“Difusión: fuga de un mena del centro CAI Piedras Redondas Almería, contagiado del COVID-19”. “7.744 inmigrantes ilegales entraron en España en los primeros seis meses de 2020. ¿Cuántos han sido devueltos, conforme a la Ley, a sus países de origen?”. Dirigentes de Vox se hicieron eco de la fuga de un menor migrante de un centro de acogida de Almería el pasado 1 de julio. En sus mensajes a través de Twitter, según ha comprobado elDiario.es Andalucía, se incorporaba como imagen una nota de servicio con membrete del Ministerio del Interior y de la Comisaría Provincial de Almería que “no se autorizó” por parte de la Dirección General de la Policía y que contenía los datos completos de filiación del menor. La Policía alude a un “error en el grupo de difusión” por correo electrónico pero no ha podido “esclarecer la responsabilidad de este suceso”. La Fiscalía de Almería, por su parte, tampoco ha podido “determinar el origen de la filtración”.
Esta información se contiene en la respuesta del Defensor del Pueblo de España a una queja de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) presentada el 6 de julio en la que se alertaba de que el 6 de abril de este año la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas publicó una 'Guía sobre COVID-19 y los derechos humanos de las personas migrantes' donde se advertía de que “en situaciones de temor e incertidumbre, como la actual pandemia, los migrantes y las minorías asociadas a la migración pueden ser particularmente vulnerables a actitudes y comportamientos que los estigmatizan y los convierten en chivos expiatorios”. Aun sin el condicionante de la COVID, para el partido que sustenta el Gobierno de PP y Ciudadanos en la Junta de Andalucía la vinculación de inmigración e inseguridad (incluso respecto a los menores no acompañados) es constante en su discurso, al igual que hacen otros partidos de la extrema derecha europea, argumentando una falsa delincuencia.
Aquella fuga del centro de Almería fue reproducida en los términos antes expuestos al menos por el secretario de Prensa y Comunicación de Vox Andalucía, Rubén Pulido, así como por su vicepresidente primero de Acción Política a nivel nacional, Jorge Buxadé, en respuesta al anterior, según advirtió APDHA, con cientos de retuits y 'Me gusta'. La difusión de una nota de servicio similar, en este caso con membrete de la Policía Nacional de Murcia, se repitió unos días más tarde respecto a un joven argelino que se escapó de un hospital, de la que también se hizo eco el propio Pulido en Twitter −“Un argelino de 25 años, llegado en patera hace una semana y que dio positivo en coronavirus, se fuga del Hospital de Santa Lucía (Cartagena).Tercera fuga conocida en los últimos 10 días”−, con la imagen de otra nota de servicio policial cuyo origen tampoco se aclara en la respuesta del Defensor del Pueblo.
“Datos innecesarios”
APDHA, entre otras consideraciones, apuntaba al Defensor que la ONU había indicado que, para prevenir actitudes xenófobas y racistas, “las autoridades estatales deben velar por que el discurso público y la respuesta a la COVID-19 no contribuyan a la xenofobia y la discriminación racial, entre otras cosas mediante la introducción de medidas para prevenir, vigilar y abordar el estigma y los incidentes de racismo, xenofobia, incitación a la discriminación, el odio y la violencia, y para que los responsables rindan cuentas”.
A su juicio, “en ambos casos, de tratarse de documentos originales publicado por la Comisaría Provincial de Almería y por la Policía Nacional en Murcia, incurrirían en una actuación de discriminación racial indirecta hacia un colectivo especialmente vulnerable como es la infancia migrante o, en general, las personas migrantes en tanto que el documento recoge datos innecesarios como son la nacionalidad del infante así como el estado de salud que estigmatizan a dicho colectivo”. Por todo ello pedía al Defensor que comprobara la veracidad de los documentos y si se ha actuado conforme a lo establecido en el Protocolo de Actuación respecto a las pautas generales de investigación en relación con la activación de alertas o solicitudes de colaboración a la sociedad, especialmente en cuanto a los requisitos fijados para los menores.
APDHA detallaba además que, según las comunicaciones y las alertas de desaparición publicadas en la página web del Centro Nacional de Desaparecidos, en “la mayoría de los casos no se hace referencia ni a la nacionalidad ni al estado de salud de los menores desaparecidos”. De igual modo, según la queja, el Protocolo de Actuación de la Policía dedica un apartado a las fugas de personas menores de centros de protección en el que se estipula que la denuncia de desaparición debe recoger todos los datos básicos y complementarios recogidos en el Protocolo, y que se podrá solicitar fotografías de la persona desaparecida para su uso y difusión a través de los sistemas de alerta, sin que se establezca en ningún caso que en el mensaje de alerta y colaboración ciudadana se deban contener todos los datos de la denuncia.
Una “filtración” desconocida
Pues bien, lo que hace el Defensor es recoger los escritos de respuesta de la Dirección General de la Policía y de la Fiscalía General del Estado en relación con la difusión en distintos medios de comunicación y redes sociales de las mencionadas fugas, deteniéndose en la que alude al menor de edad de Almería. En ese sentido, por parte de la Policía “se procedió en las bases de datos policiales a dar el alta por desaparición, haciendo constar en el campo observaciones la circunstancia de haber dado positivo al COVID-19, al objeto de adoptar las medidas de protección en el caso de que fueran necesarias”, activando los procedimientos de comunicación oportunos con otras unidades o cuerpos policiales“ pero ”en ningún caso se dio orden ni se autorizó su difusión desde la Comisaría Provincial de Almería“, explica la Dirección General de la Policía.
“La nota de servicio fue difundida por correo electrónico desde la Sala de Comunicaciones, produciéndose un error en el grupo de difusión. Conocido este hecho, se ha puesto en marcha un procedimiento de investigación interna sin que, hasta este momento, haya sido posible esclarecer la responsabilidad de este suceso”, dice la Policía según se recoge en la respuesta del Defensor.
Continúa el Defensor que, por su parte, la Fiscalía General informa de que la Fiscalía Provincial de Almería incoó unas diligencias informativas en las que se remitieron sendos oficios al Centro de Acogida Inmediata de Menores 'Piedras Redondas' y a la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en requerimiento de información. “Una vez recopilada la documentación correspondiente, se concluyeron las citadas diligencias sin poder determinar el origen de la filtración”, concluye a ese respecto.
El Defensor concluye que, a la vista de la información remitida, “se ha insistido en la necesidad de adoptar las medidas necesarias, al objeto de impedir que se produzca la repetición de hechos” como los que han dado lugar a la queja de APDHA, “tomando en consideración la estricta confidencialidad de los datos referidos a los menores, con mayor motivo en caso de contener información sensible”. Asimismo, esta institución “continuará manteniendo una especial vigilancia sobre el tratamiento dado a los datos referidos a menores de edad en las diligencias policiales que se incoen a los mismos”, concluye el Defensor.
Respetar el derecho de los niños
APDHA también recordaba que el pasado 7 de abril de 2020 el Comité de los Derechos del Niño publicó una declaración sobre el grave efecto físico, emocional y psicológico de la pandemia COVID-19 en los niños y niñas, donde solicitaba “proteger a los niños cuya vulnerabilidad se incrementa aún más por las circunstancias excepcionales causadas por la pandemia. Estos incluyen niños con discapacidades; niños que viven en la pobreza; niños en situaciones de la calle; niños migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos; niños de minorías e indígenas; niños con afecciones de salud subyacentes, incluido el VIH/SIDA; niños privados de libertad o internados en centros de detención policial, cárceles, centros de atención segura, centros o campos de detención de migrantes; y niños que viven en instituciones. Los Estados deben respetar el derecho de todos los niños a la no discriminación en sus medidas para abordar la pandemia de COVID-19, así como tomar medidas específicas para proteger a los niños en situaciones vulnerables”.
También indicaba APDHA que el 26 de mayo de 2020 el relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes y el Comité de protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares publicaron una Nota orientativa conjunta sobre los impactos de la pandemia de la COVID-19 en los derechos humanos de los migrantes en la que instaban “a los Estados a proteger los derechos de los migrantes y sus familias, con independencia de su situación de inmigración, durante y después de la pandemia de la COVID-19”. En lo que a esta queja se refiere, se debe destacar la orientación decimoquinta relativa a la “prevención activa de la discriminación y la utilización como chivos expiatorios a personas o grupos de migrantes”. En particular, el Comité y el relator especial observaban “con preocupación los discursos o expresiones xenófobas que asocian la enfermedad de COVID-19 con las personas migrantes o que se basan en su origen étnico o si se los identifica como nacionales de un país determinado”.