Una batalla singular tiene lugar estos días en uno de los lugares más exclusivos de España. En Puerto Banús (Marbella), meca del lujo y la ostentación donde un metro vale un potosí, se libra una lucha sin cuartel. El casus belli es el uso y disfrute de una franja de terreno en los embarcaderos, un espacio público concesionado por la Junta de Andalucía a través de la Agencia Pública de Puertos (APPA).
Algunos hosteleros quieren seguir ocupando un espacio que, hasta la pandemia, estaba destinado a aparcamientos, mientras que otros comerciantes creen que esos metros cuadrados deben volver a su uso previsto: plazas para vehículos, perdidas en junio de 2020 con el fin de hacer hueco provisional a más terrazas. La guerra, por tanto, podría resumirse así: terrazas contra coches en Puerto Banús.
De salir adelante el primer plan, los veladores se quedarían definitivamente en un tercio de la superficie inicialmente destinada a los vehículos, que Puerto Banús quiere recuperar en los pantalanes (muelles) y el dique de abrigo. Tiene un plan para dedicar un total de 2.100 metros cuadrados a nuevas terrazas, y una superficie similar en aparcamientos en zonas hasta ahora libres de vehículos.
APPA deberá tomar la decisión final. A instancias de Puerto Banús, tramita un expediente de modificación de usos del suelo para dedicar 97 plazas de aparcamiento (un tercio de las disponibles) a terrazas. En total, daría para unos 50 nuevos veladores u otras actividades, como foodtrucks. Acobanus, que agrupa a un centenar de comercios, la mayoría de lujo (Jimmy Choo, Hermes, Tom Ford, Armani…) ha presentado alegaciones y un informe pericial en contra de ese plan. Creen que es ilegal, que supone un riesgo al trasladar aparcamientos a zonas estrechas pegadas a los muelles y que, además, ofrecería una imagen degradada del entorno, asociado a la exclusividad y el lujo.
De momento, APPA acaba de ordenar el levantamiento de cinco terrazas que funcionaban bajo la legislación excepcional de la pandemia, según confirma la empresa concesionaria que gestiona Puerto Banús, que anuncia que va a recurrir y que no ejecutará la orden hasta que sea firme. La decisión trae causa de una denuncia de Ecologistas en Acción, que ve en todo esto un intento de dar sello de legalidad al uso indebido e irregular del dominio público, además de un riesgo para usuarios y público en general.
La continuidad de los veladores abiertos tras la primera ola de la pandemia ha provocado una llamada de auxilio en forma de comunicado: “Salvemos las terrazas de Puerto Banús”.
El texto, que se acompaña de un escrito de adhesión, llama a la sociedad a luchar por un modo de vida, por la economía local, por el “brillo del Puerto”, por la “atmósfera social”, todo ello condensado en las terrazas. Allí se explica que, gracias a que pudo echar mano de más superficie de terraza, el sector hostelero de Puerto Banús sobrevivió a las restricciones de aforo en pandemia y al encarecimiento de las materias primas por la guerra en Ucrania.
Perderlas, dicen, pondría el riesgo el empleo solo para dar un papel protagonista a los coches. “Se está reservando el espacio de mayor valor económico y social a disposición de los vehículos, relegando a un segundo plano al peatón, a la familia, a los grupos de turistas (que no vienen en coche) e incluso a los navegantes, que prefieren tener junto a su embarcación un espacio de relaciones sociales antes que un frío parking”, señalan en sus alegaciones, donde llega a vincularse las terrazas con el cumplimiento de los tratados internacionales “relativos a la preservación del clima y la calidad ambiental”.
Los hosteleros pagan por las terrazas un canon a Puerto Banús S.A., a su vez concesionaria del dominio público portuario hasta 2042, aunque pretende extenderlo 25 años más. Según la empresa, que pretende mantener las terrazas, el uso comercial de las antiguas plazas de aparcamiento es “perfectamente compatible” con el estacionamiento de vehículos de clientes y proveedores del Puerto, pese a que en Puerto Banús hay menos de la mitad de aparcamientos exigidos. Según el reglamento de puertos, debería haber el equivalente al 75% de los atraques. Teniendo en cuenta que tiene 915 atraques, debería disponer de 687 plazas legales, y no de 284.
Al otro lado, Acobanus, que se opone a mantener las terrazas o a poner más, y también a la extensión de la concesión del puerto al actual adjudicatario. En lo que se refiere a las terrazas, creen que consolidaría una situación provisional, dando amparo a una competencia desleal. “Durante cuatro años, Puerto Banús ha estado haciendo caja de nuestro trabajo”, protestan, dando continuidad a una guerra que se libra al menos desde 2019: Acobanus acusa a Puerto Banús de lucrarse arrendando espacios que no están incluidos en su concesión, como los viales, y la acusa de actuar de “mala fe” y con modos “autoritarios”. Sobre este asunto, el Tribunal Supremo deberá zanjar la disputa después de varias sentencias contradictorias.
Este bando ha abierto una petición en Change.org, que aboga por “mantener la esencia de Puerto Banús” y por ahora acumula la modesta cifra de 43 apoyos. Los motivos para oponerse a más terrazas son la prevista “masificación” del puerto, que atentaría contra la “exclusividad” que siempre ha sido su “sello distintivo”, las dificultades al servicio portuario y el peligro que entraña el plan.
El trasfondo es una lucha por el control de este espacio simbólico. Acobanus está encabezada por Jamal Satli, un empresario hotelero muy conocido en la provincia, entre otros motivos por ser dueño de BlueBay, aspirante a la propiedad del Málaga CF. Según los defensores de las terrazas, Satli estaría actuando contra Puerto Banús movido por “antiguas rencillas y discrepancias” a cuenta de los precios del alquiler.
La cuestión tiene un importante calado económico en un momento en el que APPA estudia la posibilidad de ampliar el plazo de la concesión hasta 2067, exactamente 99 años después de la construcción de Puerto Banús. Esta es una posibilidad legal, introducida por el Gobierno de Juan Manuel Moreno, de la cual depende el valor de la concesión: a más años, más vale. En alguna ocasión reciente la concesionaria ha tanteado la venta del negocio. Contando con la prórroga (aún no concedida), llegó a ofrecerlo por 265 millones de euros, según un documento que este medio ha podido consultar. Sin embargo, en los últimos ejercicios apenas ha superado los 250.000 euros de beneficio, y se quedó en 423.000 en 2019, previo a la pandemia.
En la valoración es relevante el número de terrazas autorizadas, ya que el negocio de Puerto Banús no está sólo, ni principalmente, en los servicios portuarios. Los ingresos de las terrazas tienen un peso creciente y equivalente ya a lo que recibe por el alquiler de los atraques. En 2021, todavía marcado por la pandemia, fueron 1.653.000 por los alquileres de terrazas, y 1.616.000 por los atraques, según sus cuentas anuales. La previsión es que los ingresos por las “terrazas y playas concesionales” aumenten hasta 2,2 millones en 2040 y casi tres en 2050, según el Estudio Económico elaborado hace un año para apoyar la ampliación del plazo concesional.
Tal y como desveló este medio, la pretendida ampliación choca al menos con un escollo, que está retrasando la resolución de APPA: Puerto Banús quiere seguir usando (y cobrando) por las playas de Levante y Poniente: son al menos 14.000 metros cuadrados que añaden volumen al chorro de dinero a través de concesiones de kioscos, chiringuitos y hamacas.
Por su parte, el Gobierno central, a través de Demarcación de Costas, insiste en que la ley y la jurisprudencia dejan claro que esas playas son dominio público excluido de la concesión portuaria, lo que daría un tajo a las cuentas de Puerto Banús, S.A. Costas ya ha emitido al menos dos informes, a los que este medio ha tenido acceso, en los que cierra la puerta y resalta que deben recuperarse para el dominio público.
La Junta de Andalucía no aclara en qué punto está el expediente. El pasado mes de febrero, la diputada de Podemos Martina Velarde registró una pregunta ante el Congreso relativa a la ampliación. Lo mismo hicieron José Ignacio García y Maribel Mora, parlamentarios andaluces.
En este contexto se encuadra el mantenimiento o no de las terrazas que ya hay sobre los aparcamientos, y la instalación de otras nuevas. Los hosteleros dicen que quieren evitar el cierre de unos lugares “esenciales” para la comunidad que proporcionan “espacios de interacción social y apoyo a los negocios locales”. “Fueron un alivio económico crucial y siguen siendo vitales para nuestra recuperación”, dicen, y vaticinan que su cierre perjudicaría “tanto a nuestra economía local como a la atmósfera social del área”.
Puerto Banús ha añadido argumentos a esta pretensión. Según sus mediciones de aforo, la supresión de plazas no ha supuesto perjuicio alguno para los usuarios del puerto. Además, propone crear en pantalanes y en el vial de acceso al dique de abrigo 97 nuevas plazas, que son las que suprimiría su nuevo plan de terrazas. Son un tercio de las 284 existentes.
Acobanus ha replicado con un informe pericial, en el que se recuerda que los pantalanes no tienen ningún uso permitido salvo el de acceso peatonal a las embarcaciones y que el dique de abrigo está calificado como Zona No Utilizable. Por el contrario, lo que ahora se pretendería destinar a terrazas son “zonas públicas” destinadas a viales, acerados, aparcamientos y patios, incluyendo una franja de seis metros que, por ley, debe dejarse siempre expedita para el paso peatonal y vehículos de vigilancia y salvamento.
El documento, suscrito por el ingeniero Ángel García Vidal, alerta de que el uso de los pantalanes para aparcar (algo que ya ocurre en la práctica, aunque de manera “alegal”) contraviene “todos los aspectos normativos en cuestión de emergencias y seguridad”. Tienen una anchura de entre 7,80 y 12,80 metros, de modo que un aparcamiento y la distancia de seguridad al cantil dejaría apenas tres metros al paso de vehículos de emergencia.
En cuanto al uso del dique de abrigo, es una obra que ya ha rebasado su vida útil y cada vez más expuesta al oleaje por la subida del nivel del mar y la mayor frecuencia de fenómenos extremos, lo que haría que su uso por peatones o vehículos pueda ser peligroso.
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