El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, lleva desde principios de noviembre anunciando que “en febrero veremos si la oposición me obliga a adelantar las elecciones andaluzas”, previstas para final de 2022. Lo ha vuelto a reiterar este miércoles en Madrid, durante su visita a la Feria Internacional del Turismo (Fitur), con una mayor cacofonía mediática que cuando lo dice en Andalucía. “Si en febrero hay un bloqueo sistemático y permanente, si persiste la pinza PSOE-Vox, no voy a hacer perder ni un minuto a los andaluces”, ha reiterado.
Moreno articula dos discursos paralelos: en uno asegura que su intención es agotar el mandato y ha dado dos fechas para acudir a las urnas: el mes de junio y el mes de octubre, considerando que la legislatura concluye con el actual periodo de sesiones y por tanto se trataría de un adelanto “técnico”. El otro discurso es el que hace tambalear este calendario: Moreno atribuye a todos los grupos de la oposición, pero singularmente a lo que llama la “pinza Vox-PSOE”, una maniobra conjunta para bloquear su agenda legislativa en el Parlamento andaluz y convertir la Cámara en un “pim, pam, pum”. Pero la realidad parlamentaria le desmiente de forma tozuda, y hace su argumentación inverosímil.
El último ejemplo del supuesto bloqueo al que ha aludido el presidente andaluz iba a tener lugar en la mañana del miércoles en la Diputación Permanente, órgano que vela por las funciones del Parlamento en un periodo inhábil. Moreno anunció en Madrid que Vox iba a apoyar la solicitud del PSOE de convocatoria de un pleno extraordinario y monográfico sobre el “colapso de la sanidad andaluza” en el mes de enero. En efecto, el portavoz del grupo de extrema derecha, Manuel Gavira, había anunciado dos días antes que así lo haría. Pero en el último momento, Vox ha decidido cambiar el sentido de su voto y abstenerse, provocando un empate entre los síes (PSOE y Unidas Podemos) y los noes (PP y Cs) que ha impedido la celebración del citado debate.
Sobre el viraje sorpresa de Vox hay dos versiones: los de Abascal aseguran que su intención al anunciar por adelantado su apoyo al Pleno extraordinario propuesto por el PSOE era arrastrar a PP y Cs, y que “todas las formaciones políticas pudiéramos intervenir al tratarse de un tema tan importante en este momento como la salud pública”. Los populares, en cambio, sostienen que sus ex socios se enteraron allí mismo, durante la reunión de la Diputación Permanente, de que no podrían intervenir en el citado Pleno, porque solo había un grupo proponente: el PSOE. Sería, por tanto, un debate con dos intervenciones: la de los socialistas y la réplica del Ejecutivo andaluz. Es así como lo establece el reglamento de la Cámara, y el PP asegura que Vox se enteró de esto por ellos.
También los proponentes socialistas trataron de cambiar su solicitud inicial para que el resto de grupos interviniera, a petición de la portavoz de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, pero el letrado mayor lo impidió alegando que esa propuesta se había hecho con la Diputación Permanente ya empezada, y como no había sido calificada, no podía prosperar. Al final, Vox ha apoyado el formato que quería el PP: la comparecencia en comisión del consejero de Salud, Jesús Aguirre.
La abstención sorpresa de Vox y la falta de coordinación de los partidos de izquierdas ha impedido la celebración de un pleno extraordinario que habría puesto el foco político sobre el flanco más débil de la gestión del Gobierno de Moreno: la sanidad. Andalucía suma más de un millón de contagiados, más de 2.000 hospitalizados y 28 muertos en la sexta ola. El colapso de los centros de atención primaria y las críticas del sector por la falta de personal tras despedir a 8.000 sanitarios de refuerzo contra la COVID-19, el pasado octubre, es el asunto que más preocupa al gabinete del presidente. Tanto, que Moreno ha elevado el tono este miércoles en Madrid para relacionar la celebración de ese Pleno –que no es más que un debate de rendición de cuentas para el Gobierno– con la inminencia de un adelanto electoral en febrero.
En febrero pasan dos cosas, una ordinaria y otra extraordinaria: la primera es que se retoma la actividad en el Parlamento andaluz, que en enero permanece cerrado porque es un mes inhábil. La primera sesión plenaria y la primera sesión de control al Gobierno de Moreno está fijada para los días 9 y 10 de febrero. Será ahí donde el presidente compruebe si existe ese “bloqueo parlamentario” por parte de la oposición, que lleva denunciando desde que le tumbaron los Presupuestos para 2022, a finales de noviembre. Desde entonces, PP y Ciudadanos han marcado distancias del partido de Santiago Abascal, que ha dado estabilidad al Ejecutivo andaluz hasta ahora aprobándole tres presupuestos consecutivos. Desde entonces, Moreno habla de la pinza “PSOE-Vox”, recuperando el término que acuñaron los socialistas en la legislatura corta de 1994 a 1996, cuando los votos de PP e IU impedían la acción del Gobierno en minoría de Manuel Chaves.
El esquema es el mismo, pero algo no encaja. Tras la caída de los Presupuestos, esa misma oposición ha apoyado en el Parlamento seis leyes y tres decretos ley del Gobierno de Moreno: algunas por unanimidad, otras con respaldo de los grupos de izquierda, otras con el apoyo recuperado de Vox. Entre estas últimas, alguna tan importante como el decreto ley de simplificación administrativa, que ha cambiado de una tacada 80 leyes de la Junta en aras de una mayor desregulación de los mercados (en urbanismo, medio ambiente, vivienda, formación, horarios comerciales, educación, etc...).
La semana pasada, PP, Cs y Vox registraron juntos en el Parlamento sendas proposiciones de ley para regular 1.400 hectáreas de regadío que usan agua ilegal del Parque Natural de Doñana. Este miércoles, en la primera reunión de la Diputación Permanente, las tres fuerzas de derechas han permitido convalidar dos decretos del Gobierno de Moreno -uno sobre sanidad y otro sobre educación- y han frenado los dos plenos extraordinarios que solicitaban las fuerzas de izquierdas. PP, Cs y Vox siguen coincidiendo en sus votos en los temas esenciales, aunque en paralelo se lancen duros dardos y recriminaciones propias de una larga campaña preelectoral que sin duda ya ha comenzado.
La otra cosa que ocurrirá en febrero, la extraordinaria, son las elecciones en Castilla y León, donde los sondeos pronostican una victoria holgada del PP. Si los populares logran una mayoría suficiente como para no depender de Vox, si Alfonso Fernández Mañueco conforma un Gobierno en solitario, sin meter a la extrema derecha dentro del gabinete, Moreno se verá rodeado por muchos más asesores de los que ahora le dicen que convoque los comicios en mayo. Que no espere más. Las encuestas que manejan son muy optimistas: sitúan al PP andaluz muy por encima de la suma de votos de todas las izquierdas juntas (y eso que ahora están lejos de estar juntas). Pero su preocupación sigue siendo la misma que hace meses: Vox. Moreno no quiere depender del partido de Abascal y mucho menos sentarse con ellos en el Consejo de Gobierno. Y el momento para convocar las elecciones puede ser determinante.
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