El debate del estado de la Comunidad andaluza -una cita anual obligatoria en el Parlamento- se ha solapado este año con otro compromiso importante que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, llevaba tres años reclamando a Pedro Sánchez: la Conferencia de Presidentes Autonómicos, que se celebra este viernes en Santander.
No es casual, por tanto, que muchos de los asuntos que ha tocado Moreno en su hora y media de discurso este miércoles en el Parlamento andaluz hayan pivotado contra el Gobierno de España, a quien ha corresponsabilizado de las fragilidades en los servicios públicos fundamentales que gestiona la Junta de Andalucía, y que son pilares del Estado de bienestar: la sanidad, la dependencia, la vivienda, la inmigración, la financiación... En el mejor de los casos, ha pedido un “pacto de Estado” para solventar problemas “estructurales” que “afectan por igual a todo el país”; y en el peor de los casos, le ha endosado directamente el muerto a Sánchez.
Pero en el discurso del presidente andaluz sí queda un rastro de diagnósticos y propuestas de mejoras estrictamente andaluzas, dentro del marco de sus competencias. Por encima de todas ha destacado la sanidad, a la que Moreno ha dedicado buena parte de su intervención, a sabiendas de que la oposición, en su turno de tarde, le atacará por este flanco con toda su fuerza, blandiendo desde las protestas de los sindicatos sanitarios hasta la causa judicial que investiga los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por un supuesto delito de prevaricación.
Esta vez, Moreno no ha rehuído la autocrítica: “Sé que conseguir una cita con el médico de familia es a veces desesperante”, ha dicho, como punto de inflexión tras lanzar una batería de datos triunfalistas sobre presupuesto, personal e infraestructuras sanitarias nuevas. El presidente de la Junta ha admitido el colapso de los centros de atención primaria donde se llega a tardar hasta tres semanas en lograr una consulta con el médico a través de la aplicación Salud Responde.
Moreno ha asegurado que no es un problema de personal, sino de “gestión de agendas” y ha explicado que “a veces no se encuentra cita por internet, pero cuando acudes al centro de salud sí hay huecos disponibles”. La razón es que algunos ambulatorios reservan hasta el 50% de citas para atender posibles imprevistos, dejando poco margen para que el ciudadano programe una consulta de un día para otro, o con un margen de pocos días. “Es un fallo de gestión que hemos detectado y se está corrigiendo”, ha afirmado.
La propuesta de mejora del presidente pasa por limitar al 7% el máximo de citas que un centro de salud podrá reservar para imprevistos, dejando más huecos disponibles a través de internet y por teléfono. Además de esto, la Junta promete “aumentar la continuidad asistencial en la Atención Primaria en todos los distritos”.
Esto significa que todos los médicos de familia podrán trabajar por las tardes, si así lo quieren, previo cobro de incentivos de productividad. Es algo que ya se hizo el año pasado y el SAS contabiliza 240.000 horas más de atención a los pacientes, aunque esto no evitó el colapso de las citas médicas y las protestas por la demora en la espera.
La última propuesta del presidente supone que si un ciudadano no puede conseguir cita por la aplicación digital o por teléfono, pese al aumento de horas de atención por las tardes y la liberación de citas reservadas, el centro de salud “deberá darle respuesta antes de 72 horas”. ¿Cómo? Bien ofreciéndole a un médico de familia que no sea el suyo, pero dentro de su mismo distrito sanitario; o bien otro médico disponible en otro distrito sanitario o incluso en otra provincia andaluza que resuelva su consulta de manera telefónica.
Este protocolo ya está funcionando en algunos distritos. Cuando la aplicación de Salud no deja formalizar una cita médica por internet, “ofrece la opción de rellenar un breve formulario que sirve para redistribuir las gestiones y activa ese protocolo para que Salud devuelva la llamada al ciudadano en un máximo de 72 horas”, explican fuentes de la consejería.
Gestión de Emergencias ante la DANA
Moreno ha descrito a Andalucía como un espacio iluminado donde prevalece la “estabilidad política”, el “credimiento económico y el empleo” y las “oportunidades de inversión”. Ha sacado pecho de sus seis años de gestión, siempre con el último año de gobiernos socialistas [2018] como referencia temporal de todas sus políticas e inversiones. “Esta comunidad está realizando un camino de transformación. Hemos roto inercias negativas y cambiado la imagen de una Andalucía resignada por la de una tierra de ambición de ser líder”, ha recalcado.
También ha descrito nubarrones que hacen peligrar las promesas para esta comunidad, pero situándolos todos fuera del mapa andaluz: el principal -o el más repetido- es el Gobierno de Sánchez y “su debilidad” parlamentaria, “que nos hace perder dinero y tiempo”. Luego están las “coyunturas internacionales”, como las guerras de Ucrania y Oriente Medio, y finalmente el cambio climático.
En este punto, el presidente andaluz se ha apoyado en la DANA de Valencia -que ha dejado más de 200 muertos y considerables daños materiales- para anunciar una estrategia de prevención ante posibles catástrofes (episodios de sequía, olas de calor, lluvias torrenciales o incendios forestales...) que pasa por coordinar todos los trabajos de emergencia en un mismo ente, la Agencia de Seguridad y Emergencias.
Los estatutos se aprobarán en el Consejo de Gobierno de la próxima semana y empezará a funcionar el próximo 1 de enero. Moreno ha avanzado que será la agencia pública de emergencias más grande del país, con 5.000 trabajadores, más que los 3.500 de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
En 2025 también empezará a funcionar la Plataforma Integral de Gestión de Emergencias de Andalucía, un “soporte técnico de ayuda a la toma de decisiones con cientos de datos en tiempo real” a disponibilidad de todos los ayuntamientos para que sepan cómo actuar y prevenir posibles catástrofes naturales. En caso de incendios forestales, el Infoca contará con simuladores parecidos.
Nuevo sistema de sensores para dependientes
Andalucía atiende a casi 290.000 dependientes con 426.000 prestaciones. El sector ha reclamado recientemente más inversión a la Junta que, a su vez, ha afeado al Gobierno de España que no financie al 50% este servicio, como establece la ley. Moreno ha explicado que su Ejecutivo está gestionando la atención y el cuidado de los mayores haciendo uso de la Inteligencia Artificial y el análisis Big Data.
Así, ha dicho, se pondrá en marcha en 2025 un proyecto de mejora de la Teleasistencia (el Botón Rojo) que se instalará en alrededor de 100.000 viviendas. “Se trata de un nuevo sistema de sensores que detecta, por ejemplo, que un mayor no se levanta a la hora habitual o no come a la hora de siempre”, ha dicho el presidente.A partir de ahora saltará una alarma y alguien se pondrá en contacto para saber si le está ocurriendo algo a ese mayor.
Migrantes en zonas agrícolas
En 2025, la Junta también aprobará el primer Plan Estratégico para la erradicación de asentamientos irregulares en municipios agrícolas. “Andalucía será la primera comunidad de España en tener un plan valiente para la inclusión social de personas migrantes que residen en zonas agrícolas”, ha apuntado Moreno.
También ha destacado que el próximo enero la Junta intentará negociar un acuerdo con el Estado sobre el precio/plaza de la discapacidad, atención a las personas mayores y servicios de ayuda a domicilio “que sea razonable para el sector y acorde con los recursos de los que dispone el Ejecutivo andaluz”.
Más viviendas protegidas, más regulación turística
Sobre vivienda, el presidente andaluz propuso más pisos y más rebajas fiscales para comprar y alquilar. Moreno citó el informe del Banco de España que estima que en Andalucía hacen falta 90.000 viviendas, aunque dedujo que estas deben construirse. La Junta, sin embargo, contabiliza más de 600.000 viviendas vacías, la mayoría en manos de bancos o fondos de inversión.
El dirigente popular atizó con este asunto al Gobierno de España, al que acusó de principal responsable de la dificultad de los jóvenes para acceder a una vivienda. Censuró la ley estatal -que la Junta ha rechazado desarrollar en esta comunidad- y aseguró, sin datos oficiales, que “está provocando la caída de la oferta y la subida de los precio”.
“Las viviendas no son de izquierdas ni de derechas ni de centro. Y los jóvenes necesitan más viviendas y menos pancartas”, ha recalcado Moreno. Sólo en la parte final de este capítulo de su discurso -dedicado a confrontar con Sánchez- prometió nuevas medidas: a la espera de que salga a la luz la futura Ley de Vivienda de Andalucía, ya anunciada en junio, la Junta aprobará en 2025 un decreto ley de medidas urgentes que conlleva activar “un Plan de Choque para impulsar 20.000 nuevas viviendas protegidas” y “poner en marcha medidas para delimitar el uso de la vivienda para uso turístico”.
Sobre los pisos turísticos, otro de los conflictos sociales que han provocado movilizaciones masivas en Andalucía -sobre todo en Málaga, Sevilla y Cádiz-, Moreno admitió “preocupación e incluso malestar” ciudadano. La Consejería de Turismo, que ha batallado con los alcaldes en contra de la tasa turística, no profundizó sobre el anuncio del presidente de “delimitar el uso de los pisos turísticos”.
La Junta ya aprobó un decreto que regula estos alojamientos y reconoce la potestad de los ayuntamientos para poner límites a estas viviendas, pero la normativa autonómica no sólo no ha asentado el problema, sino que ha sido el preludio de la batalla entre el Gobierno regional y los ayuntamientos de las grandes ciudades -gobernadas por el PP-, que exigen un gravamen al turista para poder costerar los servicios públicos que desbordan en visitas masivas.
Moreno defendió un “turismo sostenible, responsable y de calidad”, pero apeló a “un marco de regulación estatal”. No profundizó en medidas concretas de ámbito autonómico, pero sí cerró el debate con una declaración de principios: “El Gobierno andaluz va a ser siempre beligerante contra la turismofobia que, por otra parte, no comparte la mayoría de la sociedad andaluza: para el 91% de nuestros paisanos, el turismo es positivo o muy positivo para la economía de su municipio”, sentenció.