Las convocatorias de selección pública de medicamentos --las conocidas como subastas de medicamentos-- de Andalucía han generado unos ingresos al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de 755 millones de euros en el periodo transcurrido entre su implantación en 2012 --fruto del Decreto-Ley 3/2011, de 13 de diciembre-- y 2018, según un informe elaborado por la consultora independiente Forest Partners para un grupo de empresas concurrentes a estas convocatorias.
El mismo informe, denominado 'Análisis del impacto de las convocatorias andaluzas de selección de medicamentos en el Servicio Andaluz de Salud', estima que, de seguir la tendencia actual de medicamentos seleccionados en las convocatorias públicas y el histórico de producción de los mismos, este sistema podría generar unos ingresos adicionales al SAS de 1.013 millones de euros en los próximos cuatro años, según se detalla en un comunicado.
Según este informe, el sistema “facilita también la administración de los medicamentos al no variar su presentación y prescribirse por principio activo, además de la adherencia de los pacientes andaluces a los tratamientos que reciben”.
En concreto, según una encuesta de la Fundación Farmaindustria a la que se remite el informe, los pacientes andaluces muestran un índice de adherencia --la coincidencia entre las indicaciones de sus médicos y la toma de los medicamentos-- del 52,3%, superior a los de comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana (51,7%), Cataluña (45,1%) o Madrid (39,4%).
AUTOS Y SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
El informe --que se conoce mientras que el nuevo consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre (PP-A), haya confirmado la intención del nuevo Gobierno de acabar con dichas subastas-- recuerda que, desde su implantación en 2012, el sistema andaluz de selección de medicamentos ha sido objeto de “numerosos procedimientos legales en su contra”, si bien el Tribunal Constitucional los ha desestimado en diferentes autos y sentencias, argumentando diferentes motivos.
Entre estos motivos, añaden en el comunicado, el Constitucional ha considerado que el sistema no contraviene la normativa estatal de prescripción de medicamentos, no perjudica a su abastecimiento, no reduce la calidad y la eficacia de la prestación farmacéutica, aboga por la reducción del gasto público y hace que prevalezca el interés general que tal reducción conlleva sobre los intereses privados de las empresas que no resultan adjudicatarias de las convocatorias.
Incidiendo en el abastecimiento, según el listado de medicamentos de uso humano con problemas de suministro, publicado en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios con fecha 29 de enero de 2019, solo tres corresponden a productos seleccionados por el SAS en sus convocatorias, lo que supone un 0,42% de los mismos, un porcentaje “cuatro veces inferior a la media nacional (1,96%)”.
Precisamente, el referido informe concluye que este sistema está “alineado con las recomendaciones y directivas de la Unión Europea sobre la mejora del acceso a los medicamentos y su adecuado abastecimiento, ya que, a su vez, favorece la libertad de acceso a las licitaciones y la transparencia de tales procedimientos, al nivel de países de nuestro entorno como Alemania, Holanda y los países nórdicos”.
Finalmente, el informe recopila datos según los cuales Andalucía es, a día de hoy, la comunidad autónoma “líder en el consumo de envases de medicamentos genéricos” y la cuarta --por detrás de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana-- con mayor demanda de operaciones de compraventa de farmacias, lo que, junto con el crecimiento del número de dichas operaciones desde la aprobación del Decreto-Ley 3/2011, “parece indicar que gozan de buena salud”.