La decisión de Unicaja de cerrar once oficinas en otros tantos municipios o núcleos rurales de la provincia de Málaga generó este miércoles una inusual estampa a las puertas de la sede social del banco. Los alcaldes de media docena de pueblos se han rebelado y acudieron a exigir a los directivos de la entidad una solución que mantenga la atención presencial a sus vecinos, muchos de ellos mayores sin formación para manejar aplicaciones de teléfono móvil. Los han acompañado en torno a un centenar de personas, la mayoría mayores de 60, a los que cinco policías nacionales han tenido que calmar cuando exigían que se produjese la reunión.
La concentración estaba convocada por los alcaldes de algunos de estos municipios, casi todos con una población de entre mil y dos mil habitantes. Son municipios de interior, con población bastante envejecida y malas conexiones con los municipios donde ahora se situaría su oficina de Unicaja. A gritos, y con algún momento puntual de tensión, los vecinos clamaban “Unicaja no se cierra” a las puertas de la sede social de la entidad financiera malagueña.
Algunos clientes aseguraban que se darán de baja si se consuma la desaparición de sus oficinas. “Voy a sacar todo mi dinero: si no se lo piensan no dejo ni un céntimo”, advierte Pilar Bueno, que ronda los 70 y dice llevar “toda la vida” como cliente de la oficina de Alfarnate. La mujer está indignada. “Yo de Internet no sé nada, el problema es ese. Y no tengo carné, ¿cómo voy a ir a otro pueblo?”, se pregunta.
Manuel Gómez (boina y media docena de puros asomando del bolsillo de la camisa abierta) tiene 70 años, vive en Almáchar y se abrió la cartilla hace 40 años. Aún recuerda su primer ingreso: 500 pesetas. “Soy cliente desde que empezaron con un cuartito en la plaza. Ahora voy a cobrar la paguita y lo tengo todo domiciliado”, dice. El hombre no sabe usar el cajero, ni el móvil, y mucho menos eso de la banca online. “En mi tiempo solo había una centralita”, resume. No tiene coche, así que enviarle a la oficina en Torre del Mar (a unos 20 kilómetros) no le solucionaría mucho. El único servicio de autobús sale a las 9 y regresa a las 13:45.
La lucha contra la despoblación, “palabras vacías”
Unicaja cerrará el próximo 18 de marzo las oficinas que hasta ahora prestaban servicio en Alfarnate (1057 habitantes), Almáchar (1.843), Genalguacil (391), Igualeja (740), Istán (1.520), Jubrique (553), Montecorto (572), Pujerra (298) y Villanueva de Tapia (1.437), además de en los núcleos sin entidad municipal de Bobadilla y Estación de Gaucín. Son oficinas pequeñas, muchas sin cajero. En total, unos 8.500 vecinos viven en municipios que se quedarán sin su oficina de Unicaja, que en varios casos ha sido la última entidad en abandonar esos pueblos.
En los últimos años la atención presencial ya se había reducido mucho. Hasta la pandemia, la oficina de Almáchar la componían dos personas, pero desde entonces solo hay una, que atiende a todos sus clientes en tan solo tres días: lunes, miércoles y viernes por la mañana. En Villanueva de Tapia (1.447 habitantes) la oficina abre dos días. En ambos municipios también presta sus servicios Cajamar, pero Unicaja tiene una presencia histórica que ahora terminará. La entidad ya está comunicando por carta a sus clientes cuál es su nueva oficina.
“Estamos cansados de que se hable de la lucha contra la despoblación y que luego nos quiten los pocos servicios que tenemos. Son palabras vacías”, protesta Manuel Sillero, alcalde de Villanueva de Tapia, que está asesorando a quienes quieren retirar su dinero. Almáchar ha adoptado represalias: el pasado viernes, el Pleno acordó retirar todas las cuentas municipales abiertas en la entidad si esta no rectifica.
La oposición denuncia el “blanqueamiento” de la Diputación Provincial
Los municipios que se quedarán sin oficina bancaria se distribuyen entre la Alta Axarquía, la Serranía de Ronda y el Valle del Genal. De esta última comarca perderían su banco Igualeja, Pujerra, Genalguacil, Jubrique, Montecorto y El Colmenar. “Prácticamente toda la comarca se queda sin banco”, lamenta Alberto Benítez, alcalde de Jubrique.
El Valle del Genal sufrió el pasado verano el devastador incendio de Sierra Bermeja. Ya entonces, sus alcaldes aprovecharon la atención mediática para por el abandono institucional, que se traduce en el envejecimiento y la despoblación acelerada. Contribuyen la falta de alternativas económicas, la pérdida de servicios o las malas comunicaciones. En el último cuarto de siglo la comarca ha perdido en torno al 25% de su población. Genalguacil ha pasado de 624 habitantes en 1996 a 391 en 2021, según el INE. Jubrique, de 886 a 553.
Los desplazamientos aquí no son sencillos. Para ir al banco los vecinos tendrán que desplazarse a Ronda o a Estepona, a una hora en coche. El autobús de línea sale de Genalguacil a las 6:30 de la mañana y regresa en torno a las siete de la tarde. Además, quienes se desplazan para una gestión suelen aprovechar para hacer compra en el pueblo “grande”, lo que genera un empobrecimiento de las pequeñas tiendas que mantienen la economía local.
La Diputación de Málaga tiene una vicepresidencia dedicada a combatir los efectos de la despoblación. Dice estar ejecutando una “estrategia global” contra la despoblación de estos municipios y, en concreto, contra la brecha digital y exclusión financiera de sus habitantes. Hace justo un año puso en marcha un proyecto piloto para que los vecinos de Cútar y Júzcar (también en el Valle del Genal) pudieran sacar dinero de las farmacias. Se enmarcaba en una “estrategia global” contra la despoblación. Este medio ha pedido al ente supramunicipal un balance de este programa, sin resultado. La semana pasada anunció que había suscrito un convenio con Unicaja Banco para instalar nueve cajeros automáticos en Algatocín, Júzcar, Benalauría, Jimera de Líbar y Serrato, en la Serranía de Ronda, y Arenas, Canillas de Albaida, Cútar y Macharaviaya. La Diputación apunta a otro sitio: “El Gobierno de Pedro Sánchez tiene competencias para legislar en la materia”.
Otros pequeños municipios de España están consiguiendo mantener la atención bancaria porque las comunidades autónomas suscribiendo convenios con las entidades para que estas mantengan sus cajeros, previo desembolso público. Por ejemplo, el gobierno cántabro adjudicó recientemente un contrato por cinco años cercano a los dos millones de euros para la instalación de un total de 38 cajeros automáticos en localidades sin sucursal bancaria. Las voces críticas denuncian que se está recompensando con dinero público a entidades que promueven la exclusión bancaria.
José Bernal, portavoz del PSOE en la oposición, denuncia que no ha podido acceder a los términos del convenio suscrito entre Unicaja y la Diputación de Málaga. “Creemos que la Diputación está blanqueando el comportamiento de la actual dirección de Unicaja, en lugar de ponerse del lado de los usuarios y los trabajadores”. Unicaja tampoco ha aclarado los términos del convenio.
Pérdida de más de un tercio de las oficinas
Los nuevos cierres del gran banco malagueño acentúan una tendencia firme en los últimos años: el número de sucursales bancarias en los pueblos de Málaga ha pasado de 733 en septiembre de 2016 a 457 en septiembre de 2021, según las cifras del Banco de España. Es una pérdida del 38% del total de oficinas bancarias (de cualquier entidad) en seis años. Unicaja ha pasado de 217 a 139 a 30 de septiembre de 2021, un 35,94% menos. La banca suele argumentar que el fin de la atención presencial se sustituye con la llamada “atención multicanal”: web, apps, agentes financieros, gestores remotos…
En total, Unicaja (quinta entidad de España tras la fusión con Liberbank) cuenta hasta ahora con unas 1.400 oficinas en España, incluyendo una tupida red de oficinas en zonas rurales de Málaga y el resto de Andalucía, procedente en gran medida de la antigua Caja de Ronda. Sigue siendo la entidad con mayor implantación en la provincia, también en los pequeños pueblos, con 150 puntos de atención. El cierre previsto está condicionado por el proceso de reestructuración tras la fusión, que va a suponer la salida de 1.513 trabajadores. Todos ellos han solicitado acogerse al expediente de regulación de empleo acordado el pasado diciembre.