Francisco Javier Arroyo Navarro ha sido recientemente nombrado director general de Andalucía Global, un departamento dependiente de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa encargado, entre otras muchas cuestiones, de las políticas públicas de “difusión de los valores de Andalucía y de fomento de una cultura de convivencia”, así como la coordinación de las competencias relacionadas con los andaluces y andaluzas que residen fuera de la comunidad autónoma. Arroyo, que fue alto cargo en el Gobierno de Mariano Rajoy, era hasta ahora Comisionado para la Concordia, una figura exigida por Vox al PP en la legislatura pasada y para cuyo puesto fue nombrado en abril de 2020, en la época más dura de la pandemia de Covid-19, y de cuyo balance, ante la ausencia de respuesta oficial por parte de la Junta, ya informó este periódico recientemente.
El nuevo director general se hace cargo de una dirección general con amplias competencias y de la que pende en líneas generales “la atención y apoyo a los andaluces y andaluzas en el exterior”. Arroyo, cabe recordarlo, es licenciado en Derecho y miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 1998, ha sido consejero de turismo de las embajadas de España en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador durante los mandatos de Rajoy en la Moncloa, desde donde “contribuyó a la difusión de la Marca España en el Cono Sur”. Ese perfil internacional, a priori más acorde a su nuevo puesto que el inmediatamente anterior, parece haber llevado a 'Andalucía Global' al que también fuera secretario general de las delegaciones del Gobierno en Andalucía y Canarias, de cuya experiencia internacional también destaca la Junta “su participación como experto nacional en el Proyecto para el establecimiento de la Agencia Nacional para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Rumanía”.
Pero el nombramiento de Arroyo deja vacante de momento el puesto de comisionado para la concordia. Este periódico ha consultado sin éxito a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, de quien depende el apartado de memoria, si está previsto el nombramiento de otra persona o cómo se desarrollará el trámite para ello, teniendo en cuenta que en febrero de 2020 la Junta anunció una convocatoria pública para ejercer de comisionado mediante puesto de trabajo de libre designación. Arroyo se presentó y fue elegido pese a que no se le conocía hasta ese momento vinculación con las políticas de memoria histórica, el mundo memorialista o las reclamaciones de las víctimas del franquismo. En todo caso, es de prever, aunque la Consejería no lo aclara, que habrá nuevo comisionado próximamente, ya que, durante el mes de agosto, quedó establecida la estructura orgánica de la Consejería, donde se detallaba que las competencias de la Viceconsejería en materia de memoria democrática recogidas en la Ley 2/2017, de 28 de marzo, “se ejercerán a través del Comisionado para la Concordia”.
La salida de Arroyo se produce en un determinado contexto, en el que el PP viene arremetiendo contra la Ley de Memoria Democrática aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado mes de julio. En Andalucía, el pasado mes de diciembre, el Partido Popular se abstuvo de la tramitación de la propuesta de Vox de una Ley de Concordia entre los españoles. Aquella iniciativa hubiera permitido derogar la vigente Ley de Memoria Histórica de Andalucía de 2017, aprobada sin votos en contra y que dio lugar a un marco normativo que, ya con el Gobierno de la Junta en manos de los populares, no se ha desarrollado. Cabe recordar que Mariano Rajoy presumió en 2015 de asignar “cero euros” a la Ley de Memoria Histórica nacional, a la que se opuso el PP en 2007. El PP no aludía ni a la “memoria histórica” ni a la “concordia” en su programa de 2018 (aunque sí en los acuerdos de investidura con los de Abascal) mientras que en el reciente de 2022 previo a las elecciones prometió aprobar “una Ley de Concordia de Andalucía que apueste por la convivencia y la dignidad de las víctimas”.
Mientras los familiares de las víctimas del franquismo han denunciado la “inacción” de la Junta en este sentido durante los últimos años, fuentes de la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática, y a la espera de un nuevo nombramiento, valoran la salida de Arroyo, que venía percibiendo, al tener rango de director general, un sueldo de 57.202 euros brutos anuales más complementos, trienios y similares. “No tenía méritos para nombrarlo comisionado para la concordia y ha sido el cargo mejor pagado para el trabajo que ha hecho. Se va con el mismo desconocimiento sobre la Memoria con el que vino. Ha sido cordial en el trato, pero sin iniciativa, alargando plazos y sin dar respuestas a las peticiones e iniciativas de las asociaciones, con un perfil muy bajo para no hacer nada, tampoco ruido”, apuntan desde la coodinadora, desde donde lanzan “una pregunta al presidente: ¿nombrará a un nuevo comisionado?, ”recordando que su creación “fue una imposición de Vox”. “¿Qué tiene previsto con la Memoria?”, se cuestionan, a la espera de que dé respuesta a una carta remitida directamente a Moreno cuando tomó posesión este verano.
La Junta, en la pasada legislatura, ha “colaborado” con la exhumación de 607 víctimas o cuerpos, en palabras de la anterior consejera, Patricia del Pozo, en uno de los escasos balances que hizo de su gestión en torno a la materia, aunque los expertos aseguran que es una cuenta difícil dado el estado de muchos de los restos. Según detallaron las asociaciones memorialistas, la administración autonómica “se arroja como mérito propio los convenios con otras administraciones, la financiación de otras administraciones y las intervenciones anteriores ya aprobadas y comprometidas”. La “única aportación” para ejecutar convenios que realizó la Junta en la anterior legislatura fueron los 265.000 euros, como ya informó este medio, correspondientes al primer pago del convenio firmado con Ayuntamiento de Sevilla, Diputación y Gobierno de España para exhumar los cuerpos enterrados en la fosa común de Pico Reja, que data de 2017.
Las asociaciones memorialistas recuerdan que Arroyo incluso “se ausentaba” de las reuniones. Una de sus apariciones, recuerdan, fue en la fosa 702 de Jaén cuando se iniciaron los trabajos, financiados por el Estado. Allí comentó a representantes de una asociación jiennense “que si estaba la zona en mal estado, se podía hacer un monumento”. “El monolito lleva más de diez años hecho. Ese es el nivel del 'comisionado fantasma'”, denunciaron las asociaciones, que añadían que hacía alusión al estado de un cementerio antiguo, el de Jaén, con una tierra que corroe los cuerpos, por lo que había dudas de si los trabajos de exhumación podrían recuperar restos de víctimas de la represión.
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