El Ayuntamiento de Estepona (74.493 habitantes), gobernado por el PP, no facilita ni a la oposición ni a la ciudadanía la declaración de bienes del alcalde José María García Urbano y otros concejales. Esta resistencia se prolonga desde que García Urbano fue elegido alcalde, en 2011, hasta las últimas semanas, cuando ha vuelto a ignorar las solicitudes de este medio y de la oposición, contraviniendo la Ley de Régimen Local, la Ley de Transparencia de Andalucía y las resoluciones del Consejo de Transparencia, que confirman que se trata de una información no solo pública, sino de obligada publicidad activa. Es decir, que debe ser difundida por el propio consistorio por medios electrónicos y de acceso universal y libre.
A pesar de la claridad de la norma, el Ayuntamiento de Estepona no publica ni la declaración sobre causas de posible incompatibilidad o actividades que puedan proporcionar ingresos a sus ediles, ni la declaración de sus bienes y de la participación en sociedades, incluyendo las sociedades por ellas participadas y las autoliquidaciones de los impuestos sobre Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades. No solo eso: tampoco las entrega a la oposición.
La ley obliga a realizar ambas declaraciones antes de la toma de posesión, y con el cese o el final del mandato. También cuando se modifican las circunstancias de hecho. Deben publicarse anualmente, según señala el artículo 75.7 de la Ley de Bases de Régimen Local y reiteran la Ley de Transparencia estatal y la andaluza, que exige además que se asegure la difusión y puesta a disposición de la ciudadanía “de la manera más amplia y sistemática posible”. “La información pública objeto de publicidad activa estará disponible en las sedes electrónicas, portales o páginas web de las personas y entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley de una manera segura y comprensible”, dice la ley, que resalta que es la obligación “mínima”.
El Consejo de Transparencia de la Junta de Andalucía la recoge, obviamente, en su “catálogo de obligaciones de publicidad activa” y se ha pronunciado en una decena de ocasiones sobre esta norma, interpretándola de la forma más amplia posible: no es solo que haya que publicarla, sino que es obligatorio recoger también declaraciones de años pasados (al menos desde 2016, cuando entró en vigor la norma), acompañar la autoliquidación del IRPF o que la información sea clara y no requiera “interpretaciones de cualquier tipo o cálculos aritméticos”.
No obstante, la oposición esteponera (muy mermada en los últimos años) no ha llevado este asunto al Consejo hasta ahora.
Desde hace años, los principales ayuntamientos de la provincia, como el de Málaga o el de Marbella, incluyen en sus webs accesos sencillos a la declaración de bienes de alcaldes y concejales. Nada de eso existe en la web del ayuntamiento de Estepona. Se da la circunstancia de que García Urbano es vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Durante la constitución del Pleno del pasado 17 de junio, el secretario municipal acreditó que todos los ediles habían cumplido la obligación de “cumplimentar el registro de intereses”. Sin embargo, el Ayuntamiento no ha contestado a la petición de este medio para conocer las declaraciones del alcalde y de algunos concejales con relación empresarial con García Urbano, y tampoco a la oposición. El PSOE presentó su última solicitud el 8 de septiembre y la anterior el 13 de junio. Ambas están sin responder.
Esta resistencia no es nueva. De 2011 a 2015, los socialistas pidieron reiteradamente que se publicaran las declaraciones de bienes. Lo hicieron en cada Pleno. 44 veces. Y 44 veces tumbó la moción la aplastante mayoría absoluta del PP. También lo ha pedido IU, que hace una semana volvió a reclamarlo.
El Consistorio respondió a La Opinión de Málaga que la información está a disposición de quienes tienen “derecho de acceso” en la Secretaría del Ayuntamiento. Cuando ha ocurrido, ha sido ante la vigilancia del secretario y sin sacar copia. La ley establece que el derecho de acceso es universal y libre, y debe facilitarse por el Consistorio mediante la publicidad activa. Es decir, en la web.
García Urbano sí tuvo que hacer pública su declaración de bienes en 2016, cuando resultó elegido diputado en la “legislatura corta”. Sus aspiraciones en política nacional se frustraron porque Juan Manuel Moreno decidió que en el PP andaluz no se puede ser alcalde o alcaldesa con escaño. De esta forma, renunció al Congreso y se quedó como alcalde. Así pudo también mantener su plaza como registrador de la propiedad de San Roque (Cádiz), a media hora de Estepona, de la que obtiene sus ingresos.
A diferencia de lo que ocurre con el resto de diputados de la “legislatura corta”, en la ficha de García Urbano no quedó constancia de su declaración de incompatibilidades. El expediente se declaró “extinguido por desaparición o cese del autor”. En cambio, sí aparece su declaración patrimonial: vivienda, garaje y trastero en Fuengirola, un depósito de 264.000 euros y una cuota de IRPF de 163.000 euros, lo que implica unos ingresos anuales superiores a 320.000. Además, consignó su participación en 14 sociedades limitadas, entre ellas Nuevos Aires 2002.
Esta última la constituyó en 2001 junto al constructor Bonifacio Solís y Juan Hoffmann, condenado en el Caso Malaya a cinco años de prisión por blanqueo y delito fiscal, y prófugo de la justicia desde entonces. García Urbano asegura que ya no es socio en Nuevos Aires 2002, pero Solís ha dado explicaciones contradictorias: dijo a este medio que “nada ha cambiado: si los papeles lo dicen, seguiré siendo socio [de García Urbano]”, pero a Marbella Confidencial le aseguró hace dos semanas que el alcalde le vendió sus participaciones “hace dos o tres años”. Nada se sabe de las participaciones de Juan Hoffmann, subastadas por la administración judicial del Caso Malaya.
ElDiario.es Andalucía ha publicado en los últimos meses informaciones exclusivas relativas a los intereses empresariales del regidor, de familiares o de personas de su entorno, que han establecido relaciones comerciales con el ayuntamiento de Estepona: por ejemplo, que García Urbano participa a través de una sociedad española en dos empresas luxemburguesas con inversiones en el sector fotovoltaico e inmobiliarias en la Costa del Sol (según él, como mero albacea); o el alcalde adjudicó por subasta varios inmuebles municipales a precio fuera de mercado a una empresa de Solís. También ha informado del fichaje de uno de sus hijos por B. Solís, la principal adjudicataria de obra pública de Estepona, y de la concesión de un prometedor negocio de restaurante a una sociedad administrada por la pareja de su hijo.
La maraña de intereses privados se extiende a su núcleo de confianza. Tanto la número 2 como el número 3 del ayuntamiento tienen vinculaciones societarias con él. Ana Velasco, la edil con más poder en Estepona (asume competencias en Vivienda, Urbanismo, Infraestructuras, Turismo, Medio Ambiente o la Policía Local), fue administradora de Nuevos Aires 2002, S.L. (la empresa que creó García Urbano con Solís y Hoffmann, y en la que participó al menos hasta 2016). Cuando en 2011 el alcalde ficha a Velasco para la política, en Nuevos Aires le sustituye su marido, Antonio Zarco, abogado de confianza de García Urbano. Ana Velasco también ha sido administradora única de Pleasing Noria, S.L., dedicada a la adquisición, compraventa y permuta de terrenos, que está entre las declaradas por el alcalde ante el Congreso. El pasado 23 de agosto, José María García Urbano se convirtió en administrador único de esta sociedad.
Por su parte, Salvador Pedraza fue fichado como edil “independiente” en 2019 y en 2023 escaló hasta el puesto 3 de la lista, aunque sigue siendo concejal sin cartera. Es decir, no tiene funciones de gestión asignadas. Sí negocios privados: es el dueño de una gestoría en calle Cuarteles (Málaga), a 80 kilómetros de Estepona. A pesar de la distancia, aquí tiene su domicilio social la empresa recién creada por la pareja del hijo del alcalde, a la que el consistorio ha concedido por 20 años la explotación del restaurante del Mirador del Carmen, una fastuosa torre que ha costado 16,3 millones de dinero público.
Esta gestoría sirve también de domicilio social para diversas sociedades del propio alcalde: Nogales de María, S.L., La Corrala de Capuchinos, S.L. y Pleasing Noria, S.L. Además, Pedraza y García Urbano son administradores solidarios de Resina de la Mairena, S.L., a través de la que participan en diversas sociedades luxemburguesas con casi 60 millones en activos, de parques fotovoltaicos a inmuebles.
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