España deberá afrontar la multa impuesta por el Tribunal de Justicia Europeo debido a la incorrecta depuración de aguas en diversas áreas del país, al menos, hasta 2022, año en el que el Gobierno prevé que entrará en funcionamiento la última instalación sancionada: Barbate (Cádiz).
La sanción suma 11 millones de euros cada semestre, según estableció la Corte, aunque el Ministerio de Transición Ecológica ha acordado con la Comisión Europea ir rebajando la cuantía a medida que se vayan poniendo en marcha las distintas depuradoras, según ha adelantado este martes el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en el Congreso de los Diputados.
El Gobierno ha adelantado los 12 millones fijos con los que se condenó al Estao y ha iniciado el proceso de reparto entre administraciones en el trámite de “repercusión de responsabilidades” ya que las competencias van desde los municipios al Estado pasando por las comunidades autónomas. El trámite debe pasar por el Consejo de Ministras, según ha detallado Morán.
El expediente europeo se refería a 17 aglomeraciones urbanas de las que ocho ya están en marcha. Del resto, Morán ha asegurado que “cinco entrarán en funcionamiento a lo largo de 2018 o, como máximo, en el primer trimestre de 2019”: Alhaurín el Grande, Coín, Isla Cristina, Nerja, (Andalucía), Gijón Este (Asturias) . Sin embargo las de Matalacañas (Huelva) y la de Valle de Güimar (Tenerife) ya se irán hasta 2020. Dos años más tarde está previsto que acabe el proceso sancionador al llegar la estación de Barbate. Además, hay que señalar que esa rebaja según lleguen las depuradoras no se aplican automáticamente el día de la inauguración sino que la Comisión Europea se toma un periodo de tres meses para revisar si los niveles de la calidad del agua se ajustan a las exigencias legales.
El secretario de Estado ha calculado que, en este año, la sanción supondrá el pago de 22 millones de euros. Una cantidad que “resta recursos que deberían ir a la mejora de la calidad de agua”, ha dicho Hugo Morán, además de “restar credibilidad a España”. En este sentido el ministerio ha añadido que todavía siguen abiertos otros cuatro expedientes por esta misma materia: el de la mala depuración de aglomeración de 10.000 habitantes que vierten sus aguas en zonas especialmente sensibles, el de las pequeñas aglomeraciones de entre 2.000 y 10.000 habitantes y otros dos que suman otras 341 áreas urbanas distinto volumen. “De 2.100 aglmeraciones de más de 2.000 habitantes, 550 están incumpliendo la normativa”, ha resumido el secretario de Estado.