El juez cita como investigada a la mujer que fichó el alcalde del PP en Estepona sin ir a trabajar

El juzgado de Estepona que está investigando al alcalde por contratar a una mujer con la que mantenía una “relación íntima de amistad” que nunca fue a trabajar la ha citado para declarar como investigada. La mujer se une así al regidor José María García Urbano (PP) como sospechosa en la causa. C.P.B. deberá prestar declaración el próximo 18 de junio.

El cambio de la condición procesal de C.P.B. (que pasa de testigo a investigada) se produce una vez cerrada la instrucción y abierta la siguiente fase. El 29 de abril el juez decidió dar por concluida las diligencias previas (la investigación) y continuar el procedimiento para juicio ante el Jurado contra José María García Urbano. El caso está ahora en una fase intermedia previa a la presentación de los escritos de acusación y defensa y de pasar a la fase de juicio. Ese escenario es más probable que nunca porque tanto el fiscal como el juez han terminado la investigación resaltando por escrito que hay indicios sólidos de delito.

Ha sido la Fiscalía quien ha pedido investigar también a la mujer. Por su propia naturaleza, el delito de malversación (usar dinero público para fines privados) solo puede tener como autor principal a una “autoridad o funcionario público”. Sin embargo, sí puede haber inductores o cooperadores necesarios “externos” que participen en el delito sin tener el control de la caja. Y a eso apunta la fiscal, que atribuye a C.P.B. la condición de cooperadora necesaria en la presunta malversación cometida por el alcalde García Urbano, del que sería “pareja sentimental”.

Tras varios meses de instrucción en los que oyó al alcalde (como investigado), C.P.B. y el concejal Blas Ruzafa (como testigos) y recabó diversos indicios documentales (informes del área de recursos humanos, nóminas, resguardos de transferencias), el juez recogió en su auto de 29 de abril que es “verosímil” que García Urbano, “aprovechando su condición de alcalde” contrató a C.P.B. “con la finalidad de proporcionarle una mejora o ayuda económica, con la que mantenía una relación íntima de amistad”. La fichó como cargo de confianza, pagándole unos 5.300 euros por mes y medio, “sin que se haya acreditado que llegara a desempeñar actividad alguna”.

Esos indicios contra el alcalde se mantienen, pero ahora se apunta también a la mujer. El delito que el juez imputa indiciariamente al regidor es el de malversación de caudales públicos, recogido así por el artículo 432 bis del Código Penal: “La autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos privados el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a tres años, y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años”.

Fuentes del caso ven extraño el momento en que C.P.B. pasa a ser investigada, pero resaltan que su citación como tal es condición necesaria para ser acusada. La propia fiscal pide que declare antes de la comparecencia a la que deben acudir todas las partes, fijada inicialmente para el 4 de junio, y que ahora ha sido suspendida.

Mes y medio en nómina sin tareas

La investigación judicial por la presunta malversación fue iniciada de oficio por el juez tras oír la declaración de C.P.B. como testigo en el caso de presunto acoso sexual cometido por el alcalde contra ella misma y su pareja, un agente de policía local. Este caso ha sido archivado por el juzgado porque el juez entendió que las relaciones entre las partes nunca fueron forzadas, y el archivo ha sido recurrido ante la Audiencia Provincial.

En su declaración por el presunto acoso, la mujer desveló que durante mes y medio estuvo en nómina del Ayuntamiento, contratada directamente por García Urbano, y que nunca desempeñó ninguna tarea. Al oírla, el juez abrió una pieza separada para investigar un posible delito de naturaleza económica, la malversación.

El magistrado cree que hay indicios suficientes de que el alcalde la contrató para favorecerla económicamente. En el sumario constan abonos bancarios personales a la mujer para pagar el alquiler que cesan justo al contratarla para el Ayuntamiento, como si hubiera continuidad entre los dos métodos de pago. También hay mensajes entre ambos que dan a entender que existe esa sucesión. Cuatro días después de que ella le pregunte “¿Ya no me ayudas a pagar el alquiler?”, él le pide el “DNI por las dos caras” y le informa de la contratación. Estuvo contratada del 13 de febrero al 31 de marzo, tal y como le anunció el regidor, en los que percibió 5.276 euros.

Su teórica tarea, según declararon el concejal responsable y el propio alcalde, consistía en revisar mobiliario urbano (farolas, maceteros, papeleras) y vigilar lo que se decía en las redes sociales en un momento (febrero de 2023, a tres meses de las elecciones municipales) en el que “se había extendido una especie de mantra” en el municipio, según el alcalde: “Quizás el Ayuntamiento había descuidado la conservación, el mantenimiento, los detalles”.

Sin embargo, la mujer, que se sometió a una operación pocos días después de ser contratada de la que no consta baja en el Ayuntamiento, declaró que nunca recibió tarea a pesar de que, según ella, se puso a disposición de forma reiterada. En los mensajes aportados a la causa consta ninguno relativo a su desempeño, según ha podido comprobar este medio. Y en el sumario no hay ningún expediente, informe o registro documental de las tareas; no fue dada de alta en la aplicación informática que tienen todos los trabajadores, también los cargos de confianza; el concejal responsable de su área declaró que nunca le dio instrucciones ni se interesó por lo que hacía; y ella misma declaró que nunca trabajó ni le dijeron qué debía hacer.