La Audiencia Nacional (AN) ha rechazado conceder la nacionalidad española a un ciudadano ecuatoriano residente en Almería que sufre un 67 por ciento de discapacidad psíquica al estimar que el no poder comunicarse por medios escritos en español y el “desconocimiento” de cuestiones tales como quién es Mariano Rajoy o las comunidades autónomas ponen de manifiesto “un insuficiente grado de integración y escasos vínculos” con España a ser, según remarca, “elementales del país del que pretende ser nacional y su sociedad”.
El tribunal confirma la resolución del Ministerio de Justicia y desestima el recurso del demandante, quien reside legalmente en España junto a su madre, su abuela y su tía desde el mes de enero de 2006, al considerar que exigir proporcionalmente “menores requisitos de integración cuanto mayor sea la minusvalía psíquica supondría una forma de discriminación positiva no prevista en nuestro ordenamiento jurídico”.
“La integración social en España no solo depende del conocimiento del idioma a nivel de expresión oral o del alta o asistencia a un taller ocupacional de manualidades”, subraya la sentencia en alusión al hecho de que el demandante, que tiene reconocida sus discapacidad por la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta andaluza, participa en uno de estos talleres que impulsa la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental.
Según se recoge en el fallo, consultado por Europa Press, fue su madre, quien reside en una vivienda cedida con él, la que solicitó la nacionalidad española que, en trámite, tuvo dos primeros informes favorables.
El tribunal remarca que, en el transcurso de la audiencia con el juez encargado del registro civil, el demandante “no entendió” preguntas como si “tenía amigos españoles o de otros países o quién es Mariano Rajoy” o respondió con “una mueca tras extrañarse” a otras como “cuál es la capital de Andalucía, dónde están La Giralda, la Alhambra o el Museo del Prado, o si sabe qué es la mayoría de edad”.
Indica que contestó “no sabe” a interpelaciones que le instaban a “nombrar tres comunidades autónomas”, a enumerar “cuántas provincias tiene Andalucía o si se encuentra dentro de alguna asociación”. Sí dio respuesta correcta a las preguntas sobre los colores de la bandera española y andaluza y, en el plano más personal, también supo decir que vive “legalmente en España, que va a un taller porque cree que está estudiando, que recibe una paga, que nunca ha cometido delito y que vive con su madre, su abuela y su tía”.
La resolución por la que se le negó la nacionalidad y cuyo veredicto hace suyo la Audiencia Nacional arguye también que se le pidió que escribiera un texto a lo que él contestó “que le constaba tomar dictados” y que, seguidamente, se le pidió que leyera un texto --el artículo 1 del Código Civil en concreto-- “cuya línea de lectura siguió con la dificultad de su discapacidad”.
“De la audiencia y conversación mantenida se desprende que no entiende, ya que contesta con monosílabos, incluso se extraña de las preguntas que se le formulan salvo las formuladas al principio de la entrevista”, concluye.
El abogado del demandante argumentó en su recurso, que ahora puede elevar ante el Tribunal Supremo (TS), vulneración de derechos fundamentales ya que “la minusvalía psíquica no puede ser tenida en cuenta para discriminar sino que, al contrario, debe tenerse en cuenta para ponderar el grado de integración ya que cumple con los requisitos establecidos en el Código Civil para recibir la nacionalidad española”.