El presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha buscado en la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, una aliada improbable para convencer a los partidos de la oposición de la necesidad de aprobar los Presupuestos Autonómicos de 2022, los últimos de este mandato y sobre los que pesa la duda del adelanto electoral.
Moreno ha estado reunido este lunes más de una hora en el Palacio de San Telmo con la número dos de Pedro Sánchez, que ha dedicado una jornada maratoniana en la capital andaluza -reunida con empresarios, sindicatos y miembros del Ejecutivo autonómico- para conocer cuáles son los proyectos prioritarios que Andalucía prevé financiar con los fondos europeos del Plan recuperación económica, el llamado Next Generation. España ha diseñado y presentado ya en Bruselas su propio Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el que obtendrá 70.000 millones de euros en transferencias directas hasta 2023. Lo llaman el “maná europeo”, una suerte de plan Marshall postpandémico con el que se aspira a reconvertir y modernizar el tejido productivo del país. Ninguna administración -ni comunidades ni ayuntamientos- quiere quedarse fuera de esta “oportunidad” de crecimiento económico sin precedentes.
De los 70.000 millones de inversión de esos fondos europeos, en torno al 33% serán inversiones territorializadas (el resto las decide Moncloa). Lo ha recordado este jueves el presidente andaluz, nada más terminar su encuentro con Calviño, para acto seguido apremiar a la vicepresidenta del Gobierno a definir cuanto antes las prioridades de inversión europea en Andalucía con el objetivo de incluir ya una partida importante en las cuentas de 2022. De ser así, Moreno tendría un arma poderosa para convencer a la oposición -sobre todo al PSOE- de que es mejor negociar un Presupuesto nuevo y ambicioso que resignarse a prorrogar las cuentas de este año. “Nos gustaría tener ya suficiente información para que la Ley de Presupuestos de 2022 pudiese ya incorporar algunos de esos proyectos. Eso sería positivo, significaría que hemos avanzado bastante a lo largo de estos cuatro meses [el Parlamento andaluz suele aprobar las cuentas autonómicas en diciembre]”, ha asegurado el presidente de la Junta, a preguntas de los periodistas.
El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos ha empezado a tantear a los grupos de la oposición para tratar de sacar adelante los Presupuestos Autonómicos de 2022, que serían los últimos de este mandato. El Ejecutivo de Moreno Bonilla no cuenta con la mayoría parlamentaria necesaria. Su socio de legislatura, Vox, le niega el apoyo que le brindó en los tres últimos presupuestos, y el PSOE bajo el nuevo timón de Juan Espadas se presta a negociar las cuentas, aunque los populares desconfían, creen que los socialistas lo hacen más para apurar la legislatura y dar a conocer a su candidato que por verdadero afán de oposición constructiva.
Con este reparto de cartas, hace días que en San Telmo se habla abiertamente de prorrogar los Presupuestos en vigor y estirar la legislatura sin tirón legislativo hasta bien entrada la primavera. La prórroga de las cuentas autonómicas de un gobierno en minoría es habitual. Suele preceder a un adelanto electoral que, en este caso, sería más técnico que real, puesto que las grandes apuestas políticas del Ejecutivo de Moreno Bonilla quedarían saldadas con la aprobación de dos leyes en tramitación parlamentaria: la llamada ley del suelo, que fue vetada en primera votación por Vox, pero que los socialistas están dispuestos a dejar pasar; y la ley de tributos cedidos, que la ultraderecha difícilmente dejará caer, toda vez que la bajada de impuestos autonómicos forma parte de su propio programa electoral.
El argumento de la enorme oportunidad que suponen los fondos Next Generation para Andalucía, si Gobierno y Junta logran definir la prioridad de inversión en los próximos cuatro meses, serviría a Moreno para tratar de sacar adelante las cuentas de 2022. No es una apuesta unánime en San Telmo, donde hay voces temerosas de prolongar demasiado el adelanto electoral. Si el Ejecutivo central activase ya alguna de las grandes inversiones señaladas como “estratégicas” para Andalucía, “eso nos daría un Presupuesto probablemente más realista, conociendo algunos de esos proyectos” ya autorizados. Esa va a ser nuestra voluntad y vamos a trabajar para que sea así“, ha sentenciado Moreno, junto a Calviño.
La vicepresidenta no ha identificado ninguna inversión preferente para el Gobierno central en Andalucía, ha querido que sean sus interlocutores andaluces quienes le presenten el orden de sus prioridades. Sí ha mencionado el corredor ferroviario -en todos los debates previos el eje Algeciras-Bobadilla se ha señalado como una infraestructura clave para convertir el puerto algecireño en uno de los mayores de Europa- así como el sector aeronáutico, el agroalimentario y el “conocimiento en el ámbito digital”.
La comparecencia conjunta de Moreno y Calviño ha sido cordial, alejada de la habitual puesta en escena de confrontación entre ambos gobiernos. La vicepresidenta del Gobierno ha recalado este lunes en la capital andaluza como parte de una gira por todas las comunidades autónomas para “reforzar la estrategia de cogobernanza”. El objetivo de su reunión con Moreno, como la que ya ha mantenido con el gallego Alberto Núñez Feijóo o con el valenciano Ximo Puig, es discutir con los presidentes autonómicos cuáles son los proyectos prioritarios en cada territorio que deberían nutrirse de los fondos de recuperación europeos tras el golpe de la pandemia.
Esta reunión viene precedida de varios encontronazos públicos: sobre la normativa laberíntica del Gobierno central que regula los 7.000 millones de euros de ayudas directas a empresas. El presidente Sánchez culpó a la Junta de mala gestión, por haber hecho uso sólo de 50 millones de los 1.100 millones destinados a Andalucía, aunque ese desfase era común a otras comunidades, y finalmente el departamento de Calviño tuvo que modificar el Real Decreto de las ayudas para facilitar que llegasen a más empresas. La Junta también ha criticado duramente la última subida del salario mínimo interprofesional, convencida de que tendrá un efecto pernicioso en Andalucía, una comunidad con una renta per cápita de las más bajas, con una economía muy dependiente del sector servicios y del campo. La vicepresidenta ha defendido esta última subida de 15 euros, y ha descartado la idea de articular un salario mínimo distinto para cada comunidad, en función de su PIB.
Ambos mandatarios reconocieron haber tratado el “complejo asunto de la financiación autonómica”, con una “actitud constructiva y de escucha”. Calviño recordó que su compañera, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentará en noviembre un documento “que sirva de base para una propuesta de nueva financiación autonómica”, que emana de las conclusiones del grupo de expertos de su departamento. Moreno recibe este martes en San Telmo al president de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, con quien comparte similares problemas de infrafinanciación computables a un sistema de reparto que ambos quieren conjurarse para cambiar, al margen de sus diferencias políticas.