Montero cuestiona a la Autoridad Fiscal y avala que Andalucía destine el dinero de la quita de deuda a gasto social

Después de Cataluña, la primera meta volante del Gobierno en el espinoso debate sobre la condonación parcial de la deuda a las comunidades autónomas es Andalucía, la región que más se beneficiaría de la propuesta del Ministerio de Hacienda tanto en términos absolutos como porcentuales: 18.971 millones de euros, el 47% de su deuda.

Pero también es en este punto donde más encalla el asunto, porque a la fricción nacional entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y las 14 comunidades gobernadas por el PP, se une la rivalidad electoral entre el presidente Juan Manuel Moreno y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la sazón, líder y candidata del PSOE en las elecciones andaluzas previstas para 2026.

La infrafinanciación de Andalucía y la dificultad que ésta comporta para el autogobierno de la comunidad más poblada de España -8,5 millones de habitantes- es un diagnóstico compartido por populares y socialistas y, en consecuencia, representa también el mayor foco de conflicto político entre ambos.

Moreno, primer presidente andaluz del PP, ha heredado los problemas financieros y el discurso reivindicativo de sus predecesores socialistas, incluida Montero, que fue la responsable de las cuentas autonómicas en la última etapa de gobierno en la Junta. El barón territorial acusa a la ministra Montero de traicionar a la consejera Montero, usando sus propias palabras para reivindicar al Ejecutivo de Mariano Rajoy la reforma del modelo de financiación, caduco desde 2014.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda ha irrumpido en la escena política andaluza como un ciclón, tensionando a las adormiladas huestes socialistas que hoy se ven capaces de disputar el poder de igual a igual a un PP andaluz con mayoría absoluta (y el colchón de los 14 diputados de Vox).

La rivalidad electoral entre Moreno y Montero ha dinamitado los puentes entre dos instituciones que, con matices, defienden el mismo diagnóstico y no pocas soluciones en materia de financiación. De hecho, en 2018, ambos dirigentes estamparon su firma en el mismo acuerdo para reformar el modelo de financiación autonómica que salió aprobado del Parlamento andaluz con los votos de PSOE, PP, Podemos e IU.

La cuerda se ha tensado tras el pacto entre el PSOE y ERC para condonar la deuda pública de Cataluña, un acuerdo que el Gobierno de Sánchez quiere hacer extensible al resto de comunidades. A Andalucía se le ha ofrecido una condonación de casi el 50% de su deuda. De los 40.629,54 millones de euros estimados al cierre de este ejercicio, 22.230,63 millones es deuda con el Estado y 18.398,90 millones es deuda de mercado (con terceros). 

El Ministerio de Hacienda ofrece quedarse con el 85% de la deuda andaluza con el Estado, para que la Junta recupere “plenamente su autonomía financiera y política, pudiendo financiarse íntegramente en los mercados sin la tutela del Gobierno”, como ocurre ahora.

Esto, según los cálculos de Montero, permitiría a Andalucía ahorrar 1.491 millones de euros en intereses que ahora tiene comprometidos en los plazos de amortización de deuda. Prácticamente el mismo dinero que viene reclamando la Junta al Ejecutivo central en concepto de “fondo transitorio de compensación” por el déficit estructural de recursos del Estado, hasta que se apruebe un nuevo modelo de financiación.

Coincidencia en el diagnóstico, cisma en las soluciones

El cisma entre las dos instituciones es fundamentalmente político y electoral, pero en términos económicos, cabe destacar que Gobierno y Junta esgrimen cierta coincidencia de discursos, y discrepan en la interpretación de la letra pequeña.

El miércoles, tras el portazo de los técnicos de la Consejería de Hacienda a sus homólogos en el Ministerio, a los cinco minutos de reunión para debatir los detalles de la quita de deuda, la consejera portavoz compareció para justificar su rechazo a la propuesta -“es una trampa, una operación de maquillaje contable”-, pero también para dejar una puerta abierta al entendimiento: “La condonación debe ser un complemento de la reforma del modelo del sistema de financiación, pero no puede sustituirla”, dijo.

No es la primera vez -ni la segunda ni la tercera- que la titular andaluza de Hacienda sopesa la condonación de deuda, lo hizo primero en una entrevista con Abc, luego en Canal Sur TV, y más tarde una comparecencia tras el Consejo de Gobierno. El propio presidente Moreno reclamó al menos 17.000 millones de condonación para Andalucía tras anunciarse que Cataluña recibiría una quita de 16.800 millones, pactada por PSOE y ERC.

Este jueves, Montero ha comparecido en el Ministerio de Hacienda para reprochar al Gobierno andaluz su “deslealtad institucional”, pero ha rematado su enfado con una frase muy similar a la de la consejera: “Es complementario, compatible y necesario que se acompañe de una quita de la deuda cualquier medida que permita sanear las cuentas públicas”, dijo, para defender que las reuniones técnicas entre Ministerio y Junta debían producirse para compartir datos sobre amortización de préstamos, intereses, plazos, etc...

Ambas coinciden en que quita y reforma del modelo son compatibles, no excluyentes, pero la Junta está convencida de que la primera es “un traje a medida para el independentismo catalán”, y de que Sánchez no tiene intención de pactar un nuevo sistema de financiación esta legislatura con 14 comunidades gobernadas por el PP.

El Ministerio, por contra, defiende la oportunidad de modificar el sistema de reparto de fondos en un ciclo de economía al alza, pero cree que es precisamente el choque de intereses entre las distintas regiones del PP lo que complica el acuerdo. Los criterios de reparto que interesan a Andalucía -población ajustada, sobre todo- no son los que interesan a Galicia, Aragón o Castilla y León, donde pesa más la dispersión y el envejecimiento poblacional.

La Airef insiste en que la ley no lo permite

Carolina España justificó el miércoles su rechazo a la quita de deuda, argumentando que ni el capital ni el ahorro en intereses prometidos por el Ministerio podrían destinarse a gasto social, ni a contratar médicos ni profesores ni arreglar carreteras ni a construir infraestructuras hidráulicas. María Jesús Montero ha asegurado este jueves justo lo contrario: “Es una contradicción que la Junta de Andalucía nos reclame 1.500 millones y luego rechace la misma cantidad que puede destinar a partidas sociales. Se levantan de las reuniones porque no pueden explicar el no” a la condonación.

Estas palabras de la ministra cuestionan, en parte, el planteamiento que hizo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el pasado 27 de febrero, en un comunicado para analizar y valorar el acuerdo entre PSOE y ERC sobre la condonación parcial de deuda en las comunidades autónomas.

“La condonación supondrá un ahorro en intereses que implica una reducción del déficit de las CCAA y un incremento en la Administración Central. No obstante, hay que considerar que los intereses no se incluyen en el cálculo de gasto computable a efectos de la regla de gasto. En consecuencia, este ahorro no modifica el cálculo de la regla de gasto y, por lo tanto, no genera un mayor margen de gasto en otras políticas públicas”, rezaba el comunicado de la Airef.

La Junta de Andalucía lee aquí la imposibilidad material de beneficiarse del ahorro en intereses de deuda -unos 1.500 millones en este ejercicio, según cálculos de Montero- para poder destinarlo a políticas sociales. El Ministerio de Hacienda rechaza categóricamente esa lectura, que considera “una excusa”. Montero ha verbalizado este jueves que la condonación de deuda “es un instrumento para que destinen esos [1.500 millones de ahorro en] intereses de deuda a partidas sociales”.

El Ministerio interpreta que la Autoridad Fiscal sólo advierte de que el gasto social de las comunidades ya está muy al límite, muy tensionado tras la pandemia -que dejó en suspenso las reglas fiscales- y que el ahorro de la quita difícilmente podría servir para aumentar el gasto público, si los gobiernos regionales no logran embridar el déficit y el techo de gasto.

Consultada al respecto, fuentes de la Airef replican que debe ser el departamento de Montero quien explique cómo cuadra esa interpretación con la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, de 2012, e insisten en que, por norma, “los intereses de deuda no pueden computarse a la regla de gasto”.

El organismo fiscal se remite al artículo 12 de la citada ley, según el cual, “cuando exista un desequilibrio estructural en las cuentas públicas o una deuda pública superior al objetivo establecido, el crecimiento del gasto público computable se ajustará a la senda establecida en los respectivos planes económico-financieros y de reequilibrio”. Y añade: “se entenderá por gasto computable (...) los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda”.

El puntillismo en este debate financiero, arenoso y complejo para la mayoría, retrata un bloqueo de las relaciones institucionales entre Gobierno y Junta que lastra los intereses de Andalucía. En eso coinciden ambas administraciones en privado, aunque una acusa al otro de ser el responsable de dicho bloqueo.

Este pulso entre Moreno y Montero con la quita de deuda de fondo ha roto el paisaje de estabilidad política que vive Andalucía en una legislatura de mayoría absoluta. La oposición socialista está más aguerrida desde que la vicepresidenta del Gobierno les comanda, y los hombres del presidente Moreno se han instalado en la confrontación directa con su futura rival en las urnas.