Un centenar de personas convocadas por la plataforma ciudadana en defensa de la educación pública, Marea Verde Andalucía, se ha congregado en la tarde de este jueves a las puertas del edificio Torretriana, sede de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, para reclamar una veintena de medidas de mejora entre las que figuran la bajada de la ratio, la mejora de la atención a la diversidad, la puesta en marcha de la Ley de Bioclimatización y la eliminación de las pruebas diagnóstico, entre otras.
En la concentración, que cuenta con el apoyo de Ustea, Docentes Unidos por la Pública y el sindicato CGT, entre otros, Marea Verde Andalucía ha pedido que se “blinde” la figura del profesor para “protegerlo de agresiones” y una simplificación de la carga burocrática e instrucciones “concretas” para “hacer frente” a esas tareas administrativas. Además de instar a que se fomente la participación de la comunidad educativa, Marea Verde Andalucía reclama “más financiación y trabajo en equipo para que metodología y pedagogía mejoren la vida y el conocimiento del alumnado”.
Igualmente, se exigirá una oferta de Formación Profesional que “acabe con la mercantilización”, la “eliminación” de las universidades privadas y un aumento de orientadores y PTIS ya que “la salud mental es un derecho y debe cuidarse en los centros educativos, que deben ser centros de bienestar”, según recoge el documento de reivindicaciones de Marea Verde consultado por Europa Press.
Fuentes de la Consejería han mostrado “respeto máximo a todas las reivindicaciones que pretenden una mejora de la educación pública de Andalucía” pero ha señalado que el Gobierno andaluz es el que, a su juicio, ha demostrado un “mayor compromiso a la hora de potenciar la escuela de todos”, incrementando en más de 2.500 millones (40% más) el presupuesto desde 2019, cercano ya a los 9.000 millones, y destinado a “reforzar las plantillas docentes más amplias, estables y mejor pagadas que nunca gracias a los acuerdos con los sindicatos” y, en particular, las destinadas a la atención a la diversidad, con más de 13.000 profesionales (un 30% más que en 2018) y la Formación Profesional, que cuenta con un incremento de 47.000 plazas públicas y casi 3.000 profesores más.
“En un sistema público de las dimensiones del andaluz, siempre hay margen de mejora y en eso trabaja el Gobierno andaluz”, que recuerda que “en ningún curso anterior a 2019, con otros gobiernos, hubo más presupuesto, más plantilla docente en general ni de atención a la diversidad en particular, ni mejores ratios que ahora, con bajadas progresivas en todos y cada uno de los seis cursos planificados”.
No obstante, la Consejería reconoce que hay centros y zonas “más sobrecargados” por “una mayor presión demográfica” y en los que “hay que seguir implementando medidas”. Andalucía cuenta con cerca de 12.000 aulas con 20 alumnos o menos en Infantil y Primaria (el 45% del total), 3.000 más en este rango que en 2018 y el 93% está por debajo del límite de ratio a 25, según los números aportados por la Junta. Gracias al crecimiento de la FP desde 2019, ocho de cada diez alumnos acceden a estas enseñanzas en plazas públicas, un 81% de solicitudes, frente al 65% de 2018.
Respecto a la implementación de la Ley de Bioclimatización, aprobada en el Parlamento andaluz en julio de 2020 con el apoyo del Gobierno andaluz, la Consejería de Desarrollo Educativo y FP ha ejecutado “prácticamente al completo” un primer programa, “pionero en España”, para dotar de refrigeración adiabática y placas solares fotovoltaicas a 454 centros educativos públicos con una inversión de 150 millones. Hasta 2020, “ningún centro educativo andaluz contaba con bioclimatización. Todos los centros educativos de nueva construcción en los planes de infraestructuras a partir de 2021 incluyen bioclimatización”, han aclarado desde Desarrollo Educativo.
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