Rueda anuncia 1.800 plazas en 24 nuevas residencias de mayores en Galicia con participación privada

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado que en los próximos tres años, que es lo que queda de legislatura, se van a levantar en Galicia 24 nuevas residencias de mayores e la comunidad, con una capacidad conjunta de 1.800 plazas, y que van a estar fuera de las ciudades, en localidades de menos de 50.000 habitantes. La iniciativa se pondrá en práctica “mano a mano con el sector”, lo que quiere decir que en el plan van a entrar entidades privadas. En el modelo actual, hay centros puramente privados, centros privados en los que el Gobierno tiene plazas concertadas y centros públicos. Fuentes del equipo del presidente no aclaran en qué se va a traducir esta participación y señalan que hay varios formatos, también distintos a los actuales, que abren la mano al sector.
La primera intervención de Rueda en el debate del estado de la Autonomía -el segundo que afronta como presidente, tras el de 2023, año y medio después de sustituir a Feijóo al frente de la Xunta- ha dejado una retahíla de promesas. Además de las nuevas residencias, con las que aseguró que se van a crear un millar de puestos de trabajo y se van a incrementar un 15% las plazas actuales -que, entre públicas y concertadas, son unas 15.000-, avanzó un giro en el polo aeroespacial creado en Rozas (Lugo) y que se enfocaba a usos civiles. En medio del debate sobre la militarización y tras el anuncio de Pedro Sánchez de elevar el gasto en la materia, Rueda ha anunciado que este centro se va a orientar a seguridad y defensa. El Gobierno gallego destinará a este objetivo 180 millones de euros en cinco años porque considera que la actual situación geopolítia ofrece “oportunidades a aprovechar” y la demanda va a crecer de forma exponencial en los próximos ejercicios. “Galicia estará ahí pese a las críticas que estoy seguro que habrá”, dijo.
Lo que no va a variar es la senda seguida en materia fiscal: “Me comprometo a que Galicia no va a subir impuestos”. El objetivo, insistió, es seguir rebajándolos. Estas bajadas han beneficiado hasta ahora en mayor medida a los grandes patrimonios. También avanzó que en la próxima declaración de la renta habra una nueva desgravación por la compra de libros y material escolar -la gratuidad de los libros de texto fue eliminada por Feijóo-. Será para los hogares que tienen entre 10.000 y 30.000 euros anuales de renta por persona. El descuento será del 15% del gasto, con un tope de 105 euros por alumno, explicó.
Nuevas ayudas para propietarios que alquilan vivienda
En cuanto a la vivienda, relegada durante los mandatos de Feijóo y que, en un contexto de creciente malestar social por la subida de precios, Rueda ha recuperado como pieza habitual de sus discursos y anuncios, indicó que habrá un nuevo programa de ayudas en la Xunta para rehabilitar inmuebles vacíos y destinarlos al alquiler, siempre que se mantengan al menos cinco años en el mercado. Cada propietario puede aspirar a una media de 12.000 euros para las obras, una cifra que se incrementará si el alquiler es para jóvenes o familias con hijos pequeños. “No es normal que tanta gente tenga que esperar para emanciparse”, dijo Rueda en el Parlamento, ante el que admitió que la vivienda “es imprescindible y debe estar en las prioridades de gobierno”.
En su diagnóstico de la situación, volvió a defender a los caseros y a los propietarios que emplean las viviendas para hacer negocio con el turismo. Culparlos a ellos de la escalada de precios, dijo, “es reduccionista”. Aseguró que las peticiones de declarar zonas tensionadas se tramitarán “si las solicitudes están bien hechas” -la Xunta acaba de responder al Ayuntamiento de A Coruña que la suya tiene “errores de bulto”-, pero volvió a criticar este instrumento asegurando que el lugares como Países Bajos los contratos cayeron un 38% con este tipo de medidas. “Nuestra respuesta tiene que ser construir vivienda”, defendió. Razonó que la apuesta por dar nuevos apoyos públicos a los propietarios que alquilen busca “animarlos y dejar de amenazarlos y culpabilizarlos”.
50 euros para comprar pescado
Entre los anuncios lanzados por Rueda figura otro bono para aumentar el consumo, en este caso, de pescado fresco. La Xunta va a dar una ayuda de 50 euros que se van a liberar de cinco en cinco a lo largo de diez semanas. La inversión total en la medida serán 2,5 millones de euros.
En materia de sanidad, el presidente gallego avanzó que un proyecto piloto ofrecerá poner la vacuna intranasal de la gripe a los niños en sus colegios. Una de las promesas no cumplidas del debate de política general anterior es la de incorporar psicólogos a los centros de salud de forma generalizada. El plan no está en marcha aún y Rueda no ha concretado cómo se va a ejecutar. En su intervención se ha limitado a señalar que la Xunta tiene prevista la contratación de otros 35 profesionales en la sanidad pública gallega en general en lo que resta de legislatura.
El discurso de Rueda se detuvo menos en materias como la lucha contra la violencia machista -la principal novedad es que cuatro centros móviles de atención a la mujer se desplazarán entre entre ayuntamientos- o la protección del medio ambiente, sobre la que su enfoque fue el de la gestión económica del monte y el aprovechamiento forestal. Tampoco aclaró si ampliará la moratoria que impide hacer nuevas plantaciones de eucalipto y que vence al cierre de este año. Como en ocasiones anteriores, manifestó que la decisión se tomará más adelante.
En cuanto a las negociaciones para tratar de recuperar el consenso sobre la lengua del que se descabalgó Alberto Núñez Feijóo tras llegar a la Xunta en 2009, el presidente gallego se limitó a lanzar críticas a lo que calificó de “oxidadas posturas políticas que pueden impedir el pacto”. En su opinión, hay un consenso social que “no puede saltar por los aires al llegar a la política por intereses partidistas”.
Más competencias
Tras firmar el primer traspaso de competencias en 17 años -el anterior fue durante la etapa del bipartito de PSdeG y BNG-, el de la gestión del litoral, Rueda insistió en que va a profundizar en el autogobierno y confirmó que va a pedir la gestión compartida de las alertas meteorológicas, el rescate y posterior transferencia de la AP-9, y la gestión de los permisos de trabajo de personas migrantes.
Volvió a reclamar también para Galicia las competencias para gestionar el ingreso mínimo vital (IMV). Desde que entró en vigor esta medida estatal, ha habido un fuerte descenso en el número de personas que ingresan la renta de inserción social propia de la comunidad autónoma, la Risga, algo que las entidades que trabajan con personas en riesgo de exclusión atribuyen a una decisión consciente de la Xunta.
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