La Junta de Andalucía ha pagado en los últimos cuatro años más de 4,5 millones de euros por la gestión y soporte de los sistemas informáticos con los que la Consejería de Fomento tramita, entre otros procedimientos, las ayudas del Bono Alquiler Joven. El contrato fue renovado hace apenas tres meses por la UTE Proxya-Fujitsu por 1,3 millones de euros por otro año (ampliable hasta cuatro), y recoge un amplio catálogo de servicios informáticos. Entre otros, la gestión de los sistemas aplicados a la tramitación de la ayuda, destinada a menores de 35 años con dificultades para emanciparse.
La gestión de este bono, financiado con fondos estatales y ejecutado por la Junta de Andalucía, está marcada desde su arranque por los retrasos, que la consejería ha achacado, entre otros motivos, a problemas informáticos. La demora está frustrando a sus potenciales beneficiarios y ha motivado protestas en la calle y los reproches de la oposición y del Defensor del Pueblo, que acaba de hacer pública una resolución en la que constata la “errática situación” del bono, apuntando a “fallos del sistema informático”, para el que solicita mejoras que impriman celeridad a los trámites. Sin embargo, el presidente Juan Manuel Moreno aseguró hace apenas un mes que la administración andaluza ha “metido el turbo” para resolver las 17.000 solicitudes registradas en noviembre de 2022, hace más de un año. Según las cifras que ofreció el pasado 14 de diciembre de 2023, apenas uno de cada cinco solicitantes (3.568 de 17.266) había recibido algún tipo de ayuda.
Moreno y la consejera Rocío Díaz son conscientes del descrédito. El presidente ha pedido perdón en dos ocasiones y Díaz ha admitido que el bono “no ha funcionado”. Sin embargo, nunca han explicado claramente por qué. Desde que surgieron los primeros inconvenientes, la Consejería apuntó al Ejecutivo central por el diseño de las bases reguladoras; es decir, el entramado burocrático que hace posible (o casi imposible, en este caso) que el dinero llegue a quien lo solicita y cumple los requisitos. Sin embargo, ese mismo diseño no ha supuesto especial problema en las demás comunidades autónomas, exceptuando Madrid, que acumula retrasos similares a Andalucía.
Fuentes de la consejería apuntan a una amplia relación de pegas para detallar en qué fallan las bases: “Concepto de interesados en el procedimiento; cuantía y cómputo de las rentas del solicitante; objeto del contrato de arrendamiento; ingresos del solicitante; otras viviendas que no las tuviera en propiedad el solicitante; la condición de vivienda habitual y permanente; cambio de domicilio del solicitante desde el territorio de otras comunidades autónomas…”, detallan.
Además, apuntan a otro problema vinculado con la gestión material de las ayudas: “A eso hay que añadirle un aplicativo unificado para todas las comunidades autónomas”. En los últimos meses, la Junta de Andalucía ha deslizado que uno de los obstáculos estaba siendo la gestión de los procesos informáticos. Según aseguró la consejera Rocío Díaz el 9 de octubre, las comunidades autónomas advirtieron de las dificultades que tendría tramitar el bono, y pidieron “una única herramienta informática”. De hecho, la web andaluza colapsó cuando se abrió el plazo para recibir solicitudes y muchos jóvenes tuvieron que trasnochar para rellenar su solicitud a horas con menos tráfico.
En Andalucía, el soporte a la gestión de los sistemas de información relacionados con vivienda y obras públicas de la Consejería de Fomento está externalizado desde hace al menos cuatro años. El 21 de noviembre, Proxya anunció que continuará prestando ese servicio, que incluye “facilitar a la ciudadanía la relación y gestión con la Administración para temas demandantes como el Plan Eco Vivienda, el Bono Alquiler Joven y la demanda de Vivienda Protegida”. La entidad explica en ese anuncio que apuesta por “metodologías ágiles”.
El nuevo contrato fue adjudicado por 1.304.549,40 euros el pasado 7 de julio a la UTE formada por Proxya Servicios Tecnológicos, S.L. y Fujitsu. Aunque su duración es un año, es posible su prórroga hasta un total de cuatro, lo que implicaría un desembolso mínimo final de 5.175.072 euros. La oferta de la UTE fue, de lejos, la mejor valorada por la comisión técnica, imponiéndose en todos los apartados a las de Ayesa, Soltel y la UTE Rosetta-Babel.
El contrato, vigente desde septiembre de 2023, da continuidad al vigente hasta entonces, suscrito por Fomento con la UTE Fujitsu-Emergya (la matriz de Proxya) en agosto de 2019. En estos cuatro años, la Consejería ha pagado 4.545.740,72 euros a la UTE. Se da la circunstancia de que la prórroga de los dos últimos años (de agosto de 2021 a agosto de 2023, cuando aparecieron los problemas con la tramitación del bono) el precio se encareció en 378.000 euros (un 20%), una modificación prevista (pero no obligada) en los pliegos. Todas las ofertas (incluyendo la ganadora) se calificaron inicialmente como “anormalmente bajas” por una Comisión Técnica, que finalmente entendió que esas “anormalidades” estaban justificadas y el contrato era viable.
La Consejería de Fomento subcontrata estos servicios porque no tiene personal para prestarlos por sí misma. Los recursos humanos asignados por la Agencia Digital de Andalucía a Fomento son “insuficientes cuantitativa y cualitativamente” para este tipo de proyectos, se lee en un informe justificativo de la licitación, en el que se hace constar la “insuficiencia crítica de recursos propios” para el desarrollo y mantenimiento de sistemas de gestión o el soporte de aplicaciones. Todas las áreas tienen una dotación insuficiente a excepción de la Jefatura y coordinación de áreas funcionales.
Los objetivos de este modelo de prestación de servicios aparecen en la documentación anexa al contrato, que este medio ha consultado: “Asegurar la gestión eficiente de la problemática que representa la constante adecuación del soporte lógico del parque de sistemas de información de gestión, adaptándolo a los cambios de la organización y de su contexto, así como a los cambios tecnológicos”; “optimizar los servicios contratados”; “garantizar la calidad de los servicios prestados mediante parámetros claramente definidos”; y “aplicar un mecanismo de penalidades ante posibles incumplimientos (…) a fin de incentivar el mantenimiento de los niveles de calidad deseados”.
Pese a la externalización, el servicio ofrecido al ciudadano está lejos del óptimo. El colapso de la web fue el preludio caótico a una tramitación que, por motivos burocráticos o técnicos, ha puesto de los nervios a miles de jóvenes andaluces que aspiran a independizarse con el impulso de una ayuda pública al alquiler que en otras comunidades se ha gestionado sin tantos problemas.
A través de nuestro canal en Telegram trasladamos de forma inmediata lo que ocurre en Andalucía: últimas noticias que van aconteciendo, o donde, simplemente, te ofrecemos un resumen de la información más relevante del día.