La Junta avisa a los antidisturbios para proteger un paso sobre el río que facilita la obra de la gran depuradora de Málaga

Las máquinas han vuelto a Vega Mestanza, una extensión con miles de frutales donde está previsto ubicar la gran depuradora que dará servicio a la zona norte del área metropolitana de Málaga. Este miércoles, trabajadores de la UTE liderada por Sando han retomado los trabajos en el punto en que lo dejaron hace ahora dos semanas: las excavadoras han arrastrado piedras y tierra para generar una pasarela artificial que les permita atravesar el río Guadalhorce.

Lo han hecho protegidos por policías antidisturbios y entre las protestas de algunas decenas de vecinos y ecologistas, que reclaman que se abandone el proyecto porque está en zona inundable, supondrá la tala de unos 20.000 árboles (8.500, según la Junta de Andalucía), afecta a la economía y los terrenos de decenas de personas y es más caro que otras alternativas.

La Policía ha identificado al menos a una de esas activistas. “Me han dicho que se me iba a quitar la tontería cuando pasase una noche en el calabozo y que seguramente otro compañero no iba a tener la misma paciencia”, cuenta A.B, quien asegura que ha facilitado en todo momento sus datos y ofrecido a los agentes que una amiga recogiese su DNI de la tienda de campaña en la que lleva varios días haciendo guardia.

Estos días, simpatizantes de la causa, algunos venidos de fuera de Málaga, se alternan para custodiar el lugar, y han denunciado episodios intimidatorios. Hay fotos donde se observa la presencia en el lugar de coches con la matrícula tapada.

Una pasarela para vadear el río

Quienes se oponen a la obra ya denunciaron ante el Seprona la ilegalidad de la pasarela, por ahora sin efecto alguno. Aseguran que el paso de las máquinas por allí no está en el proyecto y que requiere de unos permisos especiales (por atravesar un río que forma parte del dominio público hidráulico) que no tiene.

“En el proyecto dice que atravesarán el río con colectores por debajo del cauce, no una pasarela para pasar con máquinas a la otra orilla”, asegura Mari Carmen Mestanza, bandera del movimiento de resistencia frente a la infraestructura. Según explica, el acceso está previsto por una carretera, pero es privado. “Como tendrían que expropiar, y eso lleva un tiempo, han decidido entrar por la pasarela”.

La Junta de Andalucía señala que tan sólo ha repuesto lo que antes se “destrozó” por los vecinos y activistas: según ha explicado primero una fuente autorizada, la pasarela sí aparece en el proyecto de obra, que está validado y autorizado. Posteriormente, la misma fuente ha admitido que el acceso principal es desde una carretera procedente de Alhaurín, y que los terrenos de ese acceso aún no han sido expropiados. “No obstante, se contempla un acceso auxiliar a través del río”, ha añadido esta fuente.

A última hora de la tarde, la Junta de Andalucía facilitó a este medio un plano del proyecto donde se contempla un “vado provisional” para el paso de maquinaria a través del río de 5,50 metros de ancho. “El acta policial de la inspección del Seprona recoge que no hay ilícito”, aclaran desde la administración autonómica: “Estuvieron en la caseta de la obra y la empresa les mostró la documentación”.

En teoría, la pasarela debía servir hoy para que unos supuestos biólogos (que los activistas no han podido identificar) observasen la zona. “Quieren talar 20.000 árboles, no han pisado el terreno ¿y ahora vienen una mañana una horita con una escalera? Eso tenía que haber sido en el informe medioambiental, pero allí se decía que como hay agricultura no hay flora ni fauna. Es un paripé”, protesta Mari Carmen Mestanza. La asociación ha aportado en los juzgados un informe de una bióloga donde se justifica el valor ecológico de la zona. Hace apenas un par de semanas, los activistas difundieron un vídeo con un camaleón, una especie protegida.

Una infraestructura para depurar aguas de 600.000 personas

La legalidad o no de la pasarela es el último clavo ardiendo en el terreno al que quieren agarrarse quienes se oponen al proyecto de instalar en este paraje una depuradora de 13 hectáreas de superficie con capacidad para depurar hasta 125.000 metros cúbicos diarios de aguas residuales procedentes de Cártama, Pizarra, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Torremolinos y Málaga norte. Dará servicio a unas 600.000 personas, cuyas aguas residuales se vierten actualmente al río sin depurar.

El proyecto está previsto desde hace casi quince años, se reactivó a finales de 2019 y fue adjudicado a una UTE integrada por Sando, Dinotec y Aquambiente por 106 millones de euros, que irán a cargo del canon de depuración. La Junta de Andalucía abona a la Comisión Europea algo más de 1,2 millones de euros en concepto de sanción por la falta de depuración en esta aglomeración urbana.

El consejero de Agua, Ramón Fernández-Pacheco, ha mostrado en varias ocasiones su voluntad de continuar la obra pese a que es la más cara entre todas las alternativas y a que obliga a talar miles de frutales: “Esta obra cuenta con toda la tramitación ambiental. Lo que supone un atentado ambiental es no depurar las aguas”. No ha importado tampoco su ubicación en una zona inundable “de alta probabilidad” (con una frecuencia inferior a diez años), que de hecho quedó totalmente inundada en las precipitaciones del pasado otoño. El proyecto prevé solventar este inconveniente levantando la infraestructura a cinco metros de altura.

Tras la paralización cautelar del proceso la pasada Navidad, unos 150 propietarios están siendo ya expropiados de sus parcelas, mientras el Tribunal Superior de Justicia dirime los recursos judiciales interpuestos por la asociación que representa a los vecinos.

En paralelo a la vía judicial discurre un movimiento de resistencia civil y político. Toda la oposición está en contra de la ubicación elegida. PSOE, Por Andalucía y Vox han mostrado su oposición a nivel comunitario (con preguntas a la Comisión Europea), estatal (con iniciativas en el Congreso), autonómico y municipal. También han presentado escritos ante el Defensor del Pueblo. Vox, el último en sumarse, ha asumido un notable protagonismo en las últimas semanas, lo que ha provocado recelos en grupos ecologistas y activistas también vinculados a la causa.