La parálisis de la Memoria Histórica en Andalucía no está provocada por la COVID-19. En 2019, primer año completo del Gobierno presidido por Juan Manuel Moreno (PP), el gasto para abrir fosas comunes ha sido de poco más de 110.000 euros, un 30 por ciento del dinero disponible para este fin, según la ejecución presupuestaria a la que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía.
El Ejecutivo conservador no ha aprobado la apertura de ninguna nueva tumba ilegal con víctimas del franquismo. Antes de la pandemia, por tanto, la Junta de Andalucía de PP y Ciudadanos ya plegó ante la exigencia de la extrema derecha de Vox: dejar en punto muerto las políticas públicas encaminadas a resolver las violaciones de derechos humanos cometidas por los golpistas de Francisco Franco.
Desde la Consejería de Cultura no han respondido a las reiteradas preguntas realizadas durante los últimos meses desde este periódico para conocer qué planes tiene el departamento que asume las competencias en materia de Memoria Histórica. Por lo pronto, la cartera encabezada por Patricia del Pozo sí ha nombrado al Comisionado para la Concordia, Francisco Javier Arroyo Navarro, que exige Vox “para reemplazar la Ley de Memoria Histórica”.
Andalucía sufre de este modo un parón en los trabajos arqueológicos, cuyo ritmo en los últimos años ha superado las 100 fosas del franquismo abiertas y las 4.000 víctimas recuperadas desde el año 2003. Andalucía, la región más castigada en España por la violencia extrema golpista, suma al menos 45.566 víctimas en 708 fosas comunes, según el Mapa de Fosas.
Unas cifras que superan al terrorismo de Estado en las dictaduras de Argentina y Chile juntas. Mientras, el acuerdo de Gobierno de PP y Ciudadanos con Vox ya puso como condición liquidar la ley de Memoria Histórica de Andalucía que la extrema derecha tacha de “totalitaria”. Y en el aire queda el I Plan Andaluz, que tenía previsto dotar con cinco millones de euros la búsqueda de desaparecidos en el periodo 2019-2022.
Presupuesto para abrir fosas, sin usar
El primer Presupuesto andaluz de PP y Cs prorrogó, casi calcadas, las cuentas para Memoria Histórica del anterior Ejecutivo socialista. La Junta de Andalucía informó de que priorizaba el gasto en exhumaciones de fosas comunes e identificaciones de víctimas del franquismo. Pese al veto de la extrema derecha de Vox, que recuerda el pacto tripartito.
La cuantía total del 'Programa Memoria Democrática' de la Junta de Andalucía suma algo más de 1,6 millones de euros. De ahí, el capítulo 1 (gastos en personal) consume casi 350.000 euros. La parte más sensible, dirigida a “estudios y trabajos técnicos”, es decir, trabajos en fosas comunes, aparece con 369.000 euros (desde un crédito inicial de más de 0,5 millones) y con poco más de un 30 por ciento ejecutado.
Otras partidas de este capítulo 2, 'gastos corrientes', casi dejan en blanco los apartados dedicados a edición de publicaciones, información, divulgación, reuniones, conferencias y cursos. El capítulo 4, transferencias corrientes, sí recoge las cantidades destinadas a universidades andaluzas y ayuntamientos, además del 'impulso a la Ley de Memoria Democrática', con un total de casi 300.000 euros. Ahí sale también, sin cantidad económica alguna, el grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía, de CGT-A, entidad impulsora de la base de datos 'Todos (...) los nombres'.
Pasado el primer año de Gobierno de las derechas, la Junta no ha aprobado la apertura de ninguna fosa común nueva. El único dinero ejecutado ha sido para el grupo de intervenciones ya aprobadas mediante licitación pública en 2018. A partir de ahí, ni una más.
La administración regional sí participa en el proceso de excavación en el cementerio sevillano de San Fernando en Sevilla: en la fosa de Pico Reja, con 1.103 asesinados por los fascistas, entre ellos el Padre de la Patria Andaluza, Blas Infante. El trabajo se realizará en cuatro años con un acuerdo a tres bandas junto a la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento hispalense. La Junta aporta 265.000 euros, como el ente provincial –sin que hasta el momento hayan hecho público el abono de dichas cantidades–, y el Consistorio 680.000 euros.
Las cunetas del olvido
En tiempos del coronavirus las víctimas del franquismo quedan relegadas, otra vez, a las cunetas del olvido. La pandemia amenaza a los impulsores de la Memoria Histórica mientras torturadores como Billy el Niño fallecen “bajo el manto protector del Estado español”, en palabras del abogado Jacinto Lara. O la Querella Argentina cumple una década buscando justicia.
En Andalucía la situación no está siendo menor. Sobre todo con la gran cuestión pendiente, las fosas comunes. Solo hay dos intervenciones activas en suelo andaluz. De un lado Pico Reja en el cementerio de San Fernando en Sevilla, unos trabajos que ya muestran sus primeros resultados al sacar a la luz a casi un centenar de represaliados, como ha desvelado eldiario.es Andalucía.
Y de otra parte la 'fosa de los militares' en San Fernando (Cádiz), que en varias fases acumula 106 personas rescatadas de la tierra. La Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San Fernando (AMEDE) ha reanudado la tarea en el cementerio de la ciudad gracias a un convenio con la Diputación de Cádiz (que aporta 15.000 euros) y al apoyo del ayuntamiento isleño.
El resto ni está ni se le espera, pese a que el discurso público de la consejera Del Pozo reitera el supuesto “afán” del “Gobierno de Andalucía por reparar el daño que las familias de las víctimas han sufrido durante estas décadas”, como expresó cuando la Junta vendió como propios trabajos en fosas que financió el Ministerio de Justicia del Gobierno de España.
Centenares de fosas, miles de víctimas, sus familias… Todo está parado. Aunque décadas de retraso en Memoria Histórica condenan a la mayor parte de familias a no recuperar jamás a sus muertos, como apunta un informe del Ministerio de Justicia al que ha tenido acceso este medio. Las asociaciones de Memoria Histórica, entre tanto, preparan movilizaciones para reclamar, como exige Naciones Unidas, el derecho a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.