Una misión del Parlamento Europeo en Barbate rearma el cerco de PP y Vox a Marlaska por el crimen de la narcolancha

El Parlamento Europeo enviará la semana que viene una delegación de eurodiputados hasta el litoral de Cádiz para investigar las “condiciones laborales” con las que operan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado español en la frontera sur de la UE, uno de los principales focos de lucha contra el narcotráfico.

La misión incluye una visita a Barbate, donde dos guardia civiles murieron arrollados por una narcolancha la noche del 9 de febrero de 2024. Los eurodiputados se entrevistarán con las viudas y familiares de los fallecidos, con los otros agentes que viajaban en la zódiac y sobrevivieron a las embestidas de la narcolancha, con el alcalde del municipio gaditano y organizaciones sociales significadas en la lucha antidroga en el Campo de Gibraltar.

La delegación la conforman diputados de todos los grupos en el Europarlamento, pero sus señorías vienen en discordia, porque la misión arrastra consigo cierta polémica. Nace de la solicitud que un agente de la Policía Nacional destinado en Madrid, David Gutiérrez Prieto, secretario de relaciones institucionales del sindicato Confederación Española de Policía (CEP), elevó al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, un órgano que recibe las consultas y quejas de cualquier ciudadano de la UE.

El agente hizo dos peticiones: “la adopción de una directiva que mejore y armonice, a nivel europeo, la legislación que otorga protección jurídica a los miembros de los cuerpos policiales que trabajan en la UE”; y “la inclusión del delito de agresión, acometimiento o atentado contra un agente de policía, en la lista de Eurodelitos”, con una pena mínima de 18 meses de cárcel para lesiones leves y de tres años para lesiones graves.

La exposición de motivos sí cita el caso de España, “donde los policías nacionales y guardias civiles sufren más de 1.400 ataques violentos al mes (un 24% más en los últimos tres años) alcanzando más de 11.200 acometimientos violentos desde el comienzo de 2023 hasta el mes de agosto”. Desde entonces los datos han empeorado. Según fuentes policiales, en 2024 se registraron 16.800 agresiones a policías nacionales y guardia civiles (unas 1.400 al mes).

El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, no menciona Andalucía, ni Cádiz, ni Barbate, ni el Estrecho, ni Algeciras, ni el Campo de Gibraltar ni aparece el término “narcolancha”. Sin embargo, el grupo ultraderechista Patriotas por Europa, donde está integrado Vox y el nacionalpopulista Viktor Orban, reformula la solicitud del agente de la Policía española, enfocándola hacia las dificultades en la lucha contra el narcotráfico en el sur de Andalucía, y propone al Comité de Peticiones una “visita de investigación” [fact finding visit] a Barbate y Algeciras.

La propuesta sale aprobada con la mayoría de votos de la derecha y la ultraderecha y el rechazo en bloque de los grupos progresistas. A favor: el Partido Popular Europeo, Patriotas por Europa, Conservadores y Reformistas y Europa de las Naciones Soberanas. En contra, Socialdemócratas, Liberales, los Verdes y la Izquierda.

El Parlamento europeo termina autorizando una misión compuesta por seis eurodiputados, más el presidente de la Comisión de Peticiones, Bogdan Rzońca, con objeto de “investigar los derechos laborales de los oficiales de policía en la Unión Europea. En la comitiva van dos eurodiputados andaluces, el popular Juan Ignacio Zoido, y la socialista Lina Gálvez.

Aunque el objeto autorizado para la euromisión es muy genérico [labor rights of police officers in the EU], la agenda programada, entre el lunes y el miércoles de la semana que viene, está muy enfocada al asesinato de los guardia civiles en Barbate y la lucha contra el narcotráfico en el estrecho. El momento más sensible de la visita es el encuentro, previsto para el lunes, con las viudas y familiares de Miguel Ángel González y David Pérez, los dos agentes, naturales de La Línea de la Concepción (Cádiz), que murieron arrollados por la narcolancha en febrero de 2024.

En España, PP y Vox han cargado la muerte de estos dos agentes al Gobierno de Pedro Sánchez, han exigido en el Congreso la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien responsabilizan de su “asesinato” por “el abandono y la falta de medios” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el Campo de Gibraltar.

Los socialdemócratas acusan al PP de usar el Parlamento Europeo como una cámara de oposición al Ejecutivo de Sánchez, “instrumentalizando” el Comité de Peticiones, que en los últimos meses ha autorizado cinco misiones sólo a España, aprovechando la mayoría que conforman los conservadores y la ultraderecha.

El agente Gutiérrez, autor de la petición original, admite que su solicitud “no aborda un problema local, sino europeo” y pide a los grupos de la Eurocámara que “no politicen” este asunto. “Hay lugares más conflictivos que otros por el auge de la delincuencia, pero esta petición se tramitó por vía de urgencia porque nos están matando. En toda Europa necesitamos mayor protección jurídica. Nosotros somos funcionarios, si hay algún grupo que quiere utulizar la petición de forma política, que quede claro que ese no es nuestro objetivo”, explica.

Con todo, Gutiérrez defiende la función del Comité de Peticiones como “una herramienta interesante que ofrece el Parlamento Europeo para que las instituciones de la UE tomen conciencia de determinados problemas”.

La agenda programada

Este es el escenario político que precede a la misión europea que comienza el lunes con una visita al Ayuntamiento de Barbate, continúa el martes en el Consistorio de Algeciras, más un recorrido por el puerto de este municipio gaditano, principal puerta de entrada de cocaína en Europa, y otro al Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras. La misión culminará el miércoles en Sevilla, donde se reunirán con el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y con el consejero de la Presidencia de la Junta, Antonio Sanz.

Los eurodiputados se encontrarán en Barbate con el agente de Policía Gutiérrez Prieto, que elevó la petición original, con la presidenta de la Asociación de Viudas y Familiares Nuestro Corazón por Bandera, Isandra Fernández Tinoco; y con Mónica Mójica, familiar de uno de los guardia civiles asesinados.

En Algeciras les recibirá el alcalde, y también tendrán un encuentro con Francisco Mena, presidente de la Coordinadora contra la droga “Alternativas”, con la fiscal antidrogas en la provincia de Cádiz, Ana Villagómez, con responsables de Viligancia Aduanera, miembros de la Udyco, del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, con miembros de la UCO y con una letrada de la Administración de Justicia, María del Mar Solano de Ugarte, entre otras autoridades. En la misión también participan agentes de otros países europeos que han sido heridos en acto de servicio.

A principios de mayo, agentes de la Guardia Civil arrestaron en la provincia de Cádiz al último de los cuatro tripulantes de la narcolancha responsable de la muerte de dos guardias civiles en el puerto de Barbate. En septiembre de 2024 ya fue detenido el piloto de la embarcación, el 8 de noviembre las otras dos personas que viajaban en ella. La investigación está siendo dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate (Cádiz).