José Antonio González, cartero de profesión y exconcejal el PP en Mijas, pudo inventarse al personaje Manuel Redondo para interponer una denuncia, pero esta tenía rasgos de verosimilitud, de modo que González, la persona tras el personaje, no puede ser autor de un delito de denuncia falsa. Así ha zanjado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el caso Cartero, del que González ha sido finalmente absuelto tras haber sido condenado en primera instancia.
El TSJA revoca de este modo la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga, que hace un año lo había condenado a ocho meses de prisión y 2.160 euros de multa por denunciar bajo seudónimo una contratación del Ayuntamiento, a sabiendas de que no era irregular (según la Audiencia), con la finalidad de perjudicar a Ciudadanos, que por entonces gobernaba el municipio.
La absolución, dictada por el TSJA tras el recurso de apelación de González, se construye sobre la noción de lo que es una “denuncia falsa”. Para que haya tal cosa, y por tanto delito, es necesario que “los hechos en sí” sean falsos, sin que importe cómo los califique el denunciante, que sean delito y que el denunciante sea “consciente de la falsedad” que imputa. A diferencia de los de la Audiencia, los tres magistrados de la Sala de Apelación del TSJA creen que lo que contaba Redondo (o González) en su denuncia no puede “ser tildado de falso”, de modo que lo que hizo González por medio de Redondo no fue una denuncia falsa.
La sentencia subraya aspectos indiciarios que armaban la verosimilitud de la denuncia. Así, se resalta que el técnico de contratación de Mijas había firmado un informe proponiendo desistir del concurso público para adjudicar el viaje. También, que el contrato fue adjudicado a un hotel del cual se habían advertido graves deficiencias de higiene y estructurales. Y que se firmó cuando ya se habían realizado dos de los tres turnos de viaje.
El Pleno subsanó la falta de cobertura presupuestaria aprobando el reconocimiento extrajudicial del crédito (algo legal y muy habitual en los ayuntamientos). González lo sabía cuando interpuso su denuncia, pero el TSJA señala que eso no subsana las posibles irregularidades del expediente, ni mucho menos supone que González ya supiera que lo que denunciaba no era delito. “El hecho de que el escrito de denuncia no añadiera que la factura fue finalmente pagada mediante su reconocimiento extrajudicial (…) no troca en mendaz al resto de lo narrado en ella”, aclaran los magistrados.
El TSJA admite que la denuncia fue presentada con un “evidente ánimo de crítica e incluso de descrédito frente a los miembros del equipo de gobierno municipal, entre ellos el Alcalde”. Sin embargo, concluye que su “contenido objetivo” no es falso.
Todo parte de la contratación para los mayores de Mijas (91.691 habitantes) de un viaje de siete días al Algarve (Portugal) en febrero de 2017. El consistorio adjudicó el paquete a Halcón Viajes por 301.780 euros, a razón de 261,80 euros por cada una de las 1.150 plazas que ofrecía, a pesar de que la técnico se oponía por las deficiencias que había observado en el hotel. En septiembre de 2018, ocho meses antes de las elecciones y un año y cuatro meses después de los hechos, alguien presentó una denuncia ante la Fiscalía por una presunta prevaricación administrativa. La firmaba Manuel Redondo Gámez.
Como los magistrados de la Audiencia Provincial, los del TSJA no tienen duda de que González fuera Redondo y el autor de la denuncia. “Su autoría se infiere de modo razonable de la prueba practicada”, escriben. González era cartero municipal, y eso lo convertía en elemento indispensable para estar al día de las notificaciones del juzgado a una persona inexistente. Dejó un reguero de pistas que conducían hacia él.
Manuel Redondo Gámez es el nombre que González o el PP mijeño (según creyó siempre Ciudadanos y deslizó la Audiencia Provincial) eligieron para presentar una denuncia por las presuntas irregularidades en la contratación del viaje de mayores. Una más en los años de guerra judicial sin cuartel entre las agrupaciones locales del PP y Ciudadanos, liderados por entonces por dos hombres que se profesaban un odio cerval desde que rompieran su coalición de gobierno: Ángel Nozal (PP) y Juan Carlos Maldonado (Ciudadanos), por entonces alcalde.
El engaño saltó cuando la Guardia Civil lo buscó para ratificar la denuncia, y comprobó que no había nadie en España que tuviera tal nombre. Manuel Redondo Gámez, jubilado, no existe. Entonces el fiscal archivó la denuncia inicial, se giró y apuntó su acusación contra el presunto autor del engaño.
Su denuncia contra González permitió ver desfilar por los juzgados a Maldonado, aquí como testigo y perjudicado. Cuando el asunto se sentenció, en noviembre de 2023, Maldonado había vuelto a dar muestras de su ya legendaria capacidad para arrimarse a la opción más conveniente para seguir en el poder. Tras abandonar Ciudadanos y siendo único concejal de su nuevo partido, Por mi Pueblo, cambió otra vez de bando: tres meses después de apoyar el gobierno Ciudadanos-PSOE, apoyó la moción de censura de PP y Vox para integrarse como segundo teniente de alcalde de la corporación ahora lidera Ana Mata (PP).
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