La oposición clama contra el carpetazo a la comisión que investigaba los contratos de la Xunta y el sobrecoste del Cunqueiro

Veinticuatro horas antes de que se vote el dictamen de la comisión de investigación sobre los contratos de la Xunta y los sobrecostes del hospital Álvaro Cunqueiro, los grupos de la oposición han puesto el grito en el cielo por el cierre en falso de los trabajos. Eso es lo que, en su opinión, pretende realizar el PP aprovechando su mayoría absoluta tanto en el Parlamento como en el propio órgano. El BNG, que fue quien impulsó la comisión, ya ha anunciado un voto particular al dictamen elaborado por los populares, un “panfleto” que no se molestan en enmendar. Sí lo hará el PSdeG, que ha anunciado un texto de conclusiones “alternativo” y su intención de continuar en los tribunales lo que no han podido hacer en la Cámara. El PP, por su parte, no oculta su satisfacción por el resultado final y ha llegado a pedir a nacionalistas y socialistas que se disculpen por sus “difamaciones”.

La principal conclusión del borrador del dictamen de la comisión —al que el PP presentó una enmienda que profundiza en las mismas ideas— es que no hubo “ni una sola tacha de legalidad” ni en la construcción del Álvaro Cunqueiro ni en los contratos menores y de emergencias. Para el BNG, el texto “repite el argumentario” defendido por los populares. “No es un dictamen, es un sencillo panfleto”, ha asegurado en rueda de prensa la diputada Montse Prado para, seguidamente, afear al PP que convirtiera la comisión en una “parodia”, en una “farsa democrática” y en una “burla” al Parlamento.

Prado ha señalado que el dictamen que se aprobará este viernes consiste en “sacar de contexto” documentación y frases de los comparecientes. “No le damos carácter de dictamen a esto que va a presentar mañana el PP”, ha insistido, para seguidamente quejarse de que la comisión concluirá sus trabajos sin que los grupos tengan ni siquiera “las transcripciones” de las sesiones al completo.

La diputada del BNG ha centrado buena parte de su comparecencia en denunciar que la Xunta y el PP ocultaron “a propósito” documentación sobre los contratos con Eulen —empresa que tiene como directiva para el Noroeste a Micaela Núñez Feijóo, hermana del expresidente gallego Alberto Núñez Feijóo— y sobre el levantamiento del Álvaro Cunqueiro.

Los nacionalistas impulsaron la creación de la comisión ante lo que consideraba una “alarma social” después de que se hiciese público el informe del Consello de Contas que apuntaba a un “sobreprecio” de 470 millones de euros en la construcción del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, por el método elegido para ejecutarlo. A esto se sumaban otras informaciones sobre los contratos menores y de emergencias emprendidos por la Xunta sobre todo —pero no únicamente— durante la pandemia de la covid-19.

La nacionalista ha censurado que “desde el primer momento” el PP intentó “boicotear” este órgano “no facilitando documentación” desde la Xunta e “imponiendo el plan de trabajo” y, por tanto, también a los comparecientes y los documentos a revisar. Además, “el PP ya tenía desde el primer momento las conclusiones hechas” y las redactó “en tiempo exprés”, ya que las presentó a la oposición cinco días después de la última de las comparecencias.

“Escándalo de proporciones mayúsculas”

El Grupo Socialista sí ha presentado un texto alternativo al del PP para el dictamen de la comisión ya que considera que lo que buscan los populares con ese texto es “dar carpetazo a un escándalo de proporciones mayúsculos”.

El PSdeG amenaza con que, si no se reabre la investigación a través de la Cámara “sin vetos”, no descarta llevar a la Justicia tanto los contratos menores y de emergencias durante la pandemia como el modelo empleado para construir el Cunqueiro. En un comunicado, la viceportavoz parlamentaria Elena Espinosa asegura: “No permitiremos que esta trama de corrupción quede sin respuesta. La ciudadanía gallega merece un gobierno que actúe con transparencia”.

Espinosa denuncia que los populares buscan “sepultar la verdad y proteger sus intereses”, censura su comportamiento desde el arranque de los trabajos y los acusa de “manipular las normas de funcionamiento, vetar comparecencias clave —entre ellas, la del expresidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo— y bloquear el acceso a la documentación relevante”.

El dictamen alternativo de los socialistas ahonda en las “irregularidades” y en el “patrón sistemático de favoritismo” en las contrataciones con empresas dirigidas a personas vinculadas a altos cargo del PP y de la Xunta. Por ejemplo, se fija en las adjudicaciones por 54 millones a Eulen, cuya directora para el Noroeste es Micaela Núñez Feijóo; también, en la concesión del apoyo al servicio de rastreo durante la covid a una empresa del Grupo Konecta, donde es directivo el cuñado de Feijóo, Ignacio Cárdenas. Además, pone el foco en los contratos menores adjudicados a Gallaecia Patentes y Marcas —empresa del hermano de la secretaria xeral de Presidencia, Beatriz Cuíña— y en las compras a Allwork Vestuario Laboral, donde es socio el marido de la secretaria general del PPdeG, Paula Prado. “Estos casos no son coincidentes, son pruebas de una corrupción sistemática que debe ser investigada con toda rigurosidad”, subraya Elena Espinosa.

La satisfacción del PP

Desde una posición diametralmente opuesta, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha pedido a BNG y PSdeG que se “disculpen” con “el conjunto de los gallegos” por las “difamaciones” que vertieron antes y durante la comisión. En la rueda de prensa de balance del año parlamentario, Pazos ha asegurado que los populares están “satisfechos” con el trabajo realizado en esta comisión para “poner en valor la buena labor de los gobiernos del PP” en la construcción del Álvaro Cunqueiro y en la contratación menor y de emergencias durante la pandemia.

Sobre estos dos asuntos, el borrador de dictamen que preparó en solitario el PP concluye que “ni hubo sobrecoste” en el levantamiento del hospital vigués y que un modelo totalmente público “era imposible” por la situación de crisis financiera; y que no se dio “ni un mínimo” atisbo de ilegalidad en los contratos. Preguntado por el voto particular del BNG, el portavoz parlamentario popular ha ironizado con “el sentido del humor” de los nacionalistas, quienes “tenían unas conclusiones escritas desde mucho antes” de constituida la comisión.

“Cuando salió publicado el informe del Consello de Contas había dos interpretaciones: la que hacía la oposición, que hablaba de sobrecoste del Álvaro Cunqueiro (cifrado en 470 millones); y la que hizo el PP, que el informe no decía eso, sino que hacía comparativa de dos posibles modelos”, ha resumido Pazos. Por tanto, después de que acudiesen al Parlamento los autores del informe y “validaron” lo que “estaba diciendo el PP”, el popular cree que BNG y PSdeG deben “pedir disculpas al conjunto de los gallegos”, aunque no espera que lo hagan.

Por último, sobre la posibilidad de que los asuntos abordados en este órgano se acaben judicializando —apuntada por el PSdeG después de que el BNG ya presentase un recurso ante el Tribunal Constitucional para denunciar el funcionamiento de la comisión—, ha asegurado que el PP no tiene “nada que temer”.