El Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves los Presupuestos Autonómicos para 2024, un escenario preescrito gracias a la mayoría absoluta del PP. La ley que contiene todas las apuestas políticas del Gobierno de Juan Manuel Moreno, y sus previsiones económicas para el próximo año, muestra la distancia insalvable entre su modelo y el de toda la oposición en bloque que votó en contra.
PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía registraron 1.612 enmiendas parciales, todas rechazadas por los populares excepto 28 de carácter técnico. Según los populares, 1.400 de esas enmiendas implicaban aumentar los ingresos restituyendo impuestos que la Administración de Moreno ha eliminado o rebajado: 10.051 millones más de ingresos vía subida tributaria, “la vuelta al infierno fiscal”, resumió su portavoz, Pablo Venzal. Las izquierdas afearon a Moreno que la llamada “vía andaluza” -término acuñado por el presidente para definir un estilo centrado y empático de hacer política frente a la polarización y el populismos- es una “vía muerta”.
Un debate presupuestario en el marco de una legislatura hipotensa, blindada por una mayoría absoluta, carece del misterio y la incertidumbre que impregnó toda la legislatura pasada y la anterior. Y la anterior a la anterior. El Gobierno de Moreno dispone de un montante global de 46.753,3 millones de euros para desarrollar sus prioridades, que son contestadas duramente por la izquierda parlamentaria, pero también por una parte importante de la sociedad civil.
Aunque las cuentas no corrían peligro, se tropezaron con varios imprevistos en el camino: el más desconcertante fue la dimisión del secretario general de Presupuestos de la Junta de Andalucía, número tres de la Consejería de Hacienda, alegando “motivos personales”. Enrique Rodríguez Varo llevaba 15 meses en el gabinete, era uno de los responsables de dibujar el proyecto presupuestario y su dimisión [rubricada en el Consejo de Gobierno del martes] trascendió este jueves mientras las cuentas se debatían en la Cámara. La oposición exigió explicaciones, pero la Junta circunscribió el asunto al ámbito “estrictamente personal”.
El otro rayón en la crónica del día fue el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía que su presidenta entregó el mismo miércoles al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre. El documento daba un tirón de orejas al Ejecutivo de Moreno por la exigua ejecución de los fondos europeos que recibió de Bruselas el año pasado para reforzar su economía postcovid. Andalucía usó menos del 10% de esa consignación presupuestaria de 2022. El informe detallaba que la Junta sólo había gastado 393 millones de euros de los 3.937,3 millones consignados en sus cuentas. Y esa es la misma crítica que la oposición renovó en el debate del Presupuesto para 2024, tildando los números de “falsos” y “poco creíbles”.
Este es el segundo Presupuesto de la legislatura blindado por la mayoría absoluta del PP. Hasta hoy, Moreno no ha encontrado mucha dificultad para sortear los ataques de la oposición de izquierdas respondiendo con un ataque sistemático y entusiasta contra el Gobierno de Pedro Sánchez y sus aliados nacionalistas e independentistas catalanes. Con esta premisa, en consonancia con la estrategia de oposición del PP nacional, Moreno trata de desactivar al PSOE y a la coalición Por Andalucía, socios en el Gobierno de España. Otra cosa es el paulatino malestar que empieza a testar en la calle, expresado con varias manifestaciones de sanitarios y profesores.
La marea blanca, que representa la crítica del sector sanitario a la gestión de la sanidad pública andaluza, y la marea verde, que protesta contra las políticas educativas de la Junta, se concentraron a las puertas de la Cámara el primer día del debate. Unas 300 personas elevaron la voz contra el Ejecutivo de Moreno, un malestar que tiene eco en las organizaciones sindicales, aunque estas han suscrito varios pactos con la Junta que preservan una cierta paz social.
La partida más voluminosa del Presupuesto está en sanidad. También ahí se concentra todo el descontento ciudadano y el eco hipercrítico de la oposición. El Parlamento aprobó los grandes números del Gobierno de Moreno en el último Pleno del año, justo cuando este periódico hacía públicos los datos de pacientes en listas de espera a fecha de diciembre. Hace tres semanas, el Sistema Andaluz de Salud (SAS) publicó las cifras de junio de 2023 -con año y medio de retraso- que contabilizaban a más de un millón de andaluces esperando una operación o una cita con el especialista.
Más de 36.000 habían rebasado ya el plazo máximo legal para una cirugía. A día de hoy, esa cifra se ha disparado un 55,5%, hasta los 56.000 en octubre -casi 50.000 a día de hoy- como consecuencia de dos factores: el parón asistencial en los meses de verano y, sobre todo, que la Junta tuvo que cancelar los contratos de emergencia a dedo para derivar a pacientes a clínicas privadas que había prorrogado durante dos años acogiéndose al marco legal de la pandemia derogado en 2021. Más de 243 millones de euros de financiación a la sanidad privada con un procedimiento excepcional que, pese a las advertencias de la Consejería de Hacienda, se sistematizó y alargó durante dos años hasta que este periódico destapó la noticia.
Las cuentas andaluzas de 2024 se nutren de una inyección abultada de fondos europeos y de transferencias de financiación del Estado y disminuyen, sin embargo, los ingresos por tributación propia debido a una política de bajada impositiva.
Las izquierdas denuncian que es el Gobierno de Sánchez quien aporta armazón a los números de Moreno, mientras éste defiende que sus políticas se abren paso pese a ser “castigadas” por el PSOE, orillada Andalucía frente a los pactos “bilaterales” con Cataluña y el independentismo catalán a cambio de su apoyo en la investidura.
El proyecto de presupuestos para 2024 crecen un 2,5% y destinan un 62% a gasto social, principalmente al pago de nómina de la plantilla de funcionarios (la gran mayoría de los 270.000 empleados públicos son sanitarios y profesores). Las cuentas consolidan el modelo fiscal a la baja, que Moreno estrenó en 2019 y que acumula ya seis bajadas de impuestos propios con una merma de ingresos de 900 millones. En paralelo, la Junta reclama machaconamente al Gobierno de España más fondos -más inversión pública, más obras hidráulicas, etc-. De entrada, un fondo de compensación de mil millones de euros hasta que se apruebe el nuevo sistema de financiación autonómica, caducado en 2013.
Para 2024 está prevista una sensible reducción de las transferencias finalistas (casi un tercio, de 2.700 millones a 1.890) y de los fondos europeos, que se sitúan en la muy respetable cifra de 3.564 millones de euros, aunque eso implica una caída del 15,5%, 655 millones menos. La causa de este descenso se achaca en parte a la finalización del marco comunitario 2014-2020 y en parte al Gobierno central, al que se culpa de no hacer públicos los criterios con los que se elegirán los proyectos a cuenta del periodo 2021-2027.
El presupuesto expansivo, con un incremento en la inversión del 6,2%, tiene que ver sobre todo por el aumento de la recaudación de los impuestos estatales en Andalucía: fundamentalmente el IRPF y el IVA correspondiente al año 2022, que el Estado liquida con las comunidades autónomas con una diferencia de dos años. Las entregas a cuenta que se hicieron en su momento se quedaron muy cortas, hasta el punto de que la Junta calcula que le llegarán ahora por esta vía 1.131 millones de euros adicionales.
Los números que aprueba hoy el Parlamento andaluz van a verse distorsionados, previsiblemente, en pocos meses, si finalmente el PP nacional consuma su amenaza de bloquear la senda fiscal del Gobierno en el Senado con su mayoría absoluta: la deuda y el déficit para el año que viene, que Andalucía ha usado para cuadrar sus números.
El objetivo de déficit que recoge el Presupuesto andaluz de 2024 -a diferencia entre previsión de ingresos y gastos- es del 0,1%, el que ha fijado el Ministerio de Hacienda, pero este tope debe aprobarlo tanto el Congreso como el Senado. El equipo de Alberto Núñez Feijóo amenaza con tumbar la senda fiscal con su mayoría en la Cámara Alta, en cuyo caso, el objetivo de déficit válido para las comunidades sería el que estaba en vigor, es decir un 0%.
Esa décima de diferencia supone un ajuste de 200 millones menos de disponibilidad en el Presupuesto andaluz diseñado para 2024, confirman fuentes de la Consejería de Hacienda, que restan importancia a ese ajuste “residual” en un montante de casi 47.000 millones.
El otro escenario posible es la modificación de los Presupuestos andaluces al alza, en este caso, 380 millones de euros más de lo previsto por la Junta en su proyecto de ley que devienen de la liquidación en impuestos correspondiente a 2022. Como el Gobierno central -en funciones durante el periodo electoral de las generales de julio- no había trasladado a las comunidades los datos de las entregas a cuenta que recibirán en 2024, la Consejería de Hacienda hizo una previsión “prudente”, teniendo en cuenta los números del ejercicio en vigor.
El Gobierno andaluz pintó en su proyecto presupuestario 27.520 millones de euros, pero la ministra María Jesús Montero ha revelado esta semana, en el Consejo de Política Fiscal, que la cifra total que el Estado asignará a Andalucía en sus distintas variantes asciende a 27.900 euros -25.000 millones de entregas a cuenta y 2.900 millones de la liquidación correspondiente a 2022-. Casi 400 millones más de los que contaba la Junta.
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