El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha ralentizado la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de PP y Vox para regularizar regadíos en el entorno del Parque Nacional de Doñana hasta después de las elecciones municipales del 28 de mayo, confirman fuentes del Ejecutivo andaluz.
La polémica ley ha copado la sesión de control al Gobierno de Moreno este jueves, en la que el presidente andaluz, lejos de rehuir la crítica, ha confrontado las presiones de las izquierdas y de Vox con un alegato en defensa de la norma y de sus beneficios para los agricultores de Huelva. Por primera vez, el líder popular ha planteado en sesión parlamentaria la posibilidad de “retirar” la ley si el Gobierno central ofrece “alguna alternativa”.
Hasta ahora, Moreno había respondido a la lluvia de críticas asegurando que estaba abierto a “modificar” la norma en el trámite de enmiendas parciales al texto, un escenario que los grupos de izquierdas cerraron de un portazo al anunciar que ni siquiera participarán de esa fase de la tramitación. El Ejecutivo andaluz no es el impulsor directo de esta proposición de ley, aunque desde hace días ha asumido el papel de interlocutor directo frente a las críticas del Ministerio de Transición Ecológica y la Comisión Europea, que exigen la paralización del proyecto.
El miércoles expiró el plazo reglamentario para que los grupos presentasen la lista de agentes sociales que deben comparecer en el Parlamento para defender o cuestionar la proposición de ley. Más de 50 nombres, entre agricultores, regantes, alcaldes, ecologistas, científicos y autoridades políticas de todas las administraciones han sido propuestos como comparecientes. PP y Vox coinciden en la citación de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, pero han evitado citar al director del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, muy crítico con la norma.
La aportación de los agentes sociales al debate sobre la regularización de regadíos en la Corona Norte de Doñana se va a dirimir en la comisión parlamentaria de Fomento, que preside el PP. A partir de aquí, los populares manejan los tiempos y, hasta después de las elecciones municipales, no tienen previsto convocar de nuevo la Mesa de la comisión para abordar el siguiente paso de la tramitación de la ley, a saber: la aprobación de la lista definitiva de comparecientes que desfilará por el Parlamento para exponer su punto de vista.
En la pasada legislatura, cuando se tramitó la primera proposición de ley de PP, Ciudadanos y Vox sobre regadíos en el entorno de Doñana, el procedimiento también fue por la vía de urgencia y, en la práctica, más rápido que ahora. Desde que los grupos presentaron sus listas de comparecientes [25 de febrero de 2022] hasta que la comisión aprobó la relación definitiva [16 de marzo] pasaron 19 días.
Nada impide, por tanto, que la actual presidenta de la comisión de Fomento, la diputada del PP Ana Chocano, convoque la Mesa antes del 28M, respetando el plazo de 48 horas desde que se convoca y se reparte la documentación a cada grupo. Pero la instrucción pasa por ralentizar el procedimiento y esperar a que el escenario postelectoral facilite el entendimiento entre Gobierno y Junta. Tras la comparecencia de los agentes sociales, la proposición de ley tendría que volver a la comisión de Fomento y finalmente al Pleno de la Cámara, para su aprobación. El portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, garantiza que la ley estará en vigor en este periodo de sesiones, que finaliza en julio.
Debate bronco en la Cámara
Doñana ha vuelto a ser el epicentro de la sesión de control de este jueves, aunque en esta ocasión Moreno ha sido quien ha sacado el tema antes que la oposición. En San Telmo están convencidos de que este asunto beneficia al PP en términos electorales, pues se disputa la hegemonía del voto en el interior rural, en colisión directa con Vox, aliado en esta iniciativa.
El grupo ultraderechista, coproponente de la ley, ha llegado una pregunta sobre la norma al presidente andaluz, para reivindicar su “liderazgo” en una iniciativa que ellos registraron antes de que el PP trajera un texto alternativo. La posición de Vox es más dura que la de los populares, incluso en respuesta a las advertencias de Bruselas de imponer sanciones millonarias si el texto sale aprobado tal y como está redactado. “Cuando se trata de defender a nuestros agricultores, lo que diga Bruselas y la izquierda nos preocupa poco”, ha señalado el portavoz de Vox, Manuel Gavira, tras exigir a Moreno que “no dé marcha atrás” a la ley.
El presidente andaluz le ha afeado el “tufillo electoralista” de su pregunta y ha subrayado que Vox es un partido “euroescéptico” y el PP es una formación “europeísta”. Moreno ha defendido, una vez más, que la regulación de regadíos mediante la recalificación de parcelas -de secano a cultivo de riego- “no se hará dentro del Parque Nacional ni en el Parque Natural ni en el preparque”, sino a “30 ó 40 kilómetros de allí”.
El líder del PSOE-A y de la oposición, Juan Espadas, llevaba una pregunta preparada sobre los contratos de emergencia de la Junta con la sanidad privada, pero ha hecho un aparte para volver a cuestionar la ley de regadíos junto a Doñana y exigir su retirada. Moreno le ha respondido sacando una serie de noticias, de hace un año, en las que el PSOE defendió una posición distinta a la que ahora esgrime: cuando PP, Ciudadanos y Vox trajeron la primera proposición de ley para ampliar regadíos en el entorno de la reserva natural, los socialistas se abstuvieron y se abrieron a mejorar la norma en la tramitación vía enmiendas. Justo lo contrario que ahora defiende.
Aquella posición fue duramente cuestionada por el Gobierno de Pedro Sánchez y por la dirección federal del PSOE, obligando a un Espadas recién aterrizado en la secretaría general del PSOE andaluz a esgrimir su “autonomía política” y la de su grupo parlamentario. Moreno le afea ahora que haya perdido esa autonomía y que sea un instrumento del “sanchismo” en Andalucía.
En el PSOE andaluz hay una profunda preocupación por el impacto que tendrá este debate en los resultados de las municipales, no sólo en la provincia de Huelva, donde está en juego la Diputación y el 75% de sus alcaldías, sino en todos los pueblos y agrociudades ligadas al campo, donde el pulso sobre el regadío en plena crisis de sequía y con Doñana de fondo supone un factor de desestabilización política que, dicen, beneficiará a las derechas.