Medio ambiente
Desde 1969, en Jarapalos se tira con plomo. En este enclave de la Sierra de Mijas, en el municipio de Alhaurín de la Torre (41.868 habitantes), existe un club donde se tira al pichón, al plato y a lo que se ponga por delante. Se celebran aquí competiciones nacionales y han acudido tiradores de rango internacional. Sin embargo, a veces aciertan y otras no, de modo que decenas de miles de perdigones y cartuchos disparados al aire acaban en el suelo. Son decenas de toneladas de plomo al año.
El Seprona, la sección de la Guardia Civil que vela por el medio ambiente, cree que una parte de este metal acaba siendo arrastrado barranco abajo junto con hélices y platos, hasta contaminar el cauce de un arroyo que bordea el campo de tiro y, cuando lleva agua, es afluente del Guadalhorce. Esto ocurre sin que nadie haga nada. El club y el ayuntamiento ni siquiera pueden demostrar que exista licencia de actividad.
Por todo esto, un juzgado de instrucción de Málaga está investigando a los responsables del club y al equipo de gobierno de Alhaurín de la Torre (doce ediles), incluido el veterano alcalde Joaquín Villanova (PP). Tanto Villanova, regidor desde 1996, como sus concejales están llamados a declarar como investigados entre el 13 y el 15 de diciembre. También deberá acudir Marina Bravo, exconcejala de medio ambiente. Se investigan posibles delitos contra el medio ambiente y de prevaricación.
El juzgado quiere saber cómo es posible que no exista licencia y que el ayuntamiento no haga nada. No se trata de un papel más, puesto para obtenerla el club debería contar con un informe de calificación ambiental, negativo en las circunstancias actuales o que le obligaría al menos a adoptar medidas correctoras, como una malla que impidiera la caída de plomos al barranco.
Se da la circunstancia de que Villanova es el “responsable directo” del departamento de aperturas, lo que le otorga una responsabilidad directa en la concesión o no de la licencia y, en su caso, en exigir la regularización.
El alcalde ha emitido un comunicado, en cuyo primer punto acusa a la confluencia de izquierdas en el ayuntamiento de presentar una “denuncia falsa”. “Cuando abrió aquello yo tenía 5 años, en España gobernaba Franco y las licencias para esas actividades las daba el gobernador civil”, explica Villanova, quien asegura que las competencias del ayuntamiento en este tema son “muy limitadas”. El alcalde investigado llega incluso a exigir la dimisión de los denunciantes, a los que acusa de querer dañar su imagen.
El plomo es un metal pesado venenoso que no se degrada y que, por tanto, se acumula en el suelo. Cuando se generan altas concentraciones y pasa a la cadena alimentaria tiene efectos tóxicos. “Existe un peligro de contaminación de los acuíferos que hay bajo la sierra y surten a Coín, Alhaurín de la Torre o Mijas”, advierte Eduardo Sáez, concejal de la confluencia de izquierdas (integrada por un concejal de IU y otro independiente), que lleva años denunciando el asunto.
El informe del Seprona da cuenta de cómo durante años se ha contaminado con plomo en los alrededores del campo de tiro sin que ningún responsable municipal haya movido un dedo. Los investigadores creen que la gestión de estos residuos es “muy deficiente” y, en todo caso, no se limpia la zona del arroyo y su cauce, que está a apenas 300 metros de dos de las canchas de tiro.
Los investigadores acudieron al lugar y documentaron la situación con decenas de fotografías. También observaron varios montículos de tierra junto al arroyo, seco en ese momento. El encargado les explicó que los hacen los lugareños que recogen los plomos del cauce, “puesto que el club de tiro no los recoge”.
“Actualmente se sigue vertiendo la munición de plomo en el cauce del arroyo de la Breña SIN ningún tipo de control ni de gestión [en mayúsculas en el original]”, advierte el documento, al que ha tenido acceso este medio.
Los agentes tomaron siete muestras de tierra de diferentes puntos, y recabaron un informe pericial del Instituto Nacional de Toxicología, al que también ha tenido acceso este medio. Ese informe señala que tres de las muestras sobrepasan los niveles genéricos de referencia del reglamento de suelos contaminados, y una muestra arroja efectos tóxicos en organismos calificados como “leves”. Los peritos concluyen que el plomo depositado en la zona “constituye un riesgo para la calidad del suelo, de las aguas subterráneas y puede afectar a la fauna y vegetación del lugar”.
“Las municiones pueden comenzar a liberar formas solubles (biodisponibles) de plomo debido a la oxidación del metal en estos medios por acción del agua de lluvia y el CO2 atmosférico”, recoge el informe, que señala que el plomo podría “incorporarse” a suelos, agua y sedimentos y acabar llegando a los seres vivos. El informe toxicológico advierte de que la cantidad de plomo que se ha encontrado en las capas más superficiales “supone un riesgo real para las aves”, y concluye que es “necesario e imprescindible” un plan de gestión y retirar periódicamente todos los residuos del lugar.
Esta contaminación se ha producido sin documento alguno que ampare la actividad. El Seprona concluye que “no ha existido ni existe ninguna licencia y/o autorización municipal/de actividad en vigor” e imputa al equipo de gobierno que en abril de 2021 votara “en contra de ejercer su propia competencia a sabiendas de la injusticia que se estaba produciendo”. Esto, según los investigadores, podría constituir un delito de prevaricación, aunque para el alcalde no constituye ni siquiera una irregularidad.
En 2017, la confluencia ya había intentado implicar al ayuntamiento en la búsqueda de una solución, pero ni el departamento de medio ambiente ni el de aperturas exigieron al club que regularizase la actividad “a sabiendas” de que no tenía licencia. “Se estaría permitiendo el funcionamiento ilegal de tal actividad, habiéndose omitido por parte de los responsables de tales departamentos las inspecciones necesarias”, dicen los investigadores, que achacan ahora al ayuntamiento la falta de vigilancia, control y sanción. “No se entiende (…) por qué motivo el ayuntamiento no ha ejercido debidamente su competencia”.
El Código Penal castiga a la autoridad o funcionario que, “a sabiendas”, omitan la realización de “inspecciones de carácter obligatorio” de actividades contaminantes, así que los investigadores también aprecian indicios de delito medioambiental, no sólo en los responsables de la empresa, sino en la actuación de los concejales.
El Seprona ha dado nombre a su investigación: Plumbum 2021. Pero en el origen está una denuncia de Fiscalía, a la que acudieron los concejales de la confluencia de izquierdas (antes, Adelante Alhaurín de la Torre), hartos de denunciar en vano la situación y la pasividad con la que el equipo de gobierno despachaba el asunto. En 2017 el Pleno aprobó por unanimidad que se realizase una inspección municipal de los terrenos afectados, pero nada se hizo. En 2021 volvieron a pedirlo, y esta vez el equipo de gobierno del PP votó en contra. Y entonces la confluencia llevó el tema a Fiscalía.
Javier Caravias, concejal del grupo, lamenta que durante muchos años se hayan ignorado sus denuncias, y avanza que exigirán la dimisión si, tras prestar declaración, el alcalde sigue investigado.
Este medio informó en septiembre de 2017 de la contaminación generada en el campo de tiro de Jarapalos. Ya entonces, el ayuntamiento y el club se encogían de hombros: la licencia no aparecía. El alcalde explicó en el Pleno que esto “no quiere decir que el club no la tenga”. “No tiene mucho sentido”, se sorprenden los investigadores. Ahora, el alcalde explica que el ayuntamiento ha hecho todo lo posible por encontrar los papeles, pero que ha cambiado mucho de sede, “con las consiguientes dificultades” para acceder a la licencia y documentación.
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