La plataforma que ampara a los jóvenes afectados en Andalucía por el retraso del bono alquiler ha vuelto a salir a la calle este miércoles para gritar “ya basta”. Basta a “la falta de transparencia”, a “la incompetencia de nuestros cargos públicos” y a lo que consideran un “maltrato a la juventud andaluza”, toda vez que llevan más de un año esperando recibir una ayuda concebida “con el fin de facilitar a las personas jóvenes con escasos recursos económicos el acceso a su residencia habitual en régimen de alquiler y favorecer su emancipación y desarrollo vital”, como consta en la página web de la Junta.
Mientras la mayoría de las comunidad autónomas ya han resuelto la tramitación de este bono –financiado con fondos estatales pero que corresponde ejecutar a los gobiernos autonómicos–, en Andalucía aún quedan miles de jóvenes pendientes de que se les abone esta ayuda pública de 250 euros de alquiler, que solicitaron en noviembre de 2022 un total de 17.266 andaluces. El plazo establecido por el Gobierno central para resolver el trámite expiraba a los seis meses de la convocatoria, esto es, en mayo de 2023. De modo que ya se han cumplido diez meses de retraso fuera del plazo legal.
Durante este tiempo, los planes de vida de muchos de ellos se han frustrado al no poder disponer de un dinero con el que contaban porque “cumplíamos con los requisitos y es nuestro derecho”. Lo dice Andrea, una de las afectadas que se ha concentrado este miércoles ante la sede de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en la capital andaluza, en aras de manifestar su descontento. “Lo peor es la carga psicológica que llevamos arrastrando”, lamenta esta sevillana de 34 años, recordando que el proceso de solicitud fue un “sinvivir” desde el comienzo, por el colapso que sufrió la web el mismo día en que se abría la convocatoria que miles de jóvenes llevaban meses esperando.
Ese inicio caótico resultó ser el preludio de una tramitación que, por motivos burocráticos o técnicos, se le ha terminado atragantado al Gobierno de Moreno. “Se suponía que este bono venía a ayudarnos y parece que quieren machacarnos”, continúa Andrea en referencia a los “casos dramáticos” que ha ido acumulando la plataforma. Uno de ellos es el de María José, quien a sus 33 años ha tenido que volver a casa de su madre y renunciar a su independencia: “La vida en dos años puede cambiar mucho y la mía cambió en octubre cuando me quedé en paro y ya económicamente no pude sostenerme”.
Coincidiendo con esta nueva convocatoria de protesta, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda –responsable de tramitar esta ayuda– ha publicado este mismo miércoles los datos actualizados: a fecha de 20 de marzo de 2023, se han resuelto favorablemente 8.720 expedientes de los 11.400 beneficiaros que contemplaba la convocatoria, según la administración andaluza, de los cuales se han abonado 7.544 (un 66%).
Sin embargo, la plataforma rechaza estos cálculos por considerarlos “inflados”. Según explica a este periódico su portavoz, Manuel Sanz, las cifras oficiales son el resultado de una “trampa matemática” del Gobierno andaluz, urdida con el afán de ocultar la “nefasta gestión” que le achacan a la tramitación de esta subvención. Frente al 66% oficial, este economista sevillano asegura que, de acuerdo con las cifras que maneja la plataforma, los expedientes pagados hasta la fecha apenas superan el 40%. En cualquier caso, reconoce que estos datos son estimaciones, pues “la falta de transparencia” que le recriminan a la administración andaluza dificulta conocer el verdadero estado de la cuestión.
“Todo es un despropósito”, deplora al hilo Manuel Sanz, quien recuerda que los responsables de ejecutar esta ayuda pública “ni si quiera conocen ni respetan su propia normativa”. Se refiere al hecho de que las bases de la convocatoria fijaran en su redacción un procedimiento de concesión en régimen de concurrencia no competitiva (es decir, por orden de llegada) y, sin embargo, se esté llevando a cabo una resolución “aleatoria” de los expedientes. “No sabemos cuál es el criterio que están utilizando porque tenemos casos de jóvenes que solicitaron el bono antes que otros y aún no les ha notificado”, explican desde la plataforma de afectados.
Cuando van camino de cumplir un año de demora en la concesión de las ayudas, alrededor de 700 jóvenes “desesperados” han decidido dar un paso más en sus movilizaciones, recurriendo a la vía judicial. “No hay otra, lo último que nos queda es ir a los tribunales”, expresa Manuel Sanz, quien se está encargando de coordinar la demanda conjunta que piensan interponer contra la Junta de Andalucía.
Según avanza el portavoz de la plataforma, los tres pilares en los que se cimienta la denuncia son: solicitar los intereses de demora a partir de mayo de 2023 (cuando expiró el plazo de resolución), denunciar que “no hubo igualdad de oportunidades” en el procedimiento (“el colapso de la página provocó un perjuicio claro para quienes tenían que trabajar al día siguiente no podía pasar toda la noche recargando y se ha quedado fuera del presupuesto”, explica Manuel Sanz) y, por último, alegar el “incumplimiento de la normativa”, en lo relativo a la concurrencia no competitiva.
Cabe recordar que el pasado mes de enero, el Defensor del Pueblo Andaluz volvió a dar un tirón de orejas a la Junta de Andalucía a cuenta de los retrasos acumulados desde hace más de un año en el bono alquiler joven, afirmando que no cabe “justificación” a la falta de acceso a las ayudas ni al retraso en las resoluciones. El propio presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, admitió la tardanza en la tramitación como “un error” y pidió disculpas en dos ocasiones.
Aun así, Rocío Díaz, la titular de la Consejería encargada de gestionar y tramitar esa ayuda sufragada con fondos estatales, continúa atribuyendo la demora a “las numerosas trabas que nos ha puesto el Gobierno de España en el camino, con una norma farragosa que ha necesitado de un desarrollo posterior por parte de las comunidades autónomas”. Sin embargo, en el resto del país, ese mismo diseño no se ha traducido en un impedimento como el que arrastra Andalucía, exceptuando a Madrid, que acumula retrasos similares a los de la comunidad que gobierna Moreno Bonilla.
Por esa razón, la plataforma de afectados achaca la “errática situación” del bono –como la denominó el Defensor del Pueblo Andaluz– a la “incompetencia de la Junta”. Y, concretamente, a la de la consejera Rocío Díaz, a quien reprochan que desde su llegada “no ha aportado soluciones reales ni efectivas, siempre tarde y mal, incluso con la presión de esta plataforma independiente compuesta de los propios afectados”.
Precisamente, contra ella han dirigido las consignas que han lanzado este miércoles ante la sede de la Consejería de Fomento y Vivienda en Sevilla. Se trata de la tercera vez que se concentran para exigir que se acelere el trámite y se abonen las ayudas. Para esta ocasión, han escogido el lema “Ni les ocupa ni les preocupa”, parafraseando el “eslogan” de Rocío Díaz, quien ha repetido varias veces desde que relevó en el cargo a Marifrán Carazo aquello de “me ocupa y me preocupa”.
Dirigiéndose a los afectados, el portavoz de la plataforma convocante ha afirmado: “Nos asiste el derecho y la razón, estamos aquí porque se está cometiendo una injusticia”. Además de volver a expresar públicamente sus reivindicaciones, este encuentro ha servido también para tender una red de apoyo a quienes se han sentido “desamparados” por la Junta. Así lo ha vivido Marco, quien lo describe como “un estado de indefensión”, que se agudiza cada vez que llaman a la administración en busca de respuestas y “nadie nos dice nada”.
La ausencia de explicaciones, asegura, aviva los sentimientos de “incertidumbre, frustración y enfado”, compartidos por todos los afectados. Desde que se quedó en paro, María José ha depositado sus esperanzas en el bono alquiler, pero, a día de hoy, “sigo sin cobrar un dinero que es mío”, lamenta. Al igual que ella, otros jóvenes han “tirado todo un proyecto de vida por la borda”, al tener que renunciar a vivir independizados.
De ahí que Andrea hable de “un maltrato a la juventud andaluza”. “Somos la punta del iceberg porque para poder solicitar el bono teníamos que tener ingresos recurrentes, pero hay quienes ni si quieran han podido optar por tener empleos estacionales o contratos precarios”, subraya, poniendo el foco en los problemas que acechan a los jóvenes que tratan de labrarse un futuro en la comunidad andaluza.
A pesar del desgaste emocional que sufren muchos jóvenes andaluces (y sus familias) por atravesar este proceso, los integrantes de la plataforma se muestran decididos a continuar luchando por lo que defienden como “un derecho, no un privilegio”. Para ello, algunos tiran de humor y sarcasmo: “A este paso ya no van a poder llamarlo bono joven, sino anciano”.
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