Tribunales
Un juzgado ha abierto una investigación para determinar si el Ayuntamiento de Estepona está prevaricando al intentar reiteradamente expropiar una calle privada de una urbanización costera. Desde 2016 y hasta ahora, el Ayuntamiento insiste en expropiar, a pesar de que los vecinos no quieren, de que hay una sentencia firme que le advierte de que no es posible y otra resolución le ordena reponer las vallas. El Ayuntamiento no lo hace y, cansados, los vecinos han abierto la vía penal. El auto de apertura de diligencias previas del juzgado de instrucción 4, dictado el 24 de octubre y al que ha tenido acceso este periódico, no cita a nadie como investigado, si bien la querella que lo origina se dirige contra el alcalde José María García Urbano (PP).
El conflicto surge por una pequeña vía, de apenas cien metros, que discurre en paralelo a la autovía A7, a la altura de un esqueleto de hormigón de lo que iba a ser un centro comercial. La calle, privada, es propiedad de la comunidad de propietarios Albayalde, pero hace años el Consistorio eliminó las barreras que impedían el tránsito, con el fin de convertirla en calle pública. Había decidido expropiarla ofreciendo un precio cercano a los 50.000 euros.
Los vecinos se rebelaron, recurrieron y acabaron por obtener una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que advierte de que la calle no está declarada de utilidad pública en el PGOU, de modo que no es expropiable. Hay una “una ausencia absoluta de competencia” para iniciar la expropiación, dicen los magistrados.
Pese a ello, el Ayuntamiento ha iniciado un nuevo procedimiento de expropiación. Defiende que hay un interés general en unir y permear esa y otras urbanizaciones de la zona, encajonada entre el mar y la autovía, porque eso evita pasar al lado norte de la autovía para hacer un cambio de sentido.
Sin embargo, algunos vecinos y la oposición creen que puede haber otros motivos: la apertura definitiva de la calle sería también un impulso para el centro comercial incrustado en la urbanización, propiedad de Galería Comercial Albayalde, S.L., una sociedad administrada por Miguel Ortega, dueño de Construcciones OV. Ortega es amigo personal de García Urbano y se le ha visto como apoderado del PP en las pasadas elecciones, según algunos vecinos.
El alcalde avanzó en el Pleno de noviembre que no va a ejecutar la sentencia ni a devolver el vial, y que solo hay que subsanar un trámite y completar la expropiación. Este medio ha intentado recabar la valoración de Miguel Ortega, pero este no ha devuelto la llamada.
La calle Bauprés discurre por el extremo norte de una urbanización de 95 viviendas a dos pasos de la playa. Entre casas blancas con nombre propio y extranjero, un cartel informa en español e inglés al comienzo de la aledaña calle Bergantín: “Propiedad privada. Prohibido el paso”. Y otro advierte de que es una zona vigilada con cámaras de seguridad. Otras calles más abajo (Trinquete, Mesana) lo demuestran con una verja que impide el paso.
Eso ya no ocurre en Bauprés, origen de un conflicto entre el Ayuntamiento y unos vecinos que denuncian “indefensión” por la actuación del Consistorio y lo que les acarrea. “Hemos tenido robos de vehículos, varias okupaciones en viviendas, robos menores… Un desastre. Aparte de la desvalorización que supone pasar de ser una propiedad cerrada y segura a unas calles abiertas”, protesta Pilar Gayoso, portavoz de la junta directiva de la comunidad de propietarios. Para todo lo demás, esa calle sigue siendo privada: “Pagamos mantenimiento de las aceras, el alumbrado…”
Su pelea comienza en 2016, cuando el Ayuntamiento de Estepona, liderado con mayoría absolutísima por José María García Urbano (PP), decide expropiar la vía. Inicia entonces un expediente de expropiación que muchos vecinos rechazaban. Algunos, porque valoran la tranquilidad de una urbanización cerrada, y así compraron su casa. Otros, porque el precio que pretendía pagar el Consistorio era escandalosamente bajo. Solo se dieron cuenta del atropello porque un vecino con conocimiento en la materia les advirtió de ello.
La comunidad recurrió la primera expropiación, y un juzgado de lo contencioso les dio la razón. El Consistorio había ignorado a los vecinos para fijar el justiprecio (52.000 euros) y aquello provocaba la nulidad del procedimiento. La sentencia fue recurrida, y el TSJA también se pronunció, aún más a favor de los vecinos: la expropiación era nula, pero no solo porque se obvió el procedimiento, sino porque no está justificado que esa calle sea pública y que el Ayuntamiento pueda expropiarla.
Un PGOU no puede dar una “habilitación general” para expropiar cualquier bien o derecho “que resulten sobrevenidamente convenientes para el desarrollo de cualquier otra actuación de interés general no indicada de manera concreta y detallada”, subrayan los magistrados, que recuerdan que la potestad expropiatoria supone “una de las manifestaciones más gravosas de exorbitancia administrativa”. El TSJA es claro: la utilidad pública no se puede deducir de “genéricas inferencias en base a un grafiado impreciso, aprobado veintidós años antes”.
Pese a la rotundidad de la sentencia del Alto Tribunal andaluz, dictada el 11 de marzo de 2022, ya firme, y a que se ha dictado auto de ejecución de sentencia en plazo de 30 días, el Consistorio y se niega a reponer las vallas en los extremos de la calle. Alega una “imposibilidad material” y ha comunicado al juzgado que ejecutar es “incompatible con el plan general”. El alcalde mantiene que la calle está calificada como “red viaria y aparcamientos públicos” en el PGOU y que, por tanto, se puede expropiar.
Entre algunos surgen dudas sobre los motivos de la actuación del alcalde. En el Pleno de julio, Emma Molina (PSOE) mencionó su relación personal con Miguel Ortega, propietario del centro comercial hoy semiabandonado. “Que yo sepa, el vial linda con un centro comercial, y que yo sepa es titular una sociedad limitada. No una persona, que usted aquí dice que es amigo y que supuestamente por eso el Ayuntamiento toma la decisión de expropiar un vial que supuestamente beneficiaría a esa persona”, replicó García Urbano.
Ortega, un constructor muy conocido a nivel local, es administrador de Galería Comercial Albayalde, S.L. desde julio de 2018. García Urbano sabe que Ortega, dueño del Grupo OV, es el dueño del inmueble y lo saben los vecinos de la comunidad, alguno de los cuales acusa de “cínico” al alcalde por despejar así la cuestión.
Entre tanto, ha iniciado un nuevo expediente de expropiación, y esta vez sí ha acudido a la Junta Provincial de valoración, que el 21 de septiembre señaló que el justiprecio es de 572.042,42 euros, lejos de los 52.000 que en su día quiso abonar el Consistorio.
La obstinación del alcalde ha acabado por enervar a la comunidad Albayalde, que ha acudido a la vía penal querellándose contra él por prevaricación. Es decir, cree que al ignorar el contenido de la sentencia del TSJA, ha tomado una decisión a sabiendas de que es arbitraria e ilegal. También han remitido el asunto al Defensor del Pueblo, que en una resolución del pasado 5 de octubre recuerda al Consistorio que las sentencias “deben ser ejecutadas en sus propios términos” y “en los plazos fijados para ello”.
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