Durante el año 2017 llegaron a las costas españolas 2.426 menores extranjeros no acompañados, los denominados MENA. El número es muy superior al registrado en 2016 (588 menores) y 2015 (414), según los datos oficiales trasladados por el Gobierno central a la senadora andaluza de Podemos Maribel Mora.
Andalucía, lógicamente, acapara el mayor número de llegadas, con 2.021, pero también se han contabilizado llegadas a la región de Murcia (262), Islas Canarias (47), Illes Balears (21), Valencia (43), Melilla (27), entre otras. Cádiz es la provincia española donde más Menas llegaron el pasado año, con un total de 1.449 menores.
En las respuestas del Ejecutivo a la batería de preguntas de la senadora, el Gobierno insiste en que la acogida de estos menores forma parte del ámbito de competencias de las comunidades y ciudades autónomas, que asumen la tutela de los mismos en el ejercicio de sus funciones en materia de protección del menor. Ante ello, el Gobierno se excusa diciendo que serán estas administraciones “las que disponen de la mayor parte de la información requerida en las preguntas”.
En esa línea destacan que el 'Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los menores extranjeros no acompañados', de 22 de julio de 2014, establece que el Ministerio Fiscal pondrá a estos menores a disposición de los servicios competentes de protección de menores de la comunidad autónoma en que se hallen, siendo ésta la encargada de establecer qué centros y en qué provincia serán los menores acogidos, en línea con el reparto competencial antes indicado.
Asignaturas pendientes
El Gobierno sí facilita los datos del incremento de la llegada de menores sin referentes adultos a las costas andaluzas comenzó a hacerse patente en el año 2016 y ha tenido su punto de inflexión en 2017, según ha indicado recientemente el Defensor del Pueblo Andaluz, que informó de que la entrada incesante de menores a nuestras costas se ha prolongado en los meses en los que la climatología ha sido adversa, rompiendo así la dinámica anterior cuando la llegada se producía básicamente en el periodo estival.
El menor que llega en esas circunstancias a Andalucía suele ser alojado en un centro de acogida inmediata, normalmente un centro especializado en la acogida de menores migrantes, y tras ser evaluada su situación personal, familiar, educativa y socioeconómica, así como su perfil migratorio, es derivado a un centro residencial básico especializado donde continúa siendo atendido y recibiendo atención especializada que le permita su integración social en España.
Desde el Defensor se indicó que existen todavía “importantes asignaturas pendientes” sin respuestas efectivas y eficientes en esta materia, de modo especial respecto al acompañamiento que se realiza a estas personas una vez alcanzada la
mayoría de edad.
¿Y al cumplir los 18?
A esa cuestión de incierto futuro de estos menores se refiere también el Gobierno en una de las respuestas a la senadora, que había planteado “¿qué protocolo se sigue una vez que los MENA cumplen la mayoría de edad?”. El Ejecutivo indica que se establecen dos procedimientos diferenciados teniendo en cuenta que el menor sea titular o no de una autorización de residencia.
En el primer caso, podrá solicitar la renovación de la misma durante los sesenta días naturales previos a la fecha de expiración de su vigencia. El procedimiento para su tramitación será similar a la renovación de una Autorización de Residencia temporal de carácter no lucrativo, con algunas particularidades. En el plazo de un mes desde la notificación de la resolución por la que se renueva la autorización, su titular deberá solicitar la correspondiente Tarjeta de Identidad de Extranjero.
Si el menor no tiene autorización de residencia, el servicio de protección de menores que ostente la tutela legal podrá recomendar la concesión de una autorización temporal de residencia por circunstancias excepcionales. El extranjero habrá de acreditar, de forma alternativa, que cuenta con medios económicos suficientes o con un contrato de trabajo o que reúne los requisitos para ejercer una actividad por cuenta propia. La autorización de trabajo estará condicionada a la posterior afiliación y alta del trabajador en la Seguridad Social.
1.730 entradas en centros de menores de Melilla
En el caso de los jóvenes de Melilla, solos y repudiados por las autoridades, a lo largo del año 2017 hubo un total de 1.730 entradas en los centros de menores, si bien hay que tener en cuenta, dice el Gobierno, que nunca han estado todos acogidos a la vez, puesto que durante todo el año se producen entradas y salidas. A marzo de 2018, la ciudad autónoma comunicó que el número de MENA acogidos en la actualidad es de 628, de los cuales 193 están escolarizados en distintos niveles y programas del Ministerio de Educación, 314 están en talleres de formación, 93 están en los programas de entidades sin ánimo de lucro y quedan pendientes los que se incorporen a los programas del convenio de compensación educativa cuya firma se prevé próximamente.
Asimismo, se informa de que los menores polizones detectados en barcos hacia la península durante los años 2016 y 2017 fueron 143 y 204, respectivamente. Por otra parte, se indica que las intrusiones de menores detectadas en el recinto restringido del Puerto de Melilla durante los años 2016 y 2017 fueron 3.664 y 3.947, respectivamente, según datos facilitados por la Autoridad Portuaria de Melilla.
Maribal Mora explica a este periódico que en la propuesta de Presupuestos Generales del Estado se amplía en dos millones de euros la financiacion para Menas de Ceuta y Melilla, “pero la realidad es que hay otras comunidades autónomas como Andalucía que no reciben un mayor reconocimiento presupuestario en ese sentido por el nivel de carga que tienen”.
“Está más que claro que, como haya una nueva entrada masiva en verano, van a tener muchas dificultades para responder con los criterios que la protección de menores de edad impone por ley”, añade la senadora, que incide en que “Melilla y Andalucía sufren una enorme carga en materia de Menas respecto a otras regiones que debe ser compensado, bien con el reparto y solidaridad intercomunitario, o bien mayor dotación presupuestaria”.
“El interés general de los menores está establecido por ley y debe garantizarse en todo caso y de forma suficiente. Es evidente que, con la falta de recursos que ya nos colocaba en un escenario de colapso del sistema de menores y el incremento de llegadas del último año la realidad del sistema de menores, al menos de las comunidades que más MENA reciben, es totalmente insostenible e indigno en un estado social y democrático de derecho. Se puede hablar de fracaso absoluto del sistema de protección de menores en nuestro país”, concluye la senadora andaluza.