El PSOE de Málaga, por fin, ha deshojado la margarita. Desde hace años, se pregunta recurrentemente a los socialistas si apoyan la construcción de una torre para uso hotelero en el dique de Levante del puerto de Málaga, un proyecto muy polémico que genera rechazo en muchos ciudadanos. Hasta ahora, se ponían de perfil aduciendo que estaban en un proceso de “escucha activa”, pero este martes, el portavoz Daniel Pérez ha convocado a la prensa para decir que no. Alega que la construcción, de hasta 150 metros de altura, supondría “un atentado patrimonial irreversible” para la ciudad.
El voto negativo de los socialistas, que apoyaron activamente el proyecto al menos hasta 2018, no es determinante a nivel municipal, donde el equipo de gobierno (PP y Ciudadanos) tendría asegurada la mayoría para aprobar de manera definitiva la modificación de elementos del Plan Especial del Puerto. Sin embargo, la decisión de los socialistas malagueños es un torpedo a la línea de flotación del proyecto, por la trascendencia que puede tener en el posicionamiento de los socialistas a nivel federal.
El Consejo de Ministros tiene en su mano la decisión final, pues le corresponde autorizar o no el cambio a uso hotelero del suelo portuario. La contundencia del posicionamiento del PSOE de Málaga, después de tantos años, y la certeza de que este posicionamiento ha sido al menos consultado orgánicamente, sugiere que el proyecto no saldría adelante, al menos tal y como está planteado ahora. Pérez, que hace pocos meses salió reforzado orgánicamente al resultar elegido secretario general provincial, asegura que el partido estaba informado. “Se está tramitando una modificación del plan especial a nivel municipal. Cualquier otra cosa es a día de hoy una entelequia”, dice, evitando vincular el rechazo a la eventual posición del PSOE a nivel federal o en el Consejo de Ministros. “Es un posicionamiento del PSOE municipal,pero no se puede negar que esto es el PSOE”, comenta.
Juan Antonio Triviño, portavoz de la plataforma Defendamos Nuestro Horizonte, celebra la nueva posición del PSOE, y cree que es un indicativo más de que el proyecto acabará por cancelarse. “El debate no es si me gusta o no, sino que hay muchos argumentos técnicos para oponerse: la viabilidad técnica y económica del proyecto, el país que se supone que está detrás [Catar], la situación económica… Y además, es una chapuza administrativa. Toda esa evidencia parece que ha permitido recuperar la cordura a algunos”. Triviño cree que el asunto no llegará al Consejo de Ministros, porque el proyecto, presentado en 2016, acabará siendo rechazado a nivel municipal. “El debate está en Málaga y en los malagueños”.
35 alturas dedicadas a hotel de lujo
El rascacielos, que se construiría sobre el suelo público de la explanada del dique de Levante, tiene asignada una edificabilidad máxima de 45.000 metros cuadrados, podría tener una altura de hasta 150 metros en 36 plantas (aunque en el proyecto queda reducido a 116), y está supuestamente destinado a hotel de lujo. Actualmente, esa parcela portuaria tiene una edificabilidad de 6.000 metros cuadrados en un máximo de 13 metros de altura, sin que se contemple el uso hotelero.
“Se convertiría en un atentado patrimonial durante siglos, y el rechazo es creciente”, ha dicho Pérez, que ha vuelto a pedir al alcalde Francisco de la Torre (PP) que convoque una consulta ciudadana, como ha ocurrido recientemente en Alicante. “Quiero que quede claro que el PSOE está en contra de la construcción del hotel-rascacielos en el dique de Levante. No reúne las condiciones. No estamos en contra del proyecto, estamos en contra de la ubicación del mismo”, ha explicado Pérez. Los socialistas sostienen que esto es lo que piensan “la mayoría de los malagueños y malagueñas”, más allá de las redes sociales. “Ya está bien de desarrollismo, de construir por construir y de ir de ocurrencia en ocurrencia”.
El proyecto, firmado por el arquitecto José Seguí, está auspiciado por inversores cataríes y cuenta con el impulso de la Autoridad Portuaria. En contra del rascacielos en ese lugar se han manifestado el Colegio de Arquitectos de Málaga e ICOMOS (órgano asesor de UNESCO). El proyecto recibió 1.382 alegaciones en contra, y la propia abogacía del Estado se mostró en contra de la iniciación de los trámites en el Consejo de Administración del Puerto, según ha desvelado El Observador. Asociaciones, personajes de la Cultura y la Universidad, ONGs y muchos ciudadanos particulares se oponen.
También el Ministerio de Cultura abrió un expediente el año pasado, apreciando indicios de un posible “expolio” paisajístico, aunque acabó archivándolo por la falta de evidencias. No obstante, recomendó que tuviera en cuenta referentes de altura cercanos, como La Equitativa, la Catedral o los edificios de La Malagueta. Tampoco afectará finalmente al proyecto la catalogación como BIC de La Farola, el viejo faro que quedaría opacado por la nueva construcción.
El cambio de postura en el PSOE y la evaluación ambiental
El anuncio de Pérez, que es también el secretario general del PSOE malagueño, es llamativo por la contundencia con la que lo ha expresado, después de años esquivando las preguntas sobre su posición. Culmina así un movimiento gradual: los socialistas comenzaron impulsando el proyecto desde la propia autoridad portuaria (en 2016, el presidente era Paulino Plata) y la Junta de Andalucía, pasaron a la ambigüedad en 2018 y han acabado, por ahora, en el rechazo. Pérez, que había pedido una reducción de las dimensiones en ocasiones anteriores, dice que su posicionamiento es “claro y rotundo” y obedece a “tres años escuchando y hablando con mucha gente”.
El anuncio de los socialistas llega un día después de que se retirase del orden del día el penúltimo trámite municipal. Ayer, la Comisión de Ordenación del Territorio debía aprobar definitivamente la modificación del Plan Especial del Puerto, pero el asunto se retiró porque vuelve a faltar el trámite ambiental: la evaluación ambiental estratégica realizada en 2017 ha caducado, tal y como advirtió la plataforma Defendamos Nuestro Horizonte, que se opone a la construcción del edificio.
La retirada llegó pese a la resistencia de Urbanismo, que empezó la mañana enviando a los grupos un informe en el que se aseguraba que no había obstáculo a la votación, porque el plazo de caducidad de cuatro años se había interrumpido y se alargaba por tanto hasta el 25 de octubre. El viernes, el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, aseguró que el informe ambiental estaba en vigor. Pero finalmente, el punto se retiró del orden del día.
Ahora, el alcalde ya da por hecho que habrá una nueva evaluación de impacto ambiental, y ha pedido que sea “rápida, de tres meses”. “¿Cómo puede decir eso a otra institución? Esta caducidad pone todo el trámite en la casilla cero y el debate sobre si es simplificada u ordinaria se va a reproducir”, anuncia Triviño, que recuerda que ya en 2017 los técnicos abogaban por un trámite ordinario, que implicaría una tramitación mucho más prolongada.
En la primera ocasión, la Junta de Andalucía emitió el informe por el procedimiento simplificado y en apenas cuatro meses, entre las críticas de los opositores al proyecto. Aquel documento concluía que el rascacielos, con una posición privilegiada en la bahía, no tendrá efectos significativos en el medio ambiente, y despachaba el impacto visual con un argumento curioso: “Determinadas vistas o perspectivas de la misma sí se verán afectadas por la existencia del hotel propuesto, y estas vistas son fácilmente modificables en función de la ubicación del observador”. Es decir, que mirando hacia otro sitio no se vería.