El exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, principal imputado en el caso de los ERE fraudulentos, ha fallecido esta mañana de domingo en su domicilio de la capital andaluza, según ha informado a Efe su abogado, Rafael Ramírez.
Al parecer, Guerrero se empezó a encontrar mal sobre las 6.00 horas y, a la espera de la realización de la autopsia, la causa de la muerte podría haber sido un infarto. El letrado ha asegurado que Guerrero “estaba bien” y que en los últimos meses presentaba una actitud “animada” porque “parecía que le iban a empezar a salir mejor las cosas”.
Condenado pendiente de recursos
Guerrero fue condenado en noviembre de 2019 por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla a siete años, once meses y un día de cárcel y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación, por el procedimiento específico a través del cual eran canalizadas las subvenciones autonómicas con las que fueron financiados los ERE fraudulentos y ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas.
En junio de este año, Guerrero formalizó su recurso de casación con destino al Tribunal Supremo (TS) alegando cuatro motivos, comenzando por una “infracción de preceptos penales, así como otras normas que deberían necesariamente ser observadas para dictar sentencia”, pues la sentencia impugnada no tiene en cuenta “legislación aplicable” en el caso, como la orden ministerial de 1994 que regula la concesión de ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad social, a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas; o el decreto estatal de 2013 sobre normas especiales para la concesión de ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas, entre otras regulaciones invocadas.
Más de una decena de fallecidos del Caso ERE
El Caso ERE, en el que se han llegado a investigar 500 personas, la muerte de Francisco Javier Guerrero viene a sumarse a más de una decena de fallecidos relacionados con el caso. En orden cronológico, hay que señalar a Manuel Fuentevilla Valverde que murió en 2009, fallecido antes de que terminase la instrucción. El padre de la entonces ministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez, Eduardo Báñez, murió en 2013 y fue imputado por su vinculación con la enajenación de terrenos de Mercasevilla (origen del caso).
En 2015, murió José Montesinos a la edad de 74 años, imputado en relación a las ayudas concedidas a Atarazanas de Constantina, empresa cooperativa dedicada al aserrado y cepillado de madera. José Antonio García Prieto, ex dirigente del PSOE en la localidad de Camas y acusado de haber sido incluido en dos expedientes de forma irregular, murió en julio de 2015, lo que obligó a archivar su causa. En septiembre de ese mismo año, perdió la vida José María Ruiz Mateos, citado a declarar como investigado en 2014 por supuesto tráfico de influencias en los cinco ERE de sus empresas en Andalucía. Francisco Mencía Morales, que fuera director general del Instituto de Fomento de Andalucía (hoy Agencia IDEA) encargado de abonar las cantidades de los ERE fraudulentos, murió en diciembre de 2015.
En 2016, se notificó la muerte de Manuel Martín Ojeda, José Enrique Rosendo (de un infarto a los 50 años) y Manuel Romero Álvarez, ambos empresarios en la Sierra Norte de firmas que se beneficiaron de los ERE fraudulentos .Mariano Martínez Fernández, antiguo trabajador de Hijos de Andrés Molina, “posible conocido” del conseguidor de los ERE Juan Lanzas, y también acusado como “intruso” murió en mayo de 2016. Engrosa la lista de los fallecidos de esta causa Antonio Arquero García, amigo de Francisco Javier Guerrero y acusado de ser “intruso” a pesar de no estar en ningún ERE.
En noviembre de 2018, fue Rafael Rosendo, padre de José Enrique, el que perdió la vida. Y más recientemente, en enero de este año 2020, murió Antonio Márquez. El último en esta luctuosa lista Francisco Javier Guerrero.
Quién era Francisco Javier Guerrero
Francisco Javier Guerrero Benítez (El Pedroso, 1956) trabajó como director General de Trabajo entre el 6 de octubre de 1999 y el 29 de abril de 2008 y ha sido el principal acusado de la causa de los ERE fraudulentos. Según el juzgado instructor, asumió e impulso el desarrollo del sistema, promovió de manera directa el establecimiento de un procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones, conociendo tanto los mecanismos destinados a ello (transferencias de financiación y modificaciones presupuestarias) como la “falta de un procedimiento dotado de las mínimas y elementales garantías” para el reparto de ayudas y subvenciones.
La figura del director general fue uno de los primeros eslabones de la investigación del fraude de los ERE y algunas de sus declaraciones han quedado marcadas en la historia del caso: “Ni he sido un putero, ni me he dedicado a la drogodependencia, que no está en mi terrero, estoy dedicado a otras cosas. Me tomo las copas que me apetecen, cuando me apetecen y donde quiero, cosa que también se me cuestiona”. “Soy fumador y me gusta el gin tónic”, dijo en 2012 tras la declaración ante la Justicia de su chófer, Juan Francisco Trujillo, en la que explicaba que ambos habían gastado dinero público en fiestas y cocaína.
Guerrero defendió durante el juicio que el sistema que usó el Gobierno andaluz era “exactamente el mismo” que marcaba “la Orden de 5 de abril de 1995” usada por el Ministerio de Trabajo. Son “las mismas ayudas”, “la misma legislación que hay a nivel estatal” porque además, según explicó, en algunas ocasiones las ayudas se cofinanciaban entre ambas administraciones, como era el caso de la Faja Pirítica de Huelva o las ayudas a la empresa Hijos de Andrés Molina de Jaén.
No lo valoró así el tribunal que lo condenó por, “pese a carecer de competencia para ello”, conceder 270 subvenciones a empresas y 617 ayudas sociolaborales, cuyo pago se articulaba a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, luego agencia IDEA), siendo “conocedor” de que la ayudas y subvenciones “carecían de un procedimiento administrativo regular que amparase su concesión” y de “una total falta de control de los presupuestos que debían concurrir en el solicitante”. Fue condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día por malversación y prevaricación. La Fiscalía había pedido 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.