Más de la mitad de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía cree que los mecanismos de promoción interna son habitualmente injustos. Además, a la pregunta de si piensa que por desempeñar bien su trabajo tienen la posibilidad de promocionar, el 43,5% responde que “nunca” y el 25,7% responde que casi nunca.
Son dos de las conclusiones más llamativas de una encuesta sobre condiciones de trabajo elaborada a partir de 1.323 respuestas por Iniciativa Sindical Andaluza (ISA), tercer sindicato por representación en la mesa sectorial, con un peso de en torno al 20%. El objetivo del sindicato era sondear la opinión de los funcionarios y funcionarias ante el desarrollo de la nueva Ley de Función Pública, vigente desde diciembre.
El personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía lo componen unos 40.000 trabajadores, en torno al 63% de ellos mujeres, según las cifras del último Plan de Igualdad. La edad media supera los 56 años, y de aquí a 2030 se espera la jubilación de hasta 16.000 funcionarios, lo que aboca a un cambio profundo en la administración.
La encuesta, a la que ha tenido acceso elDiario.es/Andalucía, se realizó el pasado mes de diciembre por medio de un cuestionario telemático.
El personal tenía la opción de contestar a preguntas relativas al clima laboral (ambiente de trabajo, condiciones), formación, liderazgo, satisfacción y carrera profesional. Es en este último aspecto donde se aprecia una insatisfacción evidente. “En cuanto a la promoción profesional (concursos, artículo 30, puestos de libre designación) ¿crees que se realizan de manera justa?”, se preguntaba. De las 1.297 respuestas a esta cuestión, el 22,4% contestó “nunca”; el 31,5%, “casi nunca”; el 29,2%, “a veces”; el 14,6%, “casi siempre”; y solo el 2,4% considera que “siempre”.
“Pienso que, si desempeño bien mi trabajo, tengo posibilidad de promocionar” era la siguiente cuestión. El 69,2% dijo que nunca o casi nunca, el 17,8% que a veces, y el 13% que siempre o casi siempre.
El problema parece empezar con la disponibilidad de información sobre vacantes, que para el 14,6% no se da nunca, para 25,5% casi nunca y para el 33,5% solo a veces. Solo el 26,6% de los participantes creen que la información sobre vacantes está disponible siempre o casi siempre.
Hasta ahora, para promocionar en la administración autonómica el personal debe superar un concurso-oposición (o actividades formativas de selección), presentarse por procedimiento del artículo 30 de la Ley de Función Pública (para que se valoren mérito y antigüedad) o presentarse a un puesto de libre designación.
“El problema es que no se convocan plazas suficientes para promocionar”, apunta Rocío Luna, secretaria general de ISA, que detecta una “queja generalizada”: “La gente no ve que por hacer bien el trabajo vaya a mejorar”. “Los concursos de traslado han sido muy escasos y con pocas plazas. Como había necesidad de plazas, se sacaban por artículo 30, y ahí siempre ha habido mucha discrecionalidad para dar o no la plaza, puesto que se necesitaba la autorización del órgano”.
Además, la alta provisionalidad acababa provocando tapones. Por ejemplo, en C1 (administrativos), que no podían promocionar al siguiente nivel porque apenas se convocaban plazas de A2.
La Junta de Andalucía aprobó hace apenas un año la nueva Ley de Función Pública, con el apoyo tanto del PP como del PSOE y cuatro de los cinco sindicatos con representación (CCOO, UGT, ISA y CSIF), a excepción del SAF. Rocío Luna cree que la aplicación del concurso abierto y permanente (cuyos perfiles deben concretarse en el Reglamento de la Ley que se aprobará previsiblemente este año) dará más posibilidades de promoción.
Según la nueva ley, las ofertas de empleo público deben incluir un mínimo del veinticinco por ciento de plazas para la promoción interna, con exención de pruebas y/o reducción de temarios respecto a los conocimientos ya acreditados para acceder al cuerpo o especialidad de procedencia. Además, la promoción interna es preferente al acceso libre en la adjudicación de destinos.
Uno de los objetivos declarados de la ley, y su principal novedad, es evaluar desempeño de los trabajadores públicos, condicionando a estas valoraciones la retribución y la promoción interna. “Es un reto”, admite luna, “y queremos que sea lo más justo y objetivo posible”.
Sin embargo, en lo que afecta a la promoción interna la ley ha consagrado también la posibilidad general de que la Junta nombre jefes de servicios o coordinadores a funcionarios de otras administraciones, mediante el mecanismo de los puestos de libre designación, tal y como contó este medio. Una práctica que venía siendo censurada por los tribunales, y que según SAF supone abrir la puerta a los “nombramientos de carné”.
En el resto de aspectos a valorar, la encuesta refleja un moderado grado de satisfacción. La mayoría de los funcionarios y funcionarias andaluces creen tener autonomía para llevar a cabo su trabajo siempre (16%) o casi siempre (48%).
En general, el clima laboral es bueno, como indicaría que el 71,6% responda que sus compañeros colaboran siempre o casi siempre, y que un porcentaje incluso superior (75,1%) considere que el ambiente de trabajo siempre o casi siempre es bueno.
Sin embargo, el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Laboral no sería completo, según los resultados de la encuesta: menos de la mitad (el 46%) creen que se cumplen siempre o casi siempre.
También es frecuente que la información sobre las funciones y responsabilidades no sea clara. Sólo el 32,5% de quienes participaron respondió que recibe información precisa al asumir un nuevo puesto. En cuanto a la formación para actualizar conocimientos aplicables al puesto, el 38% dicen no recibirla nunca o casi nunca, y el 34% solo a veces. Apenas el 14,6% cree que esos planes de formación se adecúan a sus necesidades de desarrollo profesional.
La mayoría de los funcionarios de la administración de la Junta de Andalucía están satisfechos: creen que siempre o casi siempre su capacidad se corresponde con las tareas y responsabilidades (59,5%), que su desempeño contribuye a alcanzar los objetivos del departamento (69,4%), que pueden teletrabajar (70,4%) y tienen claras sus tareas y responsabilidades (72,1%). “Creemos que el teletrabajo es una modalidad de trabajo igual que el presencial, y que se pueden combinar perfectamente sin que disminuya la calidad del servicio”, resalta Rocío Luna. La Junta de Andalucía está negociando con los sindicatos un borrador para regularlo.
La encuesta se ha realizado a partir de 1.316 respuestas. El 51,3% de quienes contestaron están destinados en una delegación territorial, el 31,3% en alguna consejería y el 17,3% en servicios periféricos. El 54,7% son mujeres, y el 42,2% hombres (el resto prefirió no contestar).
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