En política local se nota la cercanía de unas elecciones cuando aumenta la frecuencia y el volumen de los mensajes que los partidos quieren colocar. Hay que vender deprisa las bondades del candidato y remarcar los errores de los demás. Es cuando más vale una portada con los delitos y faltas del rival. Algo así pudo pensar Manuel Redondo Gámez, vecino de Mijas, si hubiera existido. Y algo así pensó Juan Carlos González, según cree una fiscal, que acusa a este exconcejal mijeño del PP, cartero de profesión, de inventarse un personaje para interponer una denuncia falsa contra sus rivales políticos de Ciudadanos. El caso será juzgado por la Audiencia Provincial de Málaga el próximo 20 de junio.
Según el fiscal, González se valió de una identidad ficticia para interponer una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra Juan Carlos Maldonado (entonces alcalde) y José Carlos Martín (concejal de Turismo). Cuando llegó el momento, Manuel Redondo Gámez no pudo ratificar la denuncia. Los agentes de la Guardia Civil a los que se les había encargado la tarea de citarlo no lo encontraron porque se trataba de una identidad falsa. No hay nadie en España que se llame así. Además, ni la dirección ni el DNI existían.
En el escrito de acusación que la Fiscalía por denuncia falsa, al que ha tenido acceso este periódico, se dice que González tenía “la única intención de perjudicar políticamente al partido Ciudadanos de cara a las siguientes elecciones municipales”, que se celebraron el 26 de mayo de 2019. La denuncia había sido interpuesta ocho meses antes, el 12 de septiembre de 2018, a pesar de que los hechos denunciados ocurrieron durante la primavera de 2017. En el grupo municipal de Ciudadanos creen que todo formaba parte de un plan urdido desde la jefatura del PP local.
La fiscal pide que González sea condenado a un año y seis meses de prisión, 18 meses de multa diaria de 15 euros e inhabilitación para presentarse a unas elecciones. Ciudadanos, personado como acusación particular, pide que se le condene a dos años de prisión por denuncia falsa y cuatro años y medio por falsedad documental, además de una indemnización de 25.000 euros al concejal Martín.
Todo empezó con un viaje de siete días al Algarve de personas mayores residentes en Mijas. El ayuntamiento había licitado la contratación el 9 de febrero, por valor de 322.575 (IVA incluido), pero anuló la licitación en primera instancia porque un técnico alertó de que era imposible completar el proceso antes de la fecha del viaje, previsto para principios de mayo.
Sin embargo, pocos días después el ayuntamiento volvió a abrir idéntico proceso, y esta vez lo culminó, adjudicando el contrato a Halcón Viajes, S.A. por 301.070 euros, a razón de 261,80 euros por cada una de las 1.150 plazas que ofrecía. Según relata la fiscal, el técnico había vuelto a oponerse a la adjudicación, advirtiendo deficiencias de higiene y de que las habitaciones del hotel no estaban adaptadas para personas con discapacidad.
El viaje se realizó a mediados de mayo, pero el ayuntamiento no firmó el contrato hasta el 29 de mayo. Sin embargo, el ayuntamiento reparó este defecto a efectos presupuestarios: aprobó en Pleno un reconocimiento extrajudicial de créditos, un trámite previsto en la ley y habitual en las corporaciones locales. “Sabía además el acusado que por ello no se causó perjuicio alguno a las arcas públicas”, dice la fiscal, y que el informe técnico no tenía relevancia a efectos administrativos, mucho menos penales como para sostener una denuncia.
A pesar de todo, el 7 de noviembre de 2018, alguien presentó una denuncia por presunta prevaricación administrativa contra el alcalde y el concejal. A la vista de que el denunciante no la ratificaba, fue archivada el 17 de enero de 2019 por el juzgado de Instrucción 2. Es el mismo que ha acabado investigando y abriendo juicio oral contra el supuesto denunciante enmascarado. Lo descubrió un desliz profesional: se guardaba las comunicaciones postales dirigidas a Manuel Redondo Gámez, la persona inexistente. No fue complicado que en Ciudadanos ataran cabos y denunciaran el ardid ante Fiscalía.
En el partido naranja están convencidos de que el exconcejal cartero seguía órdenes. “Es inconcebible que [Ángel] Nozal, siendo candidato a la alcaldía por el PP no estuviese al tanto de esta operación macabra”, señala José Carlos Martín, el concejal de Turismo denunciado en su día.
Mijas (89.502 habitantes y 111 millones de presupuesto) es un municipio malagueño cuya vida política aún arrastra los efectos de las convulsiones de la pasada década, cuando en 2015 Juan Carlos Maldonado (por entonces en Ciudadanos) tomó el relevo en la alcaldía de Ángel Nozal (PP), un veterano político que acumulaba entonces media docena de imputaciones penales.
Maldonado se convirtió así en el regidor más relevante del partido naranja, a pesar de gobernar en minoría (cinco concejales de Ciudadanos frente a once del PP, que empezó apoyándolo), a costa de una inestabilidad que lastró cualquier acción política. En cuatro años Mijas conoció cuatro configuraciones de gobierno: Ciudadanos y PP; Ciudadanos, PSOE y Costa del Sol Sí Puede; Ciudadanos y PSOE; y Ciudadanos, que acabó gobernando en solitario con cinco concejales de 25.
Nozal nunca perdonó la supuesta traición a su pacto inicial, y a los siguientes comicios, en 2019, desobedeció la instrucción del PP para apoyar a Maldonado, lo que le valió un expediente de su propio partido. “Ni Maldonado ni nadie de Ciudadanos será alcalde en Mijas con los votos del PP, ni ahora, ni dentro de dos años, ni nunca”, dijo. Maldonado, que había militado en el PSOE hasta poco antes de las elecciones de 2015, acabó renegando de Ciudadanos en 2021 y distanciado de su antiguo grupo municipal, aunque mantuvo su acta de concejal y de diputado provincial. Luego se ha unido a Por Mi Pueblo.
En los últimos cuatro años han cambiado las tornas. Los seis ediles naranjas (ya sin Maldonado) se han integrado en el gobierno liderado por Josele González (PSOE), un pacto fraguado tras la negativa de Nozal a volver a hacer alcalde a Maldonado.
En estos cuatro años se ha impuesto la calma, pero en la pasado legislatura los políticos de Mijas se cruzaron denuncias, querellas e investigaciones, a cada cual más rocambolesca, con la bronca entre Maldonado y Nozal dominando la escena. Hubo denuncias por espionaje informático que llegaron a los tribunales, un apagón de los ordenadores por orden del Tesorero para evitar la fuga de información sensible, acusaciones de fraude de Ciudadanos contra el perito que firmó el informe (archivada), supuestos sobresueldos y hasta un publicitado (y grabado) intento de compra de un concejal de Costa del Sol Sí Puede por parte del PP. Todo ello, en los meses previos a las elecciones de 2019.
En este contexto de rivalidad política, profunda animadversión personal y chuscas puestas en escena se producen los hechos que se juzgarán el 20 de junio. La providencia que señala fecha fue dictada el pasado 20 de enero. El escrito de acusación de la fiscal es del 27 de junio del año pasado, aunque Ciudadanos lo ha dado a conocer ahora, a cuatro meses de los próximos comicios.
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