Los pisos turísticos se colaron en la reunión que el viernes mantuvieron los presidentes del Gobierno, Pedro Sánchez, y la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, de la manera más inesperada: el Ejecutivo andaluz le reclama ahora al central que ponga orden en un sector que no deja de crecer, a la vez que descarta imponer una tasa turística porque eso no va a solucionar el problema de la vivienda. Así lo plasma el documento con 100 propuestas con el que llegaba Moreno bajo el brazo, en el que además reprocha que esta regularización no se haya incluido en la Ley de Vivienda estatal –aprobada hace año y medio–, lo que contrasta por un lado con el recurso que Andalucía interpuso contra ella ante el Tribunal Constitucional y, por otro, con que esta misma cuestión no se ha incluido (y se ha minimizado su impacto) en la norma andaluza sobre vivienda cuya tramitación acaba de arrancar.
Desde el Gobierno de Moreno se replica que la ley andaluza no aborda la cuestión porque ya se ha aprobado un decreto que regula las viviendas turísticas, una competencia que asume la Consejería de Turismo y que en el caso estatal sí es responsabilidad del Ministerio de Vivienda. La nueva reivindicación, no obstante, choca con el argumento que se defiende desde la Junta de Andalucía, y que este mismo fin de semana ha repetido el consejero de Turismo, Arturo Bernal, en una entrevista a Europa Press: la vivienda turística “no es la causante del problema estructural de la vivienda que se produce en toda España”.
La reclamación del presidente andaluz encierra una doble contradicción, la primera de las cuales es que se trata de una materia que en su mayor parte es competencia andaluza, y precisamente ha llevado al Constitucional la ley estatal denunciando que regula cuestiones que son exclusivas de la comunidad autónoma. La segunda sería que, si se pide una regulación por parte del Gobierno central, ¿supone esto el reconocimiento de que no está funcionando el decreto andaluz sobre pisos turísticos aprobado a principios de año?
En respuesta a esta pregunta, el consejero Bernal lo tiene claro, y en la misma entrevista considera que esta norma “ha conseguido ordenar el mercado de vivienda turística”. Esta afirmación añade otra contradicción, ya que va en contra de la necesidad de regulación que defiende el documento entregado por Moreno a Sánchez.
En cuanto a las competencias, desde la Consejería de Turismo se recuerda que hay algunos aspectos que sí son responsabilidad estatal. Entre las mismas, estarían la propiedad horizontal, la unidad de mercado, la normativa de arrendamientos urbanos de uso distinto a la vivienda o la regulación de las plataformas que ofertan estas viviendas.
La visión del Gobierno andaluz es que los pisos turísticos no tienen la culpa del hundimiento del mercado de alquiler, de hecho en el anteproyecto de ley de vivienda ahora se minimiza su impacto subrayando que en Andalucía suponen entre el 3 y el 4% del parque de hogares principales. Por ello, insiste en que la ocupación ilegal es mucho más perjudicial, pese a que en 2023 se registró el número más bajo de denuncias del último lustro y a que, en todo el ámbito estatal, el porcentaje de casos es de menos del 0,06%.
Pero volviendo a los 100 puntos con los que llegó el presidente andaluz a La Moncloa, en ellos se responsabiliza directamente del problema a la Ley de Vivienda, sobre todo por topar el precio del alquiler, una medida que se entiende como “un ataque a la propiedad privada” que además “plantea problemas de inseguridad jurídica”. Esto “lo que está favoreciendo es el alquiler turístico de las viviendas, para el cual no va a existir este tope”.
El documento también acusa a la norma estatal de castigar el alquiler residencial de larga duración con una “hiperprotección al inquilino”. Esto “va a disuadir al arrendador, y ello va a volver a favorecer el alquiler con fines turísticos”, con lo que el Gobierno andaluz no sólo le pide al central que regularice los pisos turísticos, sino que le culpa directamente del boom que están viviendo y de reducir el mercado de alquiler. De paso, se recuerda que en diciembre de 2022 se solicitó una conferencia multisectorial para abordar la cuestión, algo a lo que –se asegura desde la Consejería de Turismo– se comprometió el Ejecutivo central.
El informe entregado a Sánchez recoge otra afirmación llamativa en relación con la tasa turística, y es que la Junta la descarta con el argumento de que no va a solucionar la cuestión de los pisos turísticos y las dificultades de la ciudadanía para acceder a un hogar. “La imposición de cualquier tipo de impuesto no resuelve el problema de la vivienda”, se apunta, al tiempo que se pasa de nuevo la pelota al tejado estatal: “De nada sirve implantar un impuesto si desde el Gobierno central no se activan medidas que promuevan la construcción de viviendas”.
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