Ocho años después de que unos inversores cataríes plantearan el proyecto, y tras una tramitación administrativa punteada de idas y venidas, el ayuntamiento de Málaga está a punto de cerrar la modificación urbanística que permitirá que se levante un rascacielos en el Puerto de la ciudad. El pasado lunes aprobó cambiar el Plan Especial del Puerto para dar cabida al edificio, con 43.000 metros cuadrados de superficie y 116 metros de altura en 27 plantas destinadas a hotel de lujo. Iría sobre un suelo público, concedido por 50 años, donde hasta ahora se podían construir 6.000 metros cuadrados con una altura máxima de 13 metros, y sólo resta que la mayoría del PP en el Pleno lo ratifique. Cuando eso ocurra, la Autoridad Portuaria remitirá el expedientes a Puertos del Estado y de ahí, previo informe, al Consejo de Ministros, que levantará o no la prohibición general de construir un hotel en suelo portuario.
La pretensión de levantar un hotel a pie de bahía ha sido el proyecto municipal con más contestación de la última década. Los opositores son muchos: partidos políticos (IU y Podemos, de primera hora; PSOE y Ciudadanos, tras apoyarlo inicialmente); instituciones sociales, económicas, medioambientales y culturales (la Academia de Bellas Artes, el Colegio de Arquitectos, la Federaciones de Asociaciones de Vecinos, colectivos ecologistas) o externas (ICOMOS o el Defensor del Pueblo Andaluz); personajes ilustres (Miguel Ríos, Elvira Lindo, Peridis, Manuel Vicent, Emilio Lledó…); y cientos de ciudadanos anónimos llevan años advirtiendo de la brutal desfiguración del paisaje. El ayuntamiento recibió alegaciones de 1382 ciudadanos. Muchos se agrupan en la Plataforma Defendamos Nuestro Horizonte.
A favor, destacan el alcalde Francisco de la Torre y el PP, el Puerto y la Confederación de Empresarios. El veterano alcalde, que acaricia esta idea desde 2007 y la llevó en su programa electoral con el que recuperó la mayoría absoluta, no ha variado su postura a pesar de que el rechazo es transversal a los partidos políticos, incluyendo el suyo.
La empresa define el edificio como “imponente” y defiende que el hotel generará 600 puestos de trabajo y atraerá 300 cruceros y 500.000 turistas más al año. Si así fuera, implicaría doblar las 300 escalas de 2022 en una ciudad con evidentes síntomas de agotamiento por la masificación turística.
Más allá de su afección sobre el paisaje, su tramitación a trompicones y al borde de la legalidad, o su estatus simbólico del modelo económico del PP y De la Torre, sobre la idea del rascacielos pesa una pregunta básica: ¿cuál es el interés general de que haya un hotel de lujo sobre esa parcela pública? La oposición reprocha al PP que solo favorecerá a los intereses privados frente al interés general de la ciudadanía, retorciendo de paso la Ley de Puertos del Estado, la Ley de Costas y la Ley de Patrimonio Histórico.
“¿En qué beneficia este proyecto al interés general de la ciudad? Yo les contesto: en absolutamente nada. Está diseñado para mayor gloria de un fondo de inversión que lo que quiere hacer es un casino y un hotel de lujo tapando nuestra farola”, espetó Toni Morillas, concejala de Con Málaga (Podemos + IU). “Esta salvajada busca saltarse la Ley de Costas, para beneficiar a unos inversores privados”, apuntó Mariano Ruiz Araújo (PSOE), que advirtió de posibles responsabilidades a Carmen Casero, concejala de Urbanismo y firmante de la modificación.
La Ley de Puertos obliga al Consejo de Ministros a explicar muy bien cuál es el interés general de levantar la prohibición general de construir un hotel en suelo portuario. Puede hacerse “excepcionalmente, por razones de interés general debidamente acreditadas y previo informe de Puertos del Estado”, se lee en su artículo 72.4.
En febrero de 1999 el Consejo de Ministros autorizó el Hotel Vela en la Barceloneta con el argumento de que era de “utilidad pública”, porque permitiría “atender el previsible incremento de la demanda de visitantes que llegan a Barcelona a bordo de cruceros turísticos”. Poco después, se sustituyó la referencia legal de “utilidad pública” por el “interés general”, que es lo que se recoge en la actualidad.
El ayuntamiento de Málaga irá en la misma línea. La ley urbanística de Andalucía (LOUA) condiciona cualquier nueva ordenación a que se justifique “expresa y concretamente las mejoras que supongan para el bienestar de la población”. La modificación aprobada esta semana se justifica en la relevancia del sector turístico en Andalucía (más del 13% del PIB) y, particularmente, por la carencia de hoteles de lujo: “En una región como Andalucía con 8.6 millones de habitantes, sólo existen 54 hoteles de alta categoría, (cinco estrellas y cinco estrellas Gran Lujo), sobre una oferta de 3.480 establecimientos hoteleros”.
“Al final, acabarán vistiendo el muñeco, pero la voluntad del legislador está clara cuando pone una prohibición general”, advierte Juan Antonio Triviño, exdelegado sindical de UGT en el Puerto y portavoz de la Plataforma.
Esta semana, el alcalde ha insistido en que tiene “muchas más ventajas” potenciales (empleo, actividad económica, posicionamiento en el mercado del lujo, supuesta sostenibilidad de la construcción vertical) que inconvenientes, y que el impacto será muy inferior al de La Malagueta, el barrio de altos edificios justo al lado. El rascacielos, que sería el segundo más alto de Andalucía (tras la Torre Pelli de Sevilla) se situaría junto a la estación marítima, en el extremo del dique de Levante.
Quienes se oponen han probado de todo: han tirado de ironía mirando hacia otro lado (pues así no se verá el rascacielos, dijo la Junta de Andalucía), y han pedido insistentemente que se celebre una consulta popular. Consiguieron que interviniese el Ministerio de Cultura (que concluyó que no había pruebas de su “impacto irreversible” sobre el paisaje tras rechazar la torre inicialmente) e ICOMOS, un organismo asesor de la Unesco, que ha vuelto a rechazar el proyecto esta semana.
También han logrado que se declare que La Farola es un Bien de Interés Cultural que hay que proteger, aunque no parece que esa protección llegue hasta el futuro hotel, que se situaría a 700 metros de distancia. Ahora bien, sí hará falta un faro que la sustituya, pues el edificio “apagará” La Farola tapando su luz.
Ninguno de estos intentos ha torcido la voluntad del ayuntamiento y del Puerto, en funciones de promotor. Es la Autoridad Portuaria quien impulsa el expediente. “¿Por qué el puerto se convierte en promotor de una actividad inmobiliaria?”, se pregunta Juan Antonio Triviño: “Es el Puerto quien encarga los documentos y asume esos gastos”. El Presidente del Puerto no ha contestado a las preguntas remitidas por este medio.
Mientras los inversores permanecen en la penumbra. Nominalmente, era la promotora es Andalusian Hospitality II, constituida en 2015 con 5.000 euros de capital social. Después, se aseguró que la respaldaba Energy Capital; luego, apareció en escena Al Bidda Group; y ahora se asume que está detrás Al Alfia, un fondo de inversión catarí al que se supone vinculado a la familia real Al Thani y con mucho dinero.
Al Alfia promueve también una marina deportiva en el Muelle de San Andrés, pero no hay certeza de sus identidades ni de su potencia financiera más allá de sus promesas de inversión, que suenan regular en la ciudad tras la experiencia de otro jeque Al Thani en el Málaga CF. Entre medias, ha llegado a aparecer en escena el expresidente Real Madrid Ramón Calderón, quien dijo representarlos en España. Desde hace dos años no se sabe nada de él.
Fue el arquitecto José Seguí quien se presentó con la propuesta catarí bajo el brazo a finales de 2015. Por entonces, el presidente de la autoridad portuaria era Paulino Plata, un histórico del PSOE, que en lugar de abrir un concurso para determinar qué se hacía en esa parcela (como ocurrió con el Palmeral de las Sorpresas, también en el Puerto), blindó la propuesta de Seguí abriendo un procedimiento de competencia de proyectos. Esto le permitió reducir al máximo los plazos y el margen para otras ideas.
Sólo concurrieron los cataríes y otra opción, Light Tower Puerto de Málaga, de la que nunca se supo quién la respaldaba. Ganaron los cataríes, que obtuvieron la concesión del espacio condicionada a la superación de todos los trámites administrativos. Desde entonces han contado con el apoyo firme del alcalde de Málaga, el presidente del Puerto (ahora Carlos Rubio -PP-) y la Junta de Andalucía, que tuvo que rehacer la calificación ambiental favorable después de que caducara.
Si el Consejo de Ministros da su visto bueno, los promotores aún deberían obtener la licencia de obras, otro proceso que se prevé complejo. Triviño subraya que el asunto acabará en los tribunales y anticipa: “Estoy convencido de que ese rascacielos no se va a ver ahí, en la medida que pueda haber retrasos con elementos jurídicos, o por la decisión política, o por las movilizaciones que se hagan”. Y advierte de un último obstáculo material: la corrosión del dique (que afecta al menos a la parte superficial) encarecería el coste de construir ahí un rascacielos, quizá hasta hacerlo inviable.
Con Málaga ya ha anunciado que interpondrá un recurso de reposición y agotará “todas las vías posibles” para “torpedear la construcción del rascacielos del Puerto”. “La torre del puerto es una aberración que De la Torre quiere imponer con su mayoría absoluta”, denunció el portavoz del PSOE, Daniel Pérez.
En 2021, el Tribunal Supremo concluyó que el trámite de competencia de proyectos es demasiado “discrecional” y “arbitrario” para entregar un espacio público como el del Puerto. “La administración portuaria no ha podido fijar criterios de preferencia y, dado que las aportaciones de terceras peticiones son eventuales, tampoco cabe fijarlos en un momento posterior”, señala una resolución que, aunque referida al Puerto de Ibiza, podría servir de jurisprudencia en el caso de Málaga. La opción debería ser un concurso, advierten los magistrados.
Por ahora no ha llegado esa pantalla, aunque ya se atisba Madrid. De la postura de los ministros del PSOE, que pasó de promover la construcción, a la indefinición y, finalmente, la oposición frontal, dependerá si el polémico rascacielos queda ya descartado, o sigue su tortuoso camino administrativo, y probablemente judicial, hacia un final incierto.
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