Apenas a tres meses de las elecciones municipales, al longevo alcalde de Málaga le ha estallado un escándalo que lleva años larvándose. Dos concejales de su equipo de gobierno y el coordinador general de Urbanismo han sido llamados a declarar como investigados por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias. Nada más conocerse la imputación, el pasado viernes, Ciudadanos, que esta legislatura ha sostenido al alcalde Francisco de la Torre, pidió la cabeza de los concejales, o dejará de apoyarlo. Le puso un plazo, que venció a mediodía del lunes. La respuesta del PP llegó tres cuartos de hora antes del vencimiento: los imputados siguen en sus cargos. Y Ciudadanos respondió minutos después: da por roto el acuerdo y responsabiliza de ello a De la Torre.
José Cardador (gerente de Urbanismo), Francisco Pomares (concejal de Ordenación del Territorio) y Teresa Porras (concejala de Servicios Operativos) seguirán en sus cargos, a pesar de que el juzgado de instrucción 8 de Málaga los ha citado a declarar como investigados. Sobre Cardador, Pomares y Porras pesa la sospecha de que maniobraron para evitar que decenas de vecinos de la urbanización Villas del Arenal no fueran sancionados por infracciones urbanísticas. Estos vecinos habían construido piscinas, levantado pérgolas y ampliado sus casas sin tener licencia para ello. El fiscal cree que actuaron para que los expedientes de sanción caducaran.
En la comisión de investigación que se celebró en varias sesiones ante el Pleno durante la pasada primavera, Teresa Domingo, exjefa de Disciplina Urbanística, llegó a declarar que hubo “injerencias políticas” en la tramitación de expedientes de infracción, ratificando lo que había declarado a la prensa en 2014, poco después de ser cesada. “Tengo la convicción de que me destituyen porque no he querido prevaricar”, le dijo entonces a Málaga Hoy. Alberto Íñiguez, exjefe de Infracciones, también denunció ante la comisión de investigación que Porras le pidió “mirar para otro lado” en el asunto de Villas del Arenal.
Con estas dos declaraciones, varios partidos llevaron el asunto a Fiscalía, que apreció la posible existencia de delito en la actuación (y omisión) de los dos concejales y el jefe de Urbanismo. El equipo de gobierno ha dicho este lunes que mantiene a los tres en sus puestos, y Ciudadanos ha replicado que ya no hay pacto.
El pacto de investidura y el pacto andaluz
En un comunicado, el equipo de gobierno del PP asegura que no hay ningún párrafo en el pacto de investidura de Málaga que hable de la investigación sobre cargos públicos, y que la imputación de los dos concejales y el gerente no computa a efectos de aplicar el pacto andaluz entre Ciudadanos y el PP. Ese pacto establece que se los dos partidos se comprometen a “la separación inmediata de los cargos públicos en todas las instituciones andaluzas, tanto autonómicas como locales, que hayan sido o sean imputados formalmente por delitos de corrupción, hasta la decisión definitiva del órgano judicial”.
Para el equipo de gobierno del ayuntamiento de Málaga, la “imputación formal” se produce, en su caso, “una vez concluida la instrucción e iniciada la fase de juicio”. Por eso, concluyen que “aquí no se ha producido imputación-acusación formal”. Además, el comunicado añade la tesis de que “aquí no hay, en ningún caso, corrupción”. Y se completa el argumentario con una apelación al derecho a la presunción de inocencia de los tres investigados, que darán al juez las explicaciones que no pudieron dar al fiscal, según el equipo de gobierno.
Sin embargo, en el Código Penal no existe definición alguna de qué es la “imputación formal”, a la que se agarra el PP, ni existe tal cosa como una “imputación-acusación formal”. De hecho, en el Derecho Penal es clásica la distinción entre investigado (antes imputado), procesado y encausado. Pomares, Cardador y Porras están investigados, porque así lo decidió el juez, siguiendo el criterio del fiscal. Se garantiza así que puedan ejercer su derecho a defenderse. Una persona puede ser “procesada”, si llega un momento en que del sumario se deducen indicios de criminalidad. Ninguno de los tres cargos está procesado, pero este concepto no aparece en los pactos entre PP y Ciudadanos.
De la misma forma, tampoco existe en el Código Penal una definición de qué sean los delitos por corrupción, que según el equipo de gobierno, no existen en este caso. Sin embargo, el Consejo General de Poder Judicial tiene el criterio contrario al PP, e incluye su repositorio sobre procesos de corrupción los delitos de delitos de prevaricación por omisión, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, por los cuales la Fiscalía pidió la imputación de los tres cargos. Además, la Fiscalía pidió que se les investigue también por falsedad en documento oficial.
El PP acusa a Ciudadanos de “tacticismo”
El PP acusa a Ciudadanos de “tacticismo”El gobierno municipal del PP acusa a Ciudadanos de “tacticismo”, y aprecia que se realizan “interpretaciones distintas para la misma cosa en cada municipio”, lo cual es, según el equipo de gobierno, “oportunista e improcedente”.
Ángel Nozal, concejal en Mijas por el Partido Popular, vicepresidente de la mancomunidad de la Costa del Sol Occidental y candidato a alcalde, está imputado en al menos seis procedimientos (u ocho, según aseguró él mismo a eldiario.es Andalucía), sin que Ciudadanos haya pedido que se le aparte. El partido naranja no contestó en su día a las preguntas de este medio, aunque posteriormente alegó que aún estaba produciéndose la toma de posesión de los nuevos cargos, y que no había habido tiempo para exigir la renuncia de Nozal.
Poco después de las 12, Ciudadanos dio por roto el acuerdo en Málaga, “con todo lo que ello implica”. También acusó a De la Torre de “liar, enmarañar y de defenderse enredando”. En realidad, el envite de Ciudadanos tiene escaso recorrido a cien días de las elecciones, a las que De la Torre, 76 años, se presenta por quinta vez como candidato a alcalde. Puede poner en riesgo el acuerdo de presupuestos suscrito el 21 de diciembre, aunque eso está por ver. Y de cara a los comicios, sirve de parteaguas entre dos partidos que han caminado de la mano durante toda la legislatura.