Un juzgado ha exigido al Ayuntamiento de Estepona y sus responsables que cumplan una sentencia que llevan dos años ignorando. De lo contrario, dice la jueza, multará a los funcionarios o cargos públicos e informará al fiscal para que investigue si el “personal responsable” está cometiendo un delito de desobediencia.
La advertencia, formulada por el juzgado de lo contencioso-administrativo 5 de Málaga en una resolución del pasado 12 de marzo, tiene su origen en la resistencia del consistorio esteponero, liderado por José María García Urbano (PP), a devolver a los vecinos una calle privada de la urbanización Albayalde, situada entre la autovía y la línea de costa en la zona de Cancelada, tal y como informó este medio.
“Visto que el Ayuntamiento de Estepona ha incumplido en reiteradas ocasiones la ejecución de los términos de la sentencia dictada”, la jueza le da un mes para que lo haga. Pasado ese plazo, deducirá testimonio por un posible delito de desobediencia, dando traslado al fiscal. Además, requiere ya a la administración para que indique en diez días quién es “el personal funcionariado responsable de la tramitación y cumplimiento de la sentencia”, y acuerda una multa de 1.500 euros para cada uno de ellos, que se irá reiterando hasta que la sentencia se ejecute totalmente.
La resolución no cita expresamente al regidor, pero este asumió la decisión de no restituir el vial a los vecinos en el Pleno del pasado mes de noviembre. “No es que nosotros tengamos que devolver un vial”, aseguró, antes de explicar que ejecutar esa sentencia es “incompatible con el plan general”. Una tesis que ya ha sido rechazada por los tribunales.
Este martes, elDiario.es trasladó al consistorio las siguientes preguntas, que no fueron contestadas: “¿Va a cumplir el Ayuntamiento con el requerimiento del juzgado? Si es así, ¿ha restituido ya las vallas y barreras de acceso? ¿Cuándo lo va a hacer?”. “¿Ha indicado el Ayuntamiento quiénes son los funcionarios responsables de cumplir la sentencia? Si es así, ¿cuántos funcionarios son y qué cargos tienen?”. “A la vista de que el alcalde defendió la no restitución del vial en el Pleno de noviembre, ¿asume el regidor la responsabilidad de cumplir -o incumplir- la sentencia de 17 de febrero de 2022? ¿Es uno de los designados responsables por parte del Ayuntamiento ante el juzgado?”. “¿Quiénes van a abonar las multas de 1.500 euros impuestas por el juzgado? ¿Los funcionarios/cargos públicos responsables? ¿El Ayuntamiento?”.
Desde 2016, el Ayuntamiento pretende expropiar la calle Bauprés, una vía de apenas 100 metros que discurre en paralelo a la A-7. Razona que así permearía la trama urbana en este sector de la ciudad, muy condicionada por estar encajonada. Los vecinos y la oposición denuncian que se busca favorecer a un promotor privado amigo personal del alcalde, y que es el propietario un inmueble destinado a centro comercial. Ese inmueble sigue siendo hoy un esqueleto de hormigón, y sería de muy difícil acceso de mantenerse la titularidad privada de la calle Bauprés.
Hace años, el consistorio eliminó las barreras de acceso a Bauprés, similares a las que siguen existiendo en las otras entradas a la urbanización. Había decidido expropiarla, y primero ofreció 50.000 euros.
A los vecinos aquel precio les pareció irrisorio, así que llevaron el asunto ante los juzgados, denunciando también que el expediente se había tramitado de forma irregular. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictó sentencia definitiva el 17 de febrero de 2022: el procedimiento expropiatorio era nulo “de pleno derecho”. Los magistrados subrayaban que existió “una ausencia absoluta de competencia” para iniciar la expropiación, porque la calle no está declarada de utilidad pública en el PGOU.
Pese a ello, el alcalde insistió. Volvió a abrir otro expediente (nuevamente recurrido) e ignoró la sentencia del TSJA aun siendo firme. También incumplió el auto de ejecución, que los vecinos instaron cuando vieron que el consistorio no cumplía voluntariamente. De modo que han pasado dos años, y sigue sin reponer las barreras ni permitir que se repongan. No solo eso. Públicamente el regidor ha declarado que no va a ejecutar la sentencia ni a devolver el vial, y que todo es una cuestión de un trámite.
Sin embargo, el juzgado parece haberse cansado de que lo ignoren, y pretende obligar a que se cumpla advirtiendo de que, si le siguen ignorando, impondrá multas y enviará el asunto a los juzgados penales. Así consta en una resolución del pasado 12 de marzo, en el que se recuerda que ya se han desestimado todas las alegaciones y excusas puestas por el Ayuntamiento para no cumplir: que el PGOU no lo permite, que hay nuevo expediente de expropiación...
“Ello no justifica el reiterado incumplimiento del Fallo de la sentencia por la Administración, ocasionando con ello, un claro perjuicio a la Comunidad de Propietarios, que de forma soslayada con el expediente iniciado, está privando del derecho que le otorgo la resolución dictada”, se lee en la nueva resolución. La jueza subraya que ya lo sabe todo, y le exige al Ayuntamiento que cumpla de una vez.
La advertencia de abrir diligencias por delito de desobediencia y la imposición de multas a funcionarios y cargos públicos que ignoran resoluciones judiciales es una medida excepcional. Este medio ha informado en los últimos meses de dos casos.
El año pasado Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella (PP), fue denunciada por la Fiscalía (a instancias del TSJA) por negarse reiteradamente a demoler un edificio declarado ilegal por sentencia firme de 2009. Los hechos “ciertamente podrían ser constitutivos” de delito, dijo el fiscal en una resolución del pasado 20 de marzo avanzada por este diario. Además, el TSJA le impuso una multa de 1.000 euros. El asunto se trasladó a la Fiscalía del Tribunal Supremo (por ser Muñoz aforada entonces) y regresó a Marbella en noviembre. La Fiscalía dice que sigue investigando y el edificio no se ha demolido.
El otro asunto es el de El Algarrobico. El TSJA ha apercibido de multa de 700 euros en reiteradas ocasiones al exalcalde de Carboneras, José Luis Amérigo (PSOE), por incumplir intencionadamente (según el TSJA) la sentencia de 2018 que concluye que el suelo de El Algarrobico es no urbanizable, y traza el camino hacia su demolición. Pero El Algarrobico sigue en pie, enredado en una maraña jurídico-administrativo-política cada vez más compleja, y no hay constancia de que Amérigo haya llegado a abonar multa alguna.
En el caso de la expropiación en Estepona, los vecinos llegaron a querellarse contra el alcalde, al que imputaban prevaricación. Un juzgado de instrucción abrió diligencias para investigar por qué el consistorio insistía en una expropiación declarada nula, pero archivó el caso el pasado 14 de febrero por entender que no tiene, por ahora, naturaleza penal. El abogado de la Comunidad asegura que ha recurrido el archivo y ampliado la denuncia.
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