El Defensor del Pueblo Andaluz ha vuelto a dar un tirón de orejas a la Junta de Andalucía a cuenta de los retrasos acumulados desde hace más de un año en el Bono Alquiler Joven, que gestiona la Consejería de Fomento con fondos estatales. En una resolución que acaba de hacer pública, concluye que no hay “justificación” a la falta de acceso al bono ni al retraso en las resoluciones.
La resolución, segunda sobre este asunto que emite la institución, constata que el descontento es “palpable” entre los beneficiarios potenciales, jóvenes menores de 35 años que aspiran a independizarse en un contexto de alquileres desorbitados en las grandes ciudades andaluzas. Si ya recibió quejas por la demora en poner en marcha el bono, en el último año, el Defensor ha acumulado más reclamaciones por el incumplimiento de los plazos de abono, lo que “ha venido a aumentar el colapso inicial y la errática situación que arrastra este procedimiento”.
Según los datos ofrecidos por Fomento a elDiario.es/Andalucía, a fecha 21 de diciembre de 2023 se habían resuelto favorablemente 6.790 de las 17.000 solicitudes, que la Junta recibió a mediados de noviembre de 2022. Esto supone la asignación de 32,1 millones de euros, menos de la mitad de los 68,4 millones destinados a Andalucía por el Ministerio de Vivienda en abril de 2022. Más parco aún es el montante de ayudas efectivamente recibido por los destinatarios del bono: apenas 1 de cada 5 habían recibido alguna ayuda a comienzos de diciembre de 2023, según detalló entonces el presidente Juan Manuel Moreno, quien calificó la acción pública como “meter el turbo”.
La gestión de este tipo de ayudas ha sido un quebradero de cabeza para la Junta de Andalucía, hasta el punto de que el propio Moreno ha pedido disculpas públicas en dos ocasiones, prometiendo una pronta solución a las demoras que, sin embargo, no ha llegado.
La institución que dirige Jesús Maeztu pide a la Junta de Andalucía que para la próxima convocatoria realice un análisis previo de la población potencialmente beneficiaria; reconsidere la obligatoriedad de gestionar la solicitud por medios telemáticos; e introduzca mejoras en la aplicación informática para “dar celeridad” a la tramitación de los expedientes.
Entiende la “complejidad subyacente para los procedimientos telemáticos” con los que se gestiona la ayuda y los esfuerzos de la administración, pero concluye que “nada de ello puede considerarse una justificación a la falta de acceso al Bono Joven Andalucía ni al retraso en las resoluciones de los expedientes que se gestionan”.
La mayor parte de las quejas que ha recibido el Defensor se refieren a los “fallos del sistema” para cursar la solicitud de la ayuda. “Después de varios meses de expectación, la falta de acceso a la web provocó la indignación y decepción de miles de jóvenes andaluces que han visto truncados sus expectativas de emancipación al depositar sus esperanzas en esta convocatoria”.
“Produce cierta extrañeza” que no se previeran medidas ante la previsible participación masiva para estas subvenciones. A pesar de la obligatoriedad de tramitar la ayuda por medios telemáticos, esto no ha resultado en una mayor agilidad o en la automatización de los trámites de reconocimiento, concesión y abono, señala Maeztu.
La tramitación electrónica obligatoria no ha agilizado el proceso (quizá al contrario), y sí puede producir una vulneración del principio de igualdad, de rango constitucional. El Defensor subraya que la brecha digital existe también en la población joven, que aquí tuvo que solicitar la ayuda de madrugada por el colapso de la web. “No todas [las personas jóvenes] presentan las mismas destrezas digitales, ni disponen de los mismos recursos técnicos para solicitar esta ayuda con la premura que se requería”, recuerda el Defensor, que dispone de múltiples testimonios que lo confirman.
Por último, vuelve a sugerir a Fomento que haga una estimación precisa de la población potencialmente beneficiaria de la ayuda para planificar adecuadamente las siguientes convocatorias y evaluar el impacto de la ayuda. En apenas tres días, con una web colapsada y entre frecuentes mensajes de error, Fomento recibió 17.266 solicitudes. Desde aquella fecha, 14 de noviembre de 2022, han transcurrido casi 14 meses, y queda por resolver y abonar la mayor parte de las ayudas.
La nueva resolución del Defensor cierra una queja de oficio que abrió con los primeros retrasos de la Junta de Andalucía al abrir la convocatoria, allá por octubre de 2022. La queja se reabrió cuando, una vez abierta la convocatoria (después que todas las demás comunidades autónomas), la web colapsó y, ya en mayo de 2023, llegó la fecha en que debían estar resuelto las solicitudes sin que ninguna lo estuviera.
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