La negativa del padre de dos niñas de un instituto de Málaga a que sus hijas lleven mascarilla durante el recreo, tal y como recoge la norma, ha provocado un enfrentamiento con el centro educativo y con la propia consejería de Educación, que ahora tiene muchas posibilidades de acabar ante los tribunales. Después de que el equipo directivo del instituto Ibn Bel Jatib de Rincón de la Victoria expulsara a las niñas durante diez días, el hombre publicó en Facebook grabaciones de videos, audios y fotografías de funcionarios públicos que habían intervenido previamente para explicar a la familia las normas vigentes. Este lunes, la Consejería de Educación advirtió de que está recopilando toda la información para llevarla ante los juzgados, y el propio consejero terció para advertir de que no tolerará “amenazas” a los docentes, directivos o inspectores.
El padre de las niñas, Antonio Martín, es un negacionista que cuestiona la realidad de la pandemia (la “dictadura covidiana”, según él) en su muro de Facebook. Es también un seguidor de otras teorías de la conspiración, como la del fraude electoral en Estados Unidos. El 7 de febrero regresó “tres días bloqueado por la dictadura de Facebook”.
Cuando conoció la expulsión de sus hijas, publicó en esa red social un post denunciando lo que a su juicio es una “expulsión ilegal de dos menores por bozal”. “En un Instituto de Málaga, un director lleva cuatro meses coaccionando a dos menores de edad por no ponerse bozal en el recreo, sólo en el recreo, al aire libre y guardando la distancia de seguridad, cumpliendo el Decreto vigente en España. En clase se ponen el bozal para evitar problemas. Aun así, han sido expulsadas”, expuso el 9 de febrero, pidiendo que se difundiera su mensaje.
“Poder respirar esa media hora”
El hombre insiste en que, aunque las normas del centro y el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud establecen el uso obligatorio de la mascarilla a partir de seis años independientemente de la distancia interpersonal, el Decreto-Ley 21/20, promulgado por el Gobierno en junio, le ampara. Esa norma de rango estatal establece que la mascarilla es obligatoria en espacios al aire libre “siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros”.
Aseguraba que el director “les había quitado sus derechos a asistir a clase online” y que “lo peor de todo es que afirma que no puede demostrar que no llevar bozal atenta contra la salud”. Según Martín, el centro no permitía a las niñas salir del recinto durante el recreo “para poder respirar esa media hora”. El padre de las niñas advertía: “Vamos a denunciar a todos ellos [director, inspectores y la delegada de Educación] en el juzgado”. “Basta ya de dictadura!!”, concluía su post, en el que pedía “inhabilitación para el dictador”.
Y acompañó el post de un vídeo grabado supuestamente en varios días de enero, en el que las niñas denuncian que la distancia de seguridad entre los demás menores no se respeta durante el recreo, mientras ellas permanecen alejadas. También se observa a un policía local en el interior del colegio. El agente pide a la niña que no le grabe y le advierte de que le va a denunciar. “Puedo grabarte, para el juzgado puedo grabarte”, le dice la niña.
Después, Martín publicó otro post donde explicaba que había bloqueado a “casi 200 funcionarios públicos” que habían intervenido en su perfil. “También agradezco a esa minoría comprensiva y buenos profesionales, que los hay, aunque estén perseguidos y arrinconados por esa masa de extrema izquierda que domina la educación pública”, aseguraba.
Reacción de apoyo de otros institutos, denuncia de los inspectores y advertencia de Imbroda
A través de un hashtag en Twitter y Facebook, #yosoydelBenJatib, decenas de centros educativos y docentes de Málaga y otras provincias andaluzas se han solidarizado con el IES Ibn Bel Jatib, cuyos profesores, junto con algunos padres, se han concentrado brevemente a las puertas del centro. “No son bozales, son mascarillas y nos protegen del coronavirus. Todos y todas debemos cumplir la normativa”, decía una pancarta.
“Siempre hay quienes pretenden saltarse estas normas, aunque pongan en peligro la salud de los demás”, se decía en el manifiesto que ha leído un docente: “La enseñanza puede y debe estar sujeta a la crítica, pero no a la descalificación, el insulto o la calumnia”. Allí se ha presentado también el propio padre. La concentración ha terminado por orden de la Policía, ya que no se había solicitado permiso.
La Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) ha pedido a Mercedes García Paine, delegada de Educación, que acuda a los tribunales. El consejero Javier Imbroda ha terciado en la polémica, ha asegurado que serán “estrictos en nuestras normas” y ha anticipado que llevará esta “situación anómala” ante la Fiscalía. “No vamos a consentir bajo ningún concepto que ningún profesor, maestro, director, equipo directivo se sienta amenazado por nadie”.