El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, se ausentó el miércoles del tenso debate en el Parlamento que inició la tramitación de la proposición de ley para ampliar la superficie regable en la Corona Norte del Parque Nacional de Doñana (Huelva). Su escaño estuvo vacío hasta el momento de la votación, pero este jueves Moreno ha asumido todo el protagonismo en la sesión de control, encarando en primera persona la tormenta de críticas que ha recibido su Gobierno en un giro de estrategia, porque hasta ahora la Junta se había parapetado tras el PP argumentando que la iniciativa era de su grupo parlamentario.
Por primera vez, el presidente andaluz ha admitido que se está “dejando jirones” en la defensa de la polémica ley de regadíos en Doñana, cuestionada severamente por la Comisión Europea, el Gobierno central y la comunidad científica. “Hay un problema heredado y enconado y este Gobierno se arriesga, toma decisiones. La política del PSOE es no hacer nada durante 30 años, que los problemas se pudran, y eso no funciona. Hay que encarar, y claro que uno se deja jirones, porque cuando le dices que sí a uno le estás diciendo que no a otro”, reconoció.
En el Palacio de San Telmo confiaban hace una semana que el ruido sobre Doñana se apagaría “en unos días”, pero el Ejecutivo de mayoría absoluta del PP ha estado a la defensiva en la sesión de control en el Parlamento de esta semana. Moreno ha terminado saltando al ruedo para encarar en primera persona la pugna con toda la oposición.
Para dar la pelea ha elegido un alegato andalucista, la reivindicación de la autonomía para tomar decisiones, y el peso político y poblacional de una región a la que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha llamado “rinconcillo” y de un presidente autonómico al que ha tildado de “señorito andaluz”. Incluso en el PSOE de Juan Espadas reconocen que esa “salida de tono” de la ministra se fermenta en el “prejuicio” y la “ignorancia” habitual de políticos en Madrid, y que esto permite a Moreno “esconderse otra vez en la bandera andaluza”. “Aquí no va a venir nadie desde un ático de la Castellana a decirnos qué podemos y qué no podemos hacer. Me molesta en lo personal y en lo institucional esa superioridad del Gobierno de España, esa actitud displicente que proyecta una Andalucía de subyugación y subordinación”, ha clamado Moreno.
El presidente de la Junta ha atornillado el argumentario principal de su partido en la defensa de la iniciativa: “esto no es una ley sobre agua y sobre Doñana, sino sobre reordenación del territorio”. Moreno ha subrayado que la regulación de regadíos mediante la recalificación de parcelas -de secano a cultivo de riego- “no se hará dentro del Parque Nacional ni en el Parque Natural ni en el preparque”, sino a “30 ó 40 kilómetros de allí”. Y ha acusado al PSOE de agitar este fantasma pensando en el rédito electoral para las municipales del 28 de mayo, algo que los socialistas también reprochan a la Junta al lanzar esta medida por la vía de urgencia.
Pero, tras escuchar las críticas en cascada de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, el PP se ha abierto a “introducir modificaciones o matices” al texto legal durante la tramitación parlamentaria, vía enmiendas, para dejar “aún más claro el compromiso con la protección medioambiental del Parque Nacional”.
Esa posibilidad es un escenario difícil, porque el PSOE de Espadas considera que el “problema está en la propia estructura de la ley”, y exige retirarla y reconducir el diálogo bilateral con el Gobierno central. Pero Moreno se aferra a “las contradicciones dentro del PSOE”, recuerda que hace un año se abstuvieron donde ayer votaron en contra, ante la toma en consideración de la primera proposición de ley sobre Doñana. “¿Qué ha cambiado? Un telefonazo de Pedro Sánchez”, le ha afeado al líder regional socialista.
La proposición de ley de PP y Vox, la segunda que registran en el Parlamento en menos de un año, ofrece “derechos de agua a futuro” a los agricultores que recalifiquen sus parcelas para cultivos de riego, condicionado a que obtengan ese agua “preferentemente” de la superficie, nunca del acuífero sobreexplotado del Parque Nacional. Pero el contexto actual es el de una crisis de sequía sin precedentes, y las infraestructuras necesarias para embalsar y trasvasar ese agua en superficie, hoy por hoy, no existen.
En ese vacío centra toda su fuerza dialéctica el Gobierno de Moreno, el PP y Vox, que cargan las expectativas de los agricultores en los hombros del Ejecutivo central: responsable de ejecutar las infraestructuras hidráulicas pendientes desde hace años -una presa, un túnel y un trasvase, ni siquiera licitados- y en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, órgano que en última instancia concede o deniega los nuevos permisos de riego. Y que ya ha adelantado taxativamente que no lo hará.
Pero el texto legal deja abierta la puerta a recurrir a una vía para obtener agua alternativa a la superficie, y aunque no se menciona explícitamente, la oposición, el Consejo de Participación de Doñana, el Gobierno y la Comisión Europea entiende que es el acuífero. Aunque Moreno lo niega por activa y por pasiva: “¿Alguien en su sano juicio puede pensar que cualquier Gobierno tiene la tentación de dañar una de las joyas de la naturaleza de Andalucía? Doñana tiene el nivel de protección máximo de España”, ha recalcado durante el debate con sus rivales políticos en la Cámara.
El artículo 23.3 de la proposición de ley reza así: “Estos terrenos podrán obtener derechos de aguas, que procederán de aguas superficiales, salvo que la Administración hidráulica de la Demarcación Hidrográfica donde se encuentren estos terrenos establezca un origen de recursos diferente”.
Una vez aprobada la toma en consideración de la proposición de ley, ahora el texto será debatido en la comisión de Fomento, no de Medio Ambiente, porque los populares insisten en que es un asunto de “reordenación del territorio”, aunque el efecto práctico sea ampliar la superficie regable en una zona sin agua. Los plazos de la tramitación están acortados a la mitad, a petición de PP y Vox. En los próximos ocho días, los grupos tienen que registrar la lista de comparecientes que desfilarán por la comisión de Fomento para ofrecer su punto de vista -agricultores, regantes, instituciones afectadas, etc-, como ya ocurrió con la primera ley.
Pero será la presidenta de esta comisión, la diputada popular Ana Chocano, quien a partir de ahí maneje los tiempos, acelere el proceso o lo ralentice. Las municipales son a finales de mayo, el Parlamento celebrará dos plenos antes pero es alto improbable que la ley llegue al debate final para su aprobación antes de los comicios. Si el PP decide empezar las comparecencias de los agentes sociales tras la Feria de abril -el perfil de los comparecientes que elijan determinará el peso de los apoyos y las críticas al proyecto-, el plazo de los grupos para presentar enmiendas finalizaría el 12 de mayo. El texto tendría que volver luego a la comisión y finalmente al Pleno. El portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, ha asegurado que la ley podría entrar en vigor antes del verano.
La ministra Ribera ya replicado que se encontrará, de inmediato, con un recurso de inconstitucionalidad por invasión de competencias. Pero el Gobierno de Moreno confía en esquivar ese veto en los tribunales, precisamente por ello insisten en que la ley es sobre “ordenación del territorio” -una competencia exclusiva de la comunidad- y no sobre el uso del agua, que compete al Ejecutivo central.
Dos días intensos de debate en el Parlamento culminaron con un último pulso entre PP y PSOE en torno a una proposición no de ley de los socialistas, que pedían crear una comisión técnica entre Gobierno y Junta para abordar los problemas de Doñana. Algo que, por otra parte, ya recoge la proposición de ley de PP y Vox. Pero ambas partes se acusan de cerrarse la puerta en las narices, el diálogo parece roto entre ambas administraciones.
Los populares han apoyado parcialmente la iniciativa del PSOE a favor del diálogo bilateral, pero en un contexto cargado de reproches y dardos sobrevolando la Cámara. El Estatuto de Autonomía de Andalucía, que tiene rango de ley orgánica, habilita a la Junta para invocar una comisión bilateral con el Gobierno de España, que éste está obligado a cumplir. Es un recurso de la autonomía plena andaluza que, por ahora, el Ejecutivo de Moreno no ha utilizado.
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