AGUA
Andalucía concentra las tres últimas aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes que, por la mala depuración de sus aguas residuales, mantendrán viva al menos hasta 2026 una multa semestral a España por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Alhaurín el Grande (Málaga), Barbate (Cádiz) y Matalascañas (urbanización costera del municipio de Almonte, en Huelva, y que linda con el Parque Nacional de Doñana) son las tres zonas que todavía no han resuelto este problema, y según las previsiones será el enclave onubense el último que lo solucionará. Hasta entonces, la millonaria sanción seguirá pagándose, aunque su cuantía se irá reduciendo conforme vaya entrando en funcionamiento cada depuradora.
La cuestión viene arrastrándose de largo, ya que fue en 2011 cuando una primera sentencia condenó a España (aunque sin imponer ninguna multa) por la mala situación de la depuración de aguas residuales en 43 aglomeraciones, basándose en una directiva europea de 1991 que entró en vigor en 1998 y que fijaba en 2011 la fecha límite para un correcto tratamiento. La cosa se puso más seria y se confirmó que habría sanción en 2017, cuando todavía quedaban 17 zonas, cifra que se redujo a nueve cuando la sentencia se hizo pública en julio de 2018. La sanción ascendió entonces a 12 millones de euros, a los que había que sumar otros 11 millones cada seis meses mientras se prolongase la situación en estos nueve enclaves. Hablamos de la mayor multa europea a la que ha tenido que hacer frente España, ya que el importe que se ha tenido que pagar hasta la fecha ronda los 60 millones de euros.
Siete de estas nueve aglomeraciones eran andaluzas: junto a las tres que todavía no han arreglado las cosas estaban Coín y Nerja (Málaga), Tarifa (Cádiz) e Isla Cristina (Huelva), que fue de las últimas en salir de esta particular lista negra, después de que las obras de ampliación de la planta depuradora de La Antilla terminaran en junio de 2021 y el colector de aguas residuales del municipio entrase en funcionamiento en noviembre del mismo año. Por cierto, que para que se considere resuelto el problema no vale con haber terminado las obras, sino que se exige que pase al menos un trimestre para así certificar la calidad del agua.
La séptima y última (por ahora) factura semestral llegó en agosto, cuando la resolución de Isla Cristina y Gijón-Este permitió al menos reducir el importe a 3,1 millones de euros desde los casi 11 millones de la primera sanción, una rebaja que se aplica proporcionalmente al número de personas que se benefician de las nuevas depuradoras. La multa se impone al Estado, que le pasa a las comunidades autónomas la parte correspondiente ya que, por mucho que la competencia sea de los municipios, muchas de estas obras están declaradas de interés autonómico.
No es el caso de la última que entrará en servicio, la de Matalascañas, declarada de interés general del Estado hace casi tres décadas. En la respuesta que el Gobierno central ha remitido a la Comisión Europea analizando la situación actual, aclara que aún queda pendiente la selección de la alternativa más adecuada para la construcción del complejo de tratamiento, así como su evaluación ambiental. “En todo caso, no se espera que puedan ponerse en marcha dichas instalaciones antes de 2026”, en una zona especialmente sensible (es el núcleo urbano más cercano a Doñana) y en la que regularmente se producen vertidos de aguas residuales.
Por lo que respecta a los otros enclaves, en Alhaurín el Grande se espera cumplir los requisitos de la sentencia en diciembre de 2023, mientras que Barbate no lo hará hasta 2025. Junto a estas tres aglomeraciones andaluzas hay una cuarta, Valle de Güímar en Tenerife, que parece que no tardará mucho en resolver sus problemas de depuración; de hecho, se esperaba haber terminado las obras en 2021, aunque el Estado no concreta para cuando prevé que acaben los trabajos.
Eso sí, las previsiones de plazos las carga el diablo ya que, cuando el Tribunal Europeo dictó su sentencia en julio de 2018, el Ejecutivo central anunció que la última depuradora en entrar en servicio sería la de Barbate, que lo haría... en 2022. Cuatro años después, la fecha se retrasa al menos otros cuatro años, un tiempo en el que se seguirá pagando una multa cuya cuantía irá proporcionalmente menguando conforme entren en servicio las otras instalaciones pendientes. Mientras tanto, España se enfrenta a un nuevo procedimiento de infracción de la Comisión Europea por la falta de depuración de aguas residuales, en este caso en las aglomeraciones de más de 2.000 habitantes. Hablamos de más de 130 núcleos en varias comunidades autónomas, y está por ver si esto derivará en una nueva sanción.
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