Las izquierdas como aliadas de la memoria. Las derechas, ajenos en sus programas. Es un resumen, en un par de frases, del recorrido que tiene la Memoria Histórica en los programas electorales de los cuatro partidos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía: PSOE, PP, Adelante Andalucía (Podemos e Izquierda Unida) y Ciudadanos.
Susana Díaz (PSOE) hace bandera de los avances logrados en esta legislatura, con la punta del iceberg en la Ley de Memoria, y apunta objetivos de futuro como el desarrollo del I Plan Andaluz de Memoria Democrática con la apertura de fosas comunes como clave.
Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) califica de “hito” el marco legal pero critica la “falta de compromiso” del Gobierno andaluz. Y hace suyas reivindicaciones del “movimiento memorialista andaluz”, como en la herencia viva del golpista Queipo de Llano o el apoyo a la Querella Argentina.
Juan Manuel Moreno (PP) se abona al olvido sin hacer una sola alusión a la materia. Y Juan Marín (Ciudadanos), acaso, deja una alusión desubicada a la Generación del 27 proponiendo una ruta “turístico-literaria”.
En juego está el cumplimiento de las legislación memorialista y las recomendaciones de Naciones Unidas: verdad, justicia y reparación como garantía de no repetición. Hasta el Parlamento Europeo ha señalado a España como la anomalía con el fascismo. Y en ese escenario hay dos visiones: PSOE y Adelante Andalucía, con Memoria Histórica; PP y Ciudadanos, silencio.
PSOE: un “plan andaluz de Memoria”
El programa del PSOE defiende las políticas públicas implementadas desde los diferentes gobiernos socialistas de la Junta “desde hace casi dos décadas”. La Memoria Histórica es “cultura democrática” y “un derecho ciudadano en Andalucía” asentado sobre “la reparación de las víctimas y en la defensa de los derechos humanos más elementales”, subraya el marco electoral que encabeza Susana Díaz.
Y hace un repaso de los avances logrados en la legislatura que expira con la cita con las urnas del 2D. Con la punta del iceberg marcada en el “hito decisivo” de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Un marco legal que ha permitido ampliar el concepto de víctima, abrir el melón educativo, crear Lugares de Memoria o avanzar en la recuperación de desaparecidos forzados.
El PSOE establece en 14 puntos los objetivos programáticos de un nuevo Gobierno. La clave es desarrollar el I Plan Andaluz de Memoria Democrática. A partir de ahí: aumentar el presupuesto para abrir fosas comunes y crear un Banco de ADN y un censo de víctimas. O una suerte de 'comisión de la verdad' unida al Consejo de la Memoria con una investigación específica a la represión sufrida por las mujeres, impulsar el acceso a los archivos o, entre otras, eliminar la simbología franquista.
PP: ni una referencia
El programa electoral del PP de Andalucía no hace ni una referencia a la Memoria Histórica. Una continuación del “cero euros” que practicó el Gobierno de España bajo presidencia de Mariano Rajoy. Una estrategia del olvido que hereda el candidato popular, Juan Manuel Moreno Bonilla.
Ninguna atención merecen el franquismo y la recuperación memorialista, en 412 páginas, para una formación conservadora que ya se abstuvo en la votación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía en marzo de 2017. Y cuyo líder nacional, Pablo Casado, defiende ilegalizar organizaciones “comunistas y populistas” como moneda de cambio para condenar el franquismo.
Adelante Andalucía: a por un “compromiso real”
El programa electoral de Adelante Andalucía apela por “recuperar y difundir la memoria” de las violaciones de los derechos humanos del franquismo y de la “sostenida lucha” contra la dictadura. Califica la Ley de Memoria andaluza como un “hito”. Pero critica las “grandes expectativas entre las víctimas de la represión franquista” aparcadas en un cajón “a falta de un compromiso político real del Gobierno andaluz”.
El texto que defiende la candidata Teresa Rodríguez hace suyas las reivindicaciones del “movimiento memorialista andaluz” como “base social organizada”. Como en el apoyo a la Querella Argentina y el caso de la “eliminación completa de los símbolos y vestigios”, donde hace una referencia particular: “urge sacar de la basílica de la Macarena los restos del general golpista Queipo de Llano, el mayor genocida de la historia de Andalucía y devolver el patrimonio expoliado por él y su familia”.
En 18 puntos, Adelante Andalucía pone sobre la mesa apuestas de futuro como investigar el robo de bebés y el trabajo esclavo y retocar la Ley de Amnistía. El programa de Gobierno propone crear una red andaluza de oficinas de víctimas, con un censo de represaliados por el franquismo, asumir la gestión de archivos e incorporar la Memoria al currículo escolar. O atender la “memoria de la diversidad” enfocada en la represión a las mujeres y los colectivos LGTBI y conseguir un “papel activo y comprometido de la televisión y la radio públicas”.
Ciudadanos: cero alusiones
Para Ciudadanos no existe la Memoria Histórica en Andalucía. Una tierra que describe como de “tradición democrática” pero que sirve al partido naranja para enarbolar más banderas: desde el conflicto separatista con Cataluña, a la etapa transicional a la democracia y los 40 años de la Constitución Española.
“Qué mejor lugar para seguir reivindicando desde la esfera pública los valores de libertad, igualdad y unión que inspiraron la Transición y que están hoy cuestionados por nacionalistas y populistas”, dice el programa electoral para el 2D que defiende el candidato Juan Marín.
Todo lo más, en el apartado cultural, propone crear una 'Ruta de la Generación del 27'. Una apuesta “turístico-literaria” que no enlaza en el texto con la Memoria Histórica. “Andalucía como cuna de una de las más grandes generaciones literarias españolas de todos los tiempos”, señalan.
Ciudadanos cree en “una España de ciudadanos libres e iguales”. Cero alusiones, sin embargo, a los derechos humanos de las víctimas del franquismo, a las miles de familias con seres queridos en fosas comunes y cunetas o sobre la dictadura que no condenó, junto al PP, en el Senado.