La Invisible, el centro cultural y social autogestionado de Málaga, ha salido este sábado a la calle para pedir al ayuntamiento que dé marcha atrás en su intención de desalojar el inmueble. Más de 7.000 personas según los organizadores han recorrido las principales calles del Centro Histórico, donde se sitúa el inmueble, en “defensa de la cultura libre, la gestión ciudadana y la vida en común”. Al final del recorrido se ha leído un manifiesto en el que han reivindicado que La Invisible “no es desalojable”.
El argumento del Consistorio es que el edificio, que data del siglo XIX, ya no es seguro. Pero los activistas, que ocuparon el inmueble en 2007 y han permanecido en él desde entonces acometiendo arreglos puntuales, creen que esto es solo una excusa y que el Ayuntamiento, gobernado por el PP, los quiere fuera porque son incómodos.
En todos estos años, la relación entre el Consistorio y la Fundación de los Comunes (que gestiona el edificio) ha basculado entre el palo (desalojo) y la zanahoria (cesión del inmueble) municipal, con largas mesetas en las que el Ayuntamiento miraba hacia otro lado. El choque parece de nuevo inevitable. “Si los técnicos de conservación dicen que el edificio carece de las mínimas condiciones de seguridad, no tengo más camino que plantearles que deben abandonarlo”, argumenta Raúl López, concejal de Urbanismo.
Por su parte, los ocupantes aluden al peso cultural y social del proyecto y a la propia legitimidad que sí les reconoció el Ayuntamiento cuando en 2011 firmaron un convenio para permanecer un año en el edificio; en la celebración de actividades con marchamo oficial (durante el Festival de Málaga); o en los procesos que se han abierto para regularizar la situación. El último, en verano de 2018, precisamente tras amagar con el desalojo. Tras la reunión de agosto de 2018, en la que el Ayuntamiento se abrió a valorar la cesión directa del inmueble, se instaló un manto de silencio que ha durado tres años, hasta la nueva advertencia de desalojo.
La Invisible no se concibe a sí misma fuera de ese edificio, un inmueble construido en 1876, propiedad del Ayuntamiento desde que lo expropiara pagando 3,8 millones a sus antiguos propietarios, que lo habían abandonado. Los activistas temen que una vez fuera nunca puedan volver.
El Ayuntamiento se ampara en un informe de los técnicos del servicio de Conservación y Arqueología de la Gerencia de Urbanismo, que inspeccionaron el edificio en julio de este año. Asegura que se detectaron deficiencias en la “conservación y seguridad, forjados apuntalados, desprendimientos de cielo rasos, manchas indicativas de filtraciones, tejas sueltas, revestimientos disgregados, daños estructurales puntuales e importantes carencias con respecto a la instalación eléctrica”. “Existe una necesidad urgente de rehabilitación. El responsable de si ocurre algo soy yo. Yo no valoro la actividad, sino el riesgo de que pueda ocurrir algo”, insiste el concejal.
La Invisible dice que puede solucionar todo esto con un proyecto propio, presentado al Ayuntamiento en 2016, que recoge una rehabilitación por fases y con los ocupantes dentro. En los últimos meses ha ido reuniendo el dinero a través de microdonaciones para poder adelantarlo si se aprobara su proyecto. Pero el Ayuntamiento replica que no se puede. “Los técnicos informaron que eso no era posible hacerlo así, y lo que recomiendan es una actuación integral”, asegura el concejal: “Yo puedo tener voluntad política, pero si me lo dicen los técnicos, tengo que cumplir. No puedo hacer como si no pasara nada”.
“Claro que tiene que rehabilitarse. Tiene unas deficiencias desde el principio, y si no está en ruina es por el cuidado que se ha hecho”, señala Amanda Romero, abogada y portavoz. Sin embargo, dudan de que el informe, que nunca han podido ver, pida el desalojo por riesgo inminente. “Los técnicos vinieron en julio. Si realmente hubieran detectado un riesgo que aconseja un desalojo urgente, se hubiera adoptado una medida cautelar de cierre, que es de aplicación inmediata”. La abogada concluye que el desalojo “es una decisión política, y para justificarla argumentan motivos técnicos, sin mostrar los informes”.
La tramitación del desalojo ha sido inusual. La orden fue adoptada el pasado 5 de noviembre, tras reactivarse un expediente administrativo iniciado en 2018. De hecho, el recurso de reposición que interpuso La Invisible se ha resuelto negativamente más de tres años después. Los activistas denuncian un engaño. Creían que el recurso (al que acompañaroncon un dossier con las actividades realizadas) resolvería el expediente, y que a partir de entonces podrían negociar las condiciones para la cesión directa. Aseguran que así se lo transmitió el alcalde en la última reunión, celebrada en plena Feria de 2018. Pero eso nunca ocurrió. El expediente ha estado paralizado durante tres años hasta que se ha reactivado.
¿Por qué ha estado parado durante este tiempo? Según Raúl López, porque los activistas recurrieron y “se ha estado esperando un fallo judicial”. Sin embargo, sigue sin dictarse sentencia. ¿Por qué se reactiva ahora? López replica que ya no se puede esperar más. “Los años van pasando y la degradación del edificio cada vez es mayor. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar? ¿A que pase algo?”.
Ocurre también que la aceleración del desalojo después de años paralizada ha coincidido con una moción presentada al Pleno de octubre por Noelia Losada, concejala de Cultura (Ciudadanos), en la que señaló que “se han hecho eventos con ex miembros del GRAPO [en referencia a una charla programada, finalmente cancelada], se ha faltado al respeto a símbolos del Estado (…) y se utilizan las dependencias como punto logístico para manifestaciones”.
“A lo mejor era una ventana política que buscaba Ciudadanos”, admite López, que insiste en que en el desalojo no hay una valoración del uso de inmueble, sino solo consideraciones de seguridad. El concejal, que en el Pleno de octubre dijo que Urbanismo estaba “recogiendo informes” sobre la situación de La Invisible, admite ahora que “en esa fecha el expediente ya estaba acabado”.
Este domingo vencerá, supuestamente, el plazo para el desalojo voluntario. Pero los ocupantes advierten: “No nos han notificado nada”. López emplaza a los ocupantes a salir del edificio y presentarse al concurso cuando la obra esté terminada. Entre tanto, les ha ofrecido espacios alternativos, sin decir cuáles. “Yo les pido que salgan civilizadamente, que arreglemos el inmueble y luego ya hablaremos”, dice el concejal. “Ellos verán. Si no quieren irse, iremos al juzgado, pediremos a la policía, y ya veremos”.
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