La Fiscalía de Marbella ha asumido la investigación para aclarar si la alcaldesa Ángeles Muñoz cometió un delito de desobediencia al negarse a demoler una edificación sobre la que pesa orden de demolición judicial firme desde noviembre de 2020.
Desde entonces, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha reiterado en múltiples ocasiones al consistorio la obligatoriedad de cumplir con la orden, que tiene su origen en una sentencia de 2009 que declara la nulidad de la licencia de obras. Finalmente, el TSJA constató que la voluntad de colaboración del ayuntamiento era “sencillamente nula”. Tal y como informó en exclusiva elDiario.es Andalucía el pasado abril, los magistrados multaron con 1.000 euros a la propia Ángeles Muñoz, como máxima responsable del municipio, y pidieron a la Fiscalía que estudiase si su actitud podía constituir un delito de desobediencia.
Hasta ahora, la investigación había recaído en la Fiscalía del Tribunal Supremo, puesto que hasta mayo Ángeles Muñoz era senadora y, por tanto, aforada. Pero una vez que Muñoz ha dejado de ser senadora, las diligencias recaen de la Fiscalía del Tribunal Supremo a Marbella, donde el fiscal Julio Martínez Carazo ha incoado diligencias de investigación preprocesal, según consta en un escrito fechado el pasado 3 de octubre, adelantado por Marbella Confidencial, al que ha tenido acceso este medio.
Con los indicios ya existentes, más otros que pueda recabar, el fiscal debe decidir si presenta una querella contra Ángeles Muñoz o archiva las diligencias. En el expediente que tiene ya debería constar toda la documentación judicial del caso, pues el propio TSJA dio orden para que se remitiera. De hecho, antes de enviar el asunto a la Fiscalía del Tribunal Supremo, el propio fiscal jefe de Málaga, Juan Calvo-Rubio, firmó un decreto el 20 de marzo de 2023 en el que, “tras el estudio de la numerosa documentación remitida”, señalaba que “ha podido concretarse los hechos denunciados, que ciertamente podrían ser constitutivos de delito del art. 410 o 556 ambos del CP”, “al parecer” cometidos por la alcaldesa.
De prosperar esta investigación, Muñoz podría afrontar una inhabilitación para ejercer como cargo público. El Código Penal castiga a los funcionarios o autoridades que se nieguen “abiertamente” a cumplir las resoluciones judiciales con multas de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis meses a dos años. Para quienes se resistan o desobedezcan gravemente a la autoridad, la pena de prisión va de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses.
Esta investigación se suma a otras que podrían afectar a la alcaldesa, como la derivada de una querella de vecinos afectados durante años por el ruido de la discoteca Opium, por presuntos delitos de prevaricación, contra el medio ambiente y lesiones. El juzgado de instrucción 3 de Marbella investiga la concesión de la licencia, y ha llamado a declarar como investigados a tres de los cuatro querellados, incluyendo el concejal Félix Romero. Todos, menos Muñoz.
Otro juzgado, en este caso del orden contencioso-administrativo, debe determinar si, tal y como cree el fiscal, el Ayuntamiento vulneró el derecho fundamental de los concejales de la oposición al no entregarles en diez meses los expedientes de contratación pública con Codecosol, una empresa que habría sido una tapadera de la trama de narcotráfico y blanqueo liderada por el hijastro de la alcaldesa, según cree el juez Manuel García Castellón.
El caso de presunta desobediencia que ahora investiga el fiscal tiene origen en una licencia de obras concedida en 1998 (bajo gobierno de Jesús Gil) para construir una vivienda, en la urbanización de Artola, en una superficie destinada a equipamiento comunitario. Un juzgado declaró nula la licencia en 2009, y otro juez de lo penal llegó a condenar a Julián Muñoz y otros cuatro concejales por prevaricación. Sin embargo, la edificación no se ha demolido, igual que al menos 600 que siguen en situación irregular.
El Ayuntamiento alega que se trata de una situación “compleja” y “heredada”, a la que debe aplicarse la “mediación judicial” y medidas alternativas que sustituyan la demolición. Por ejemplo, legalizando o incorporando los inmuebles al dominio público. Sin embargo, en este caso, el TSJA ya ha denegado expresamente esa posibilidad. En marzo, el Ayuntamiento aseguró a este medio que ha planteado un “incidente de imposibilidad material de ejecución” de la demolición.
El consistorio argumenta que el coste social y económico de restituir la legalidad de cientos de edificios es “inasumible”. En un informe de septiembre de 2021, la asesoría jurídica cifraba en 246 millones de euros los costes de demolición asociados a ocho procedimientos judiciales que instan a la demolición de diversos edificios ilegales.
Desde que llegó al Consistorio, Muñoz hizo bandera de la legalización de estas construcciones, algunas tan emblemáticas como las cuatro gasolineras en zonas verdes o de equipamiento público, el Hotel Guadalpín, el Edificio Belmonsa o La Gaviota, la casa marbellí de Antonio Banderas. De hecho, hubo una legalización transitoria operada por el PGOU, hasta que este fue declarado nulo en 2015 por el Tribunal Supremo, precisamente por sanar las irregularidades urbanísticas a través del planeamiento municipal.
En cientos de casos, nadie se preocupa por el restablecimiento de la legalidad. Pero en otros, particulares afectados por las edificaciones ilegales han seguido reclamando a los tribunales el cumplimiento de las sentencias. Es el caso de Artola. El propio TSJA ordenó la demolición en noviembre de 2020, volvió a dar un plazo de tres meses en junio de 2021 (personalizando en la alcaldesa) y, un año después (junio de 2022) comprobó que el consistorio no había hecho nada.
De ahí que los magistrados concluyeran que “la colaboración de la Administración municipal para dar cumplimiento a la orden de demolición” es, “sencillamente, nula”, y pidieran a la Fiscalía que investigase el posible delito de desobediencia. Más de un año después, esa investigación vuelve a Marbella.
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