Cada día, miles de personas pasan en Marbella (156.295 habitantes) un reconocimiento facial o ponen su dedo sobre un lector de huellas para fichar en el trabajo. El ayuntamiento marbellí, gobernado por Ángeles Muñoz (PP) recopila desde el año pasado datos biométricos de sus trabajadores, sean funcionarios o contratados, para controlar que cumplen su jornada laboral. En total, hay unos 4.000 empleados públicos en el consistorio.
Después de aplicarlo a la mayoría de las dependencias municipales, este enero ha empezado a hacerlo en la Policía Local, donde está generando resistencia: varios agentes se han negado, y otros que habían prestado consentimiento han solicitado que se cancele el acceso a sus datos. El ayuntamiento les ha denegado la petición, y tampoco parece tener intención de cancelar el sistema, a pesar de que una guía de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) subraya desde noviembre la irregularidad de estos controles salvo que cumplan unos estrictos criterios de necesidad y estén autorizados por una norma con rango de ley.
“Yo me he negado a dar mis datos. Y muchos compañeros no están de acuerdo, porque entendemos que hay normativa que prohíbe el uso tan de datos tan importantes como huella y reconocimiento facial”, explica por teléfono Sergio Ruiz, delegado de en la Policía Local del Sindicato de Empleados Públicos de Marbella (SEPMA). Este sindicato ha denunciado ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía la implantación generalizada del control biométrico, que el ayuntamiento aprobó por Decreto en diciembre de 2022.
En abril de 2023 el Consejo admitió a trámite la denuncia de SEPMA, y se dio un plazo de 18 meses para resolver. Desde entonces, Marbella ha seguido recopilando datos de trabajadores de Urbanismo, Vía Pública, servicios centrales y, ahora, la Policía Local. También ha abierto expedientes disciplinarios a al menos dos trabajadores del servicio de Parques y Jardines que se negaron a facilitar los datos, según ha podido comprobar elDiario.es Andalucía.
El ayuntamiento de Marbella no ha contestado a las preguntas formuladas por este medio.
Los datos biométricos entran dentro de la categoría de datos personales protegidos por el artículo 18.4, y el Tribunal Constitucional ha subrayado que el derecho fundamental garantiza que toda persona debe poder controlar el uso y destino de sus datos.
La insistencia del consistorio marbellí parece chocar con la nueva guía sobre “tratamientos de control de presencia mediante sistemas biométricos”, publicada por la AEPD el pasado 23 de noviembre. En ella se fijan los criterios de uso de la tecnología tanto con fines laborales como no laborales. La utilización de datos biométricos supone un tratamiento de categorías especiales de “datos de alto riesgo”, según subraya la agencia pública, que impone límites “estrictos” para tratar estos datos y superar los análisis de “idoneidad, necesidad y proporcionalidad”. La nueva guía pretende adaptar la práctica española a las directrices del Comité Europeo de Protección de Datos, bajo un criterio general de prohibición del tratamiento de estos datos, con excepciones tasadas.
A diferencia de otros países europeos, hasta noviembre el criterio era que el sistema se consideraba válido si se limitaba a casos donde era necesario. Ahora, la AEPD considera que no hay autorización genérica en la legislación española, de modo que para el registro de jornada y control de acceso con fines laborales, “el responsable [de los datos, aquí el ayuntamiento de Marbella] debe contar con una norma con rango de ley que autorice específicamente utilizar datos biométricos para dicha finalidad”, señala la agencia. El consentimiento no puede levantar la prohibición, “al existir un desequilibrio entre la persona a la que se somete al tratamiento y quien lo está llevando a cabo”.
Tras la publicación de la guía, interpretada unánimemente como una restricción al sistema de “fichaje” con datos biométricos en empresas e instituciones, el ayuntamiento no ha variado su plan de acción. Al contrario, acaba de extender el sistema a la Policía Local. A mediados de diciembre, el Intendente Jefe dirigió una instrucción a toda la plantilla convocándola a la toma de datos biométricos. Y el 29 de diciembre avisó de que a partir del 1 de enero se implantaría el sistema de control horario.
Según SEPMA, quienes se niegan a pasar por el aro están siendo presionados. El verano pasado, el ayuntamiento abrió expediente al menos a dos trabajadores adscritos al servicio de Parques y Jardines por negarse a fichar “mediante los medios habilitados por el Ayuntamiento”. Les acusó de negarse a realizar la biometría facial. Ambos reclamaban seguir fichando mediante el sistema de firmas, pero les informaron de que ya no estaba vigente. Y aunque aportaron la hoja de firmas, la instructora consideró que estaban “evadiendo” los sistemas de control horarios y les imputó una falta grave, según los pliegos de cargos a los que ha accedido este medio. Se enfrentan a una posible suspensión de empleo y sueldo de hasta tres años. El ayuntamiento no ha aclarado si ha resuelto el expediente.
El acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de los datos son derechos esenciales y recogidos por la norma municipal que regula el registro. Sin embargo, el consistorio marbellí desestimado en al menos una ocasión la solicitud de supresión de datos biométricos instada por un agente de Policía. En esa resolución, el ayuntamiento razona que cumple una de las excepciones a la prohibición general, ya que el reconocimiento facial o dactilar sería “necesario” para hacer cumplir los horarios.
La insistencia del ayuntamiento marbellí en mantener el sistema contrasta con las adaptaciones o renuncias de otras instituciones. José Luis Gutiérrez, secretario general de SEPMA, explica que el ayuntamiento de la vecina Estepona desistió de su propósito tras una reunión que mantuvo con el alcalde José María García Urbano (PP). En la Diputación de Sevilla se va a dejar de usar en las próximas semanas “por la nueva guía”. “Lo dejamos de usar por la nueva guía. Los criterios que aporta ahora la AEPD rompían con la opinión mantenida hasta el momento, y limitan el uso para fines de control horario”, explican fuentes de la administración provincial. Allí implantaron simultáneamente la huella dactilar y la tarjeta de proximidad, que será el único método a partir del 16 de febrero.
El pasado agosto (antes, por tanto, de la nueva guía), la AEPD obligó a la Diputación de Cuenca a suspender el control por huella dactilar al menos hasta que realizara una evaluación del impacto que tome en cuenta “los riesgos para los derechos y libertades de los empleados”. Esa evaluación de impacto no se ha hecho en Marbella. “Siempre terminan obligando a que se elimine”, advierte Gutiérrez, que lamenta que la denuncia ante el Consejo de Transparencia tarde tanto tiempo en resolverse. El sindicato está participando también en una queja conjunta ante el Defensor del Pueblo, en la que van a participar al menos siete agentes.
La política de recursos humanos en el ayuntamiento de Marbella hace tiempo que está en cuestión. Este medio ha contado que se han destinado fondos europeos a contratos en fraude de ley, que cargó 50.000 horas extra en un mes (con algunos empleados del área de Limpieza cargando 721 horas, más de las que tiene el mes) o que los tribunales obligaron al consistorio a hacer indefinidos a cientos de trabajadores tras contratarlos en fraude de ley para tareas ordinarias. Un juzgado de instrucción abrió diligencias de investigación por el presunto enchufismo en Limpieza (luego archivadas) y ha habido al menos un caso de “traje a medida”, declarado así por sentencia judicial.
Igual que en el anterior mandato, el concejal responsable de Recursos Humanos es José Eduardo Díaz, que también controla las áreas de Urbanismo, Industria, Vía Pública y Seguridad Ciudadana. Es, por tanto, responsable directo de la Policía Local. Díaz es un concejal muy próximo a Muñoz. También era de confianza para el hijastro de Muñoz Joakim Broberg, procesado por narcotráfico y blanqueo de capitales por la Audiencia Nacional. Tal y como desveló elDiario.es, Broberg recurrió a Díaz para ofrecerle un posible adjudicatario de un local, en una llamada intervenida por la Policía que consta en el sumario. El concejal le dice que no puede hacer nada porque no tiene competencias, pero promete cuidarle. “Me cuidas, eh”, le dice Broberg a Díaz. “Eso siempre”, responde él. Díaz también aparece mencionado en un correo en el que un exdirector de un medio de comunicación narra a Muñoz que Díaz y otra concejala habían pagado publicidad en su medio con facturas falsas.
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