El Comité de Derechos del Niño, órgano de las Naciones Unidas que vela por el cumplimiento de los derechos de la infancia, considera que “no se tomó el interés superior del niño como consideración primordial en el procedimiento de determinación de la edad al que fue sometido” un menor migrante no acompañado procedente de Argelia que fue internado en diciembre de 2017 en la cárcel-CIE de Archidona (Málaga), donde permaneció más de un mes antes de ser trasladado a un centro para menores. El Comité recoge violaciones de hasta cuatro artículos de la Convención de los Derechos del Niño.
Aquel joven formaba parte del grupo de 11 jóvenes migrantes que fue encerrado en el centro y posteriormente devuelto a Argelia, que la federación Andalucía Acoge consiguió identificar como menores de edad, como informó este medio en aquel tiempo. En ese momento, aunque no pudo probarse, todo apuntaba a que eran 20 los menores encerrados en el centro penitenciario. El dictamen, al que ha tenido acceso este medio, dice que el Estado español deberá proporcionar ahora al una reparación efectiva por las violaciones sufridas y deberá asegurarse de evitar que se cometan violaciones similares en el futuro.
El joven B.G. llegó a las costas de Lorca, España, el 17 de noviembre de 2017 a bordo de una patera. En comisaría, manifestó ser menor de edad. Sin embargo, permaneció junto a las demás personas que acababan de llegar a España, encerrado en un calabozo y, posteriormente, el juzgado de Archidona ordenó su detención en la prisión de Málaga II de Archidona, sin que se le hubiere realizado la prueba de determinación de la edad. En noviembre de 2017, la Delegación de Gobierno en la Región de Murcia emitió acuerdo de devolución en su contra, por lo que finalmente en enero de 2018 fue trasladado a un centro de protección de menores a instancias del propio Comité, permaneciendo todo ese tiempo privado de libertad de forma injustificada.
El dictamen señala que “los documentos de identidad, cuando se encuentren disponibles, deben considerarse siempre válidos, salvo prueba en contra”. El Comité hace también un llamamiento al Estado español para asegurar que el mejor interés del niño se tome como “consideración primordial” en el procedimiento de determinación de la edad. Entre otras recomendaciones, el Comité dice que España debe “desarrollar un mecanismo de reparación efectivo y accesible para los jóvenes migrantes no acompañados que afirman ser menores de 18 años para que puedan solicitar una revisión de los decretos de mayoría de edad por parte de las autoridades en aquellas situaciones donde la determinación de su edad se realizó sin las garantías necesarias para proteger el interés superior del niño y su derecho a ser escuchado”.
Según ha indicado Andalucía Acoge en un comunicado, la resolución de la ONU supone “la culminación al intenso trabajo jurídico de la federación y su entidad federada Málaga Acoge, que envió varios escritos a la Fiscalía de Málaga y la Fiscalía de Menores, y elevó queja al Defensor del Pueblo indicando que en la prisión de Málaga II se encontraban personas de nacionalidad argelina, presuntamente menores”. El asunto fue elevado al Comité de Derechos del Niño ante la falta de respuesta adecuada de las instancias nacionales. Según José Miguel Morales, secretario general de la federación, “este pronunciamiento supondrá un importante precedente para que el procedimiento de determinación de edad de los menores que migran solos se realice con todas las garantías”. Morales se ha mostrado satisfecho por el reconocimiento que supone a la ardua tarea del equipo jurídico de la organización y también ha destacado la importancia de que las instituciones internacionales escuchen las exigencias a las entidades sociales cuando denuncian abusos del Estado.