Para evitar riesgos de contaminación de los purines, tenemos un proyecto de control y analítica para valorizar el nitrógeno existente”, ha explicado. Se invertirán dos millones de euros “para saber cuánta contaminación hay y de qué tipo es”.

Además se modifica la actual Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha para que los ayuntamientos también participen en todo el proceso. Los proyectos deberan tener su autorización.

Consagra la plantas de biogás para dar “viabilidad” a la agricultura regional

En paralelo, el propio decreto destaca que “la valorización de purines” puede ser un “factor de la producción agropecuaria de gran importancia económica” y que tiene “beneficios agroambientales”, por ejemplo relacionados con la huella de carbono. El decreto los considera a los purines “productos de cercanía”.

De ahí que la moratoria que ahora termina ha venido permitiendo abrir nuevas macrogranjas siempre y cuando incorporasen “sistemas tecnológicos apropiados para el tratamiento”, es decir, plantas de biometano. Ahora ya proliferan en Castilla-La Mancha generando más rechazo social, que se añade al que existía a cuenta de las explotaciones industriales de porcino.

El Gobierno regional está impulsando un Plan Regional de Biometanización 2024-2030. Dice que es una forma de “buscar soluciones alternativas a los elevados precios de los productos fertilizantes y de su dependencia de importaciones”.También sugiere que la implantación de plantas de biogás permitirá regular la materia orgánica y los fertilizantes en las zonas vulnerables por nitratos, “al centralizar el control en el digerido para poder gestionar las dosis y calendarios de las distintas zonas con necesidad de fertilización”.

Según recoge el nuevo decreto, la aplicación de digerido (el resultante del tratamiento de los purines en las plantas de biometano) “mejora la calidad y la salud del suelo al incrementar su capacidad de retención de agua y su biodiversidad”. También sostiene que contribuirá “a una mayor productividad agrícola y asegura la viabilidad a largo plazo de la agricultura regional”.

“Teníamos que buscar una solución y evitar malas praxis”

La consejera de Desarrollo Sostenible ha justificado hoy la implantación de este decreto. “Teníamos que buscar una solución, y evitar las malas praxis”. Según Mercedes Gómez el decreto “ha costado mucho trabajo” y ha reconocido que “no todo el mundo está conforme”.

Sin embargo sostiene que se trata de un decreto “justo” que además “dará transparencia y la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo del sector porcino y para la valorización agronómica de los purines generados”. 

Gómez asegura que el sector ganadero del porcino tiene “gran trascendencia” en la comunidad autónoma, ya que entre las explotaciones, las granjas y macrogranjas, y la industria cárnica supone el 18% del PIB regional. Además, comentamenta, “el 8,5% de todas las empresas cárnicas de España están en Castilla-La Mancha”

Tambien detallaba que la comunidad autónoma es la cuarta productora de carne de porcino, que genera 33.000 empleos y que produce 400.000 toneladas de carne y eso provoca que las explotaciones porcinas sometidas a evaluación ambiental integrada, las más contaminantes, es decir las macrogranjas, generen “el 90% de todo el estiércol del sector porcino”.

Mercedes Gómez sostiene que se han establecido “las mejores técnicas disponibles para que el subproducto [los excrementos de cerdo] se use sin riesgos para el medio ambiente y para los ciudadanos del entorno rural” y de paso, decía, “garantizamos a la actividad agraria de manera sostenible”.  

Se abre la puerta a otras 61 explotaciones más en la región

La consejera ha desvelado que debido a la moratoria hay 61 licencias de explotaciones ganaderas porcinas pendientes de suspendidas. El próximo día 2 se les notificará el fin de la moratoria para conocer si quieren seguir o no adelante. Lo mismo se hará a los ayuntamientos con proyectos pendientes “para que determinen o no si les interesa dar las licencias oportunas”. 

En Castilla-La Mancha hay 1.258 explotaciones porcinas de las que 326 tienen autorización ambiental integrada (son macrogranjas), es decir el 26%. Es la radiografía de un sector de que la consejera de Desarrollo Sostenible dice que no está al nivel de lo que ocurre en otras comunidades autónomas. “Somos de las que más baja densidad porcina tenemos. Lo único es que a veces se concentran cerca de las empresas de producción agroalimentaria y el decreto busca que los efectos se minimicen”, ha zanjado. 

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